Ramón Guillermo Aveledo
En países como el
nuestro la ciudadanía, por sus riesgos, puede llegar a deporte extremo. Algo
así como esos trapecistas que hacen sus saltos y piruetas a gran altura. Claro,
ellos pueden caer pero saben que abajo hay una red que los protege. En
sociedad, la red que protege la caída son las instituciones y aquí está rota,
gastada y al final, eliminada.
La inquietud por los
derechos humanos en Venezuela tiene historia. Sea por promoverlos, defenderlos
e incluso por las violaciones que de tanto en tanto han sufrido, hasta los
escandalosos niveles relatados con estremecedora crudeza por el informe de la
misión de Naciones Unidas. Ya en el Congreso de 1811, el de la Independencia y
la primera Constitución, José Angel Alamo, diputado por Barquisimeto, propuso
el proyecto de Ley de Abolición de la Tortura y la Declaración de los Derechos
del Ciudadano, “para que el magistrado no pierda jamás de vista la norma de su
conducta y el legislador no confunda en ningún caso el objeto de su misión.”
Asignaturas pendientes.
El problema no es la
Constitución. Nunca lo ha sido y menos ahora, que tenemos en su Título III de
los Derechos Humanos, Garantías y Deberes un texto extenso, prolijo,
incomparable con sus equivalentes en cualquier nación del globo terráqueo que
además de las premisas de sus disposiciones generales (Arts. 19 al 32), incluye
derechos civiles, políticos, sociales y de las familias, culturales y
educativos, económicos, de los pueblos indígenas y ambientales. Calculen, más
de cien artículos relativos a los Derechos Humanos, cinco veces la
Constitución de los Estados Unidos con las doce enmiendas de la Carta de Derechos
e igual que toda, íntegra, la Constitución francesa, incluida la Declaración de
Derechos.
Incluso, destaco, los
artículos 22 sobre interpretación extensiva y progresiva de los Derechos
Humanos, 23 sobre la jerarquía constitucional de los tratados y 31 del derecho
que nos asiste a reclamar ante organismos internacionales.
Se establece también la
distribución y división de poderes, a las cuales el único poder usa para
menesteres de la más íntima higiene personal.
El problema no está en
el Derecho sino en el irrespeto a los derechos. Por órganos que no cumplen sus
funciones y funcionarios cuya responsabilidad es “cumplir y hacer cumplir” la
Constitución y leyes de la República como, de paso, juraron.
Tarea de reconstrucción
democrática será volver a tejer, con hilo fuerte, resistente, la red
institucional, para que los venezolanos no sigamos indefensos. La red
institucional pública con poderes separados y distribuidos. Una Asamblea que
legisle y controle; una administración de justicia que juzgue de modo autónomo,
idóneo e imparcial. Aquí, el aporte de la Sala Constitucional a lo contrario ha
sido escandaloso. También, claro, hacen falta una contraloría que
controle y una Fiscalía y una Defensoría del Pueblo que defiendan al ciudadano,
que pare eso están.
Así mismo, una
red institucional privada, ciudadana, con partidos políticos, ONGs, gremios,
sindicatos, iglesias que así como vigilan al poder, organicen y movilicen al
pueblo.
Ese cambio no será
instantáneo. Tomará tiempo, objetivos claros, paciencia, tenacidad.
PD: Hay que ver que a
Michelle Bachelet cierto extremismo no escatimó dardos tan feroces como
prejuiciados cuando venía a iniciar un trabajo que ha dado estos frutos tan
importantes. Debo haberme distraído, pero no he oído o leído que alguno
reconozca ahora que estaba equivocado.
03-11-20
https://elnuevopais.net/2020/11/02/ramon-guillermo-aveledo-principal-tarea/
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