José Antonio Carrero y Raquel Pestana 26 de abril
de 2020
@TonyCarrero y @raquelpestana21
Se
repiten, ad infinitum, las amenazas de los arrendadores. No hay desahucios, les
decimos, pero la presión de los caseros es mucha. Sin techo y con hambre.
Combinación explosiva.
No solo de estupor vive el hombre en los tiempos de
coronavirus. La vida en un país de primer mundo como España llevaba aparejada
certezas, y detrás las cuales llegaron los migrantes. El éxodo venezolano solo
ha dejado de entrar a España por el cierre de fronteras, y no por otra cosa.
Pero es como si no pasara nada. Se siguen recibiendo llamadas de gente que
espera que la crisis amaine. Pero hay problemas de fondo.
Hoy nos preocupan los que están aquí. Los que tenían
citas, certezas, para realizar los trámites ante la Policía Nacional y
las oficinas de Extranjería. Y los que sabían, también con certeza, que
iban a solicitar citas para darle curso a sus trámites, y de alguna forma u
otra, regularizarse.
El cierre de todas las oficinas de las
administraciones públicas y la anulación de todas las citas, no hace más que
sumirlos en la más absoluta incertidumbre.
Se han adoptado dos medidas básicas, más o menos a
trancas y barrancas, pero que persiguen formar un piso de certezas. Movedizas,
parecieran, pero certezas:
1- Las Tarjetas de
Identificación de Extranjero se consideran como no caducadas. No están
prorrogadas.
2- A los que se les
cumplen seis meses durante el Estado de Alarma, después de la entrevista de
solicitud de protección internacional, se entenderá que ya tienen autorización
de trabajo.
Pero
ahora comienzan los agujeros negros, y para ello debemos considerar el alcance
de la suspensión de todos los plazos administrativos, donde debería estar el
comienzo de la respuesta.
Si consideramos que esa suspensión es absoluta, el
tiempo transcurrido entre el 14 de marzo y el día que cese el Estado de Alarma
no existe. Y es que ésta, y no otra, debería ser la solución más justa para
todos. Es decir, que ese período debería sumarse tanto a los tiempos de
caducidad de todos y cada uno de los documentos de identificación como a los
plazos para su renovación. No consideramos aceptable la casuística individual
en este aspecto: la solución debe ser universal, y en tal sentido debe
legislarse.
La promesa básica es que las citas serán
reprogramadas, pero nadie sabe cómo ni cuándo.
¿Y los que solicitaron asilo?
Especial atención merecen, en este momento, los
venezolanos solicitantes de asilo que tienen ya resolución sobre su caso. Ha
sido práctica administrativa de este gobierno establecer una discriminación
positiva a su favor, aparejando a la denegatoria la concesión de una
autorización de residencia y trabajo por un año de régimen general, por la Ley
Orgánica 4/2000 de Extranjeros, prorrogable por un año o dos, dependiendo
de la circunstancia.
El problema específico en este caso es que el trámite
de asilo es llevado por la Policía Nacional, que sirve de vaso comunicador
entre el interesado y la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR)
y su órgano instructor, la Oficina de Asilo y Refugio, dependientes
ambas del Ministerio del Interior.
En
este sentido, se han delegado enteramente en ese cuerpo de seguridad del Estado
todas las interrelaciones administrado-administración, y es aquí donde surge el
problema: A cada solicitante de protección internacional se le indica que debe
acudir, previa cita, a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía que le
corresponda, cada 6 meses después de la entrevista, con el fin de enterarse del
estado de su trámite.
Pero
es que la CIAR produce decisiones todos los días, no cada seis meses, y ninguna
de estas decisiones son oportunamente notificadas a los interesados, tal y como
lo ordena la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
Así,
a día de hoy hay decenas de venezolanos que se quedaron en esa situación
intermedia de “estás denegado”, y les retiraron las Tarjetas Rojas. Es decir,
la crisis del coronavirus los dejó en el aire. Sin identificación cierta. Y en
la mayoría de los casos, sin resolución, sin tarjeta y sin pasaporte.
Problemas
cotidianos, problemas que aprietan
Y
esto solo en lo que atañe a los que están más o menos con papeles. Pasándola
mal, como estamos los casi 50 millones de habitantes de España. Y peor aún los
irregulares. Pensando cómo van a llenar la nevera el día siguiente.
Se
repiten, ad infinitum, las amenazas de los arrendadores. No hay desahucios, les
decimos, pero la presión de los caseros es mucha. Sin techo y con hambre.
Combinación explosiva.
Nos
topamos aquí con la data de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos que
prestaban, y que siguen intentando prestar las ayudas que el estado de
bienestar obliga. Y de las Oenegés que eran sus auxiliares. Sus presupuestos
están más que desbordados, y ya han agotado las partidas correspondientes a
2020.
Y
añadimos algo más al caldo. Los que trabajan en negro, bien por no poder
conseguir un contrato de trabajo en forma, bien por carecer de autorización de
trabajo.
Aun
así, cuando le preguntas a un venezolano ¿cómo estás?, la respuesta invariable
es “echando palante”. Todos tenemos ganas de trabajar. Que este país nos brinde
una oportunidad.
Nosotros
no estamos pendientes de ayudas, a muchas de las cuales no podemos acceder, ni
sabemos lo que es un ERTE, ni un cese de actividad. Simplemente, lo que
queremos es trabajar y echarle ganas. Legales, eso sí.
Los
venezolanos no queremos ir a Oenegés. Nuestra vergüenza no nos permite pedir
ayudas. Muchos elegimos a España como nuestro primer destino, y esta tierra nos
ha acogido. Mal o bien, pero aquí estamos, y por España apostamos. Ya no
queremos (y tampoco podemos) irnos a ningún lado.
En
un eterno esperar, aquí estamos. Regularización para muchos, oportunidades para
todos. Que las ganas de trabajar, de aportar, son muchas.
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