Trino Márquez 10 de septiembre de 2020
@trinomarquezc
Durante
la era madurista se han dado fenómenos extraños, pero ninguno como el que rodea
la consulta del 6-D: la oposición no puede desarrollar la campaña electoral por
las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19; y el gobierno no
necesita adelantar ninguna campaña, porque posee el control de todos los
mecanismos de chantaje, coacción e intimidación que le permitirán obtener una
cómoda victoria con el reducido universo de electores dispuestos a sufragar.
Tan insólito como ese factor es que un presidente y un gobierno que concitan
80% de rechazo nacional, están convocando los comicios como si flotaran en una
atmósfera de gigantesca popularidad.
La
oposición no puede llevar a cabo la labor proselitista porque carece de los
medios para desplazar sus candidatos por los circuitos electorales; unos
locales, y otros nacionales. No se consigue gasolina para la movilización
terrestre y los vuelos comerciales dentro del país se encuentran suspendidos.
No es posible convocar reuniones en espacios públicos, ni visitar las casas de
los votantes, ni convencer cara a cara a los electores de la importancia de
acudir a los centros de votación. Ni siquiera se puede divulgar el programa
legislativo de los candidatos y enriquecerlos con las opiniones de los
ciudadanos. ¿Qué clase de comicios son esos donde todo lo vinculado con la
oposición transcurre en medio del desconocimiento casi total por parte de los
votantes, acerca de la oferta de sus futuros representantes en el Parlamento?
Al
régimen de Maduro este ambiente tan limitado no le importa. Todo lo contrario:
lo favorece muchísimo. Al gobierno le interesa que el universo electoral sea
muy pequeño. Que se reduzca a ese sector al cual le llega con cierta
regularidad a través de las cajas Clap, del Sistema Patria y de los demás
subsidios monetarios miserables que reparte a través de la banca pública. Si
esto no fuera suficiente para chantajear a los grupos más pobres y obligarlos a
votar, todavía cuenta con los colectivos armados. Con los motorizados del
terror, quienes amenazarán a quienes no se desplacen hacia los centros de
votación el día de las elecciones.
Las
encuestadoras más importantes del país señalan de forma consistente que más de
60% de los venezolanos no quieren sufragar. Para revertir esa matriz de opinión
tan extendida y consolidada, habría que introducir cambios institucionales que
remuevan las sospechas y fortalezcan las convicciones de la gente. Sin embargo,
admitamos que hay que acudir a la cita con el CNE de Maduro y Maikel Moreno, y
que sólo se logra que el acompañamiento internacional sea parcial, y no
integral como exige la oposición y lo establece la Ley del Sufragio. En ese
marco tan favorable al régimen, también la oposición debería instrumentar una
campaña proselitista tenaz y convincente, capaz de quebrar las resistencias
lógicas de la gente y propiciar la concurrencia masiva a los centros de
votación. Este cambio de actitud no es posible en el lapso tan corto que resta
hasta diciembre y en el marco de la Covid1-19.
El
voluntarismo, aliñado como mucha prepotencia, de quienes piensan que resulta
posible lograr ese giro, va a provocar una derrota fenomenal. Nicolás Maduro,
aún representando una minoría en declive, se quedará con la mayoría de la
Asamblea Nacional, principal órgano de representación de la soberanía popular,
con la particularidad de que contará con la colaboración de la franja opositora
que acuda a esa consulta. Se trata de un voluntarismo irresponsable, que
colocaría el órgano legislativo bajo el control de un mandatario que sólo trata
de anular el liderazgo de Juan Guaidó, quitarle la base de apoyo internacional
que posee y, a partir de la Asamblea, intentar recuperar Citgo, el oro colocado
en Londres y otros activos de la República con los cuales no ha podido acabar.
La
Unión Europea, a través de Josep Borrell y otros voceros, junto a otros
factores internacionales de poder interesados en encontrar una salida
negociada, pacífica y electoral a la pavorosa crisis que azota a Venezuela, han
propuesto postergar los comicios para una fecha en la cual el país haya
recuperado la normalidad mínima, que permita realizar una campaña al menos
relativamente equilibrada. Juan Guaidó y Henrique Capriles –aunque con posturas
discrepantes- han señalado que buscan lograr elecciones justas y transparentes.
En este punto, ambos coinciden. A partir de ese acuerdo básico, deberían
explorar la posibilidad de llegar a un compromiso para, de forma conjunta,
exigir la postergación de los comicios y la definición de condiciones que
equilibren la competencia entre el gobierno y la oposición.
Maduro
dijo que se había dirigido la UE para que enviase testigos a la cita del 6-D.
Bueno, hay que complacerlo, pero no para que estén presentes en la consulta que
él quiere realizar ‘llueve, truene o relampagueé’, sino para que asistan a una
convocatoria más equilibrada, cónsona con la fortaleza que aún posee la
oposición y las aspiraciones populares. Maduro necesita legitimar la farsa
electoral, empoderarse todavía más con el asalto pacífico de la Asamblea y
aparecer ante el planeta como el mandatario que derrotó a sus opositores a
través del voto popular. No hay que ponérsela tan fácil. El acuerdo unitario
aún es posible.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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