Por Froilán Barrios
A confesión de partes
relevo de pruebas, sentencia la máxima jurídica cuando el acusado reconoce su
falta, en este caso, en el contexto del proceso electoral más viciado y
bochornoso de nuestra historia republicana, en el que se han cometido toda
suerte de desaguisados y abusos del Poder Ejecutivo. Jamás habíamos presenciado
algo al nivel de estas elecciones para la Asamblea Nacional 2020, en medio de
una pandemia, de una crisis económica sin precedentes y un éxodo de 6 millones
de venezolanos.
La ristra de
arbitrariedades se inició con la designación de un CNE en agosto pasado por el
bufete jurídico del régimen representado en el TSJ, quien desconoció a la
Asamblea Nacional, organismo competente como lo reza la carta magna para
seleccionar los integrantes del máximo órgano electoral, integrado como ha sido
la tradición en este siglo XXI por una mayoría de militantes y afectos al
oficialismo. El resultado era predecible y es que desde su nombramiento no ha
encontrado ningún vicio, ni abuso alguno en una campaña rocambolesca orientada
a entregarle a capricho un cuerpo legislativo al régimen dictatorial.
Para muestra las
cadenas presidenciales en las que se promocionan sin cortapisas los candidatos
del Polo Patriótico gubernamental, se anuncian premios como feria popular a las
100 comunidades que más votos registren para la turba de diputados
oficialistas, mediante el seguimiento de las UBCH, suerte de colectivos que
obedecen los diktats del mandatario.
Es tal la caricatura
del acto dictatorial señalado por la comunidad internacional que el abuso de
poder quedó expresado en la suspensión de los partidos políticos opositores,
cuya minusvalía facilitó que el régimen reconociera a una seguidilla de
partidillos, como comparsas del Carnaval orquestado por el Ejecutivo y el TSJ
oficialista; y en la exclusión de las etnias indígenas del voto universal a
cambio de asambleas tumultuarias que designarán a sus representantes, marcando
un retroceso a lo establecido en la Constitución.
Ahora bien, el summum o
esencia de las torvas intenciones del régimen lo expresó el pasado 30 de
noviembre el gerifalte de El Furrial, quien manifestara palabras más, palabras
menos: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no
vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. Que resume la
actitud de burla y desprecio por parte de un sinnúmero de aspirantes a
legisladores, quienes basaron su campaña repartiendo mortadelas, presas de
pollo, acciones humillantes ante las precarias condiciones de vida y de
hambruna que sufre la población.
No necesitamos mucha
imaginación para conocer cuál será la conducta de una Asamblea Nacional en
manos del oficialismo, la conducta de la fraudulenta asamblea constituyente de
2017 que aprobó todas las exigencias del Ejecutivo Nacional sin medias tintas,
sin debate, ni disensos, demostrada en la marea de manos alzadas que
vilipendiaron las tradiciones democráticas de nuestra historia.
Por tanto, las alertas
emanadas de la Conferencia Episcopal sobre los riesgos de la imposición de un
vertical Estado comunal, no son una mera presunción, al plantear igualmente que
urge “una solución justa, pacífica, democrática y acordada entre todos los
venezolanos, a la crisis multiforme que afecta a Venezuela”.
Es obvio que el régimen
cree tener todo a su favor para imponer su anhelado secuestro de la nación,
vana pretensión, ya que el fraude del 6-D fraguado para dotarse de una Asamblea
Nacional será un episodio más, similar a la agónica ANC, a las presidenciales
de 2018, a las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017, que en nada
contribuyeron a la reconciliación nacional, por el contrario, han llevado al
país al abismo en el que nos encontramos y padecemos.
02-12-20
https://www.elnacional.com/opinion/la-prostitucion-del-voto/
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