Juan Guerrero 10 de septiembre de 2020
@camilodeasis
No
es para nada descabellado afirmar que en Venezuela la realidad supera con
creces la ficción. En las propuestas para unas elecciones parlamentarias,
establecidas para el 6 de diciembre del presente año, se parte de una supuesta
verdad, toda vez que éstas han sido planteadas por el presidente de la
república.
Sin
embargo, Nicolás Maduro ha sido desconocido por la Asamblea Nacional, que
nombró al diputado Juan Guaidó,presidente interino de la nación, perdiendo así
su legalidad y legitimidad, quedando al margen de la ley como un usurpador y,
de hecho, sostenido por la fuerza de las armas. Además, la comunidad
internacional, con cerca de 60 naciones democráticas, han respaldado al
presidente Guaidóy desconocido a Maduro, indicando que éste ha usurpado funciones
violando así, de hecho, la ley, normas y procedimientos constitucionales. Esto
es, carece de legalidad y legitimidad ante la comunidad internacional
democrática.
Por
otra parte, resulta significativo que la nación más poderosa e influyente del
mundo, EE.UU, ha acusado legalmente a Maduro, con un pronunciamiento oficial
del Departamento de Justicia, como individuo al margen de la ley por lo cual ha
fijado un precio por su captura (15 millones de dólares) para quien lo entregue
a la justicia de ese país. Junto con él, otros más se encuentran en las mismas
condiciones, incluso el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el
presidente de la atrofiada Asamblea Nacional Constituyente. La razón de esta
acusación: forman parte de un cartel internacional de drogas y estupefacientes
y son una amenaza real para el Estado norteamericano y sus ciudadanos, además
de una latente amenaza para los países latinoamericanos y el hemisferio.
Así
las cosas, el llamado a unas espurias elecciones parlamentarias en esas
condiciones de dudosa credibilidad jurídica y procedimental, mencionando apenas
estos pocos hechos, resulta una estrategia política y de acción vandálica de un
régimen que por todos los medios busca mantenerse en el poder, alargando el
sufrimiento de los ciudadanos, quienes cada vez más se acercan a una
confrontación de sobrevivencia por las carencias tan dramáticas de alimentos,
medicinas y servicios básicos, que ya no existen en ciertas zonas del
territorio.
La
estrategia de ‘empastelarlo’ todo, de oscurecer, alterar o simplemente
desconocer todo procedimiento soportado por normas y procedimientos,
establecidos en las leyes y que son parte de la tradición jurídica venezolana,
forma parte de un plan de asesoría cubana, donde se juega a construir salidas/soluciones
políticas pasando e irrespetando estos modelos y normas de nuestra cultura
jurídica para imponer un modelo de sistema de vida donde la anormalidad, el
irrespeto al compromiso adquirido, el fraude y la mentira son Política de
Estado. Estas siempre van a estar del lado del opresor, esto es; quien se
soporta sobre la base de la fuerza, el totalitarismo y el abuso de poder porque
usa la fuerza militar y paramilitar para seguir dominando a la población.
La
actual estructura de poder que impera en lo que queda del Estado venezolano no
puede catalogarse, ni como gobierno centralizado autoritario, ni gobierno
dictatorial tradicional. Es, como ya en más de una ocasión lo hemos
reflexionado, un régimen totalitario de izquierda radical controlado por bandas
del crimen organizado, hampa común y megabandas del narcotráfico, grupos
paramilitares de guerrilla rural y urbana, y del terrorismo internacional,
además de fuerzas convencionales de varios países que actúan disfrazadas de
asesores internacionalistas bajo la anuencia cómplice del Alto Mando militar de
la Fuerza Armada Nacional.
Esta
es la realidad de la Venezuela actual, donde el mismísimo ministro de la
Defensa indicó que la oposición venezolana jamás volverá a gobernar el país.
Semejante acto de imprudencia política, indica que aún y en un supuesto negado
la oposición venezolana pueda obtener el triunfo, no podrá disfrutarlo porque
la fuerza militar lo impediría.
Por
estos y otros atropellos causados a la sociedad venezolana, la denominada
oposición mayoritaria, nucleada alrededor de la legal y legítima Asamblea
Nacional, ha firmado un acuerdo unitario, con 37 organizaciones y partidos
políticos, donde desconocen el llamado al ‘fraude electoral’ y diseñan una
estrategia conjunta, apoyados por la sociedad democrática, la comunidad
internacional, la OEA, la UE, y los EE.UU, donde se reafirma la intención de
llamar a unas elecciones democráticas creíbles, libres, justas, supervisadas
por entes internacionales independientes, y donde la población pueda ejercer su
derecho al voto sin interferencias ni coacciones de ningún tipo.
La
intención de ‘buena voluntad’ que en días pasados ejecutó el régimen usurpador
al liberar a 110 secuestrados, debe reconocerse al líder Capriles como un acto
humanitario. Mientras Maduro y sus pandilleros usan a estos seres humanos como
meros objetos de intercambio en su macabro juego del poder. Una estrategia
evidentemente ya usada desde hace años por el castrismo y transferida y en
ejecución desde hace pocos años en Venezuela.
Podemos
o no estar de acuerdo con la unidad propuesta desde la Asamblea Nacional, con
el presidente Juan Guaidóa la cabeza. Pero es quien, en la práctica, mantiene
un sólido respaldo internacional. Quienes me conocen saben que tanto él como
sus otros líderes, no son santos de mi devoción, pero hay que sumar a una
solución por encima de nuestros propios intereses, emociones y gustos. Después
de todo, la política es matemáticamente inexacta y los políticos, en plural, no
son, como nosotros tampoco lo somos, químicamente puros.
Juan
Guerrero
@camilodeasis
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico