Por Feliciano Reyna
Ganteaume
Proteger la vida y la
dignidad debe ser el centro de todas las decisiones que se tomen en el país
frente a la pandemia.
Desde hace varios años, la
población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de
vida. Esto, en 2016, devino en una emergencia humanitaria compleja. Las graves
fallas en la provisión de servicios esenciales han contribuido con la
profundización de estos daños. Sin embargo, este proceso lento hizo posible que
la comunidad adoptara estrategias de supervivencia.
La pandemia, en cambio,
tiene un impacto inmediato que puede ser devastador para Venezuela. Aun en los
países donde los sistemas de salud tienen capacidad de respuesta, el avance del
COVID-19 ha alcanzado a miles en muy poco tiempo. Y ese avance acelerado compromete
la capacidad de atención médica. La pandemia exige, además, un enorme esfuerzo
del personal de salud. En general, de toda la población, a la que se exhorta a
mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.
Población más vulnerable
Para los grupos vulnerables
en Venezuela no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019
solamente con medidas de control. ¿Cómo se obliga a permanecer confinados a
quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas y sufren de
cortes de electricidad durante horas?
Este momento de urgencia y
de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes ejercen la conducción
política a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable y
garantizarle condiciones dignas, mientras nos enfrentamos a los graves impactos
de la pandemia.
Es imperativo designar un
grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por
personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas.
Con miembros provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la
economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al
COVID-19. En cuanto a los órganos de orden público, pues estos deben estar
subordinados a sus mandatos.
Dicho grupo debe contar con
acceso irrestricto a la información pública y llevar la vocería conjunta. La
población debe estar informada regularmente sobre los retos que plantea la
situación sanitaria, económica y humanitaria, así como de los adelantos en las
decisiones y acciones.
Este terreno, preparado con
transparencia y esfuerzos multidisciplinarios, será la vía para generar
confianza.
Negociaciones vitales
La respuesta urgente solo
será posible mediante acuerdos entre quienes hoy se disputan el espacio de
poder político en el país: el gobierno del Sr. Nicolás Maduro, con control
fáctico de la respuesta interna y capacidad para abrir una respuesta
humanitaria; la Asamblea Nacional y su Presidente, el Sr. Juan Guaidó, quienes
cuentan con el reconocimiento de 60 gobiernos e instituciones financieras
multilaterales.
De esta manera, se podría
solicitar la flexibilización condicionada de sanciones generales y aprobar
recursos financieros para socorrer a la población. Gobierno y Asamblea Nacional
son imprescindibles para dar viabilidad a la respuesta necesaria para salvar
vidas.
Todos los recursos aprobados
deben contar con los mecanismos de control para su implementación transparente
y con rendición de cuentas. Agencias internacionales, el sector público y privado,
iglesias, sociedad civil nacional e internacional, tienen la capacidad para
socorrer a la población más vulnerable, siempre y cuando el acceso sea
garantizado, incluyendo transporte y combustible.
Protección de derechos y
acuerdos políticos
Durante todo este proceso
deben respetarse y garantizarse los derechos humanos de la población, cesar de
inmediato todas las acciones de represión por parte de órganos de seguridad y acoger las recomendaciones de alta comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: “Ahora más que nunca los
gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos
jurídicos suficientes, entre otros, a los presos políticos”.
Solo garantizando mecanismos
de protección de los derechos humanos será posible que las personas soliciten
ayuda, acojan medidas de prevención y se ayuden responsablemente entre
ellas.
Los acuerdos políticos
necesarios para resolver las condiciones de fondo que generaron la emergencia
humanitaria compleja, ahora agravada por la velocidad del impacto del COVID-19,
pueden ser tratados como parte de este proceso, sin retrasar la implementación
perentoria de la respuesta humanitaria. La comunidad internacional tiene como
nunca antes la oportunidad de respaldar y acompañar estos acuerdos humanitarios
y políticos.
No queremos una Venezuela
devastada. Son miles de vidas las que están en juego y no hay tiempo que
perder.
29-03-20
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