Ramón Antonio Pérez 20 de julio de 2019
@GuardianCatolic
Familiares de presos políticos y organizaciones no
gubernamentales, clamaron ante delegados de la ONU en Caracas que desaparezca
la tortura y los asesinatos en las cárceles venezolanas
Hostigamiento, suspensión de las visitas de familiares
y abogados, negación a suministrarles comida, agua, atención médica, golpes,
agresiones físicas y psicológicas son algunas de las torturas que ejerce el
régimen de Nicolás Maduro contra los presos políticos. Además, con el reciente
asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo; y las declaraciones del
ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Christopher Figuera,
asegurando que el concejal Fernando Albán “fue lanzado” desde un décimo piso,
las exigencias por el respeto de los derechos humanos redoblan sus fuerzas en
Venezuela.
Llevando en sus manos carteles con frases alusivas a
la libertad de los presos políticos, y gritando consignas vinculadas al informe
de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet,
familiares y representantes de los privados de libertad y diputados a la
Asamblea Nacional, se concentraron este lunes 15 de julio, frente a la sede del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Caracas.
“Mi sobrino es inocente”
La señora Lorena Espinoza Rodríguez era una de las
manifestantes. Ella es tía del primer teniente del ejército, Alberto Maita
Espinoza, de 30 años de edad, quien actualmente se encuentra recluido en la
cárcel de Ramo Verde (Los Teques, estado Miranda). “Lleva un año y siete
meses”, expuso la mujer a Aleteia durante la jornada de protesta pacífica.
“Exijo que las autoridades le suministren atención
médica a mi sobrino que tiene sus dos rodillas fracturadas por las golpizas que
le han propinado durante el tiempo de reclusión”, reiteraba, explicando que el
joven militar está “señalado de una presunta vinculación” con el ex inspector
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC),
Oscar Pérez, ajusticiado por el régimen de Maduro, el 15 de enero de 2018.
“Entre los castigos que recibe está el impedimento de
asistir a sus rehabilitaciones a las cuales tiene derecho”. “Mi sobrino es
inocente de los cargos que se le imputan y por eso vengo a reclamar su libertad
a los delegados de la ONU”, protestó Lorena.
Inteligencia tortura con más saña
En la actividad estuvieron presentes delegados de
varias organizaciones no gubernamentales como Justicia Venezuela y Acción Por
la Libertad, que alzaron sus voces “por la serie de asesinatos contra los
presos políticos en las mazmorras que controla la dictadura revolucionaria”.
Ana Leonor Acosta, abogada e integrante de la Coalición por los Derechos
Humanos y la Democracia, explicó que ya son 10 años de constantes denuncias
contra las violaciones de los derechos humanos a manos de la dictadura.
“Nos mantendremos desplegados a lo largo y ancho de
todo el país a través de cabildos abiertos y conversatorios en donde se
juramentarán redes de defensores contra la tortura”, aseguró. Igualmente,
afirmó que “los agentes de inteligencia actualmente torturan con más saña,
drogan, asfixian a sus víctimas, los golpean, cercenan partes del cuerpo del
preso y los someten a las más horribles martirios hasta causarles la muerte”.
Alonso Medina Roa convocó a la población a unirse a la
campaña “para luchar contra la tortura, y defender los derechos humanos de
los venezolanos”. Recordó los casos de los presos y torturados militares
por el régimen, entre quienes destacó al general Raúl Isaías Baduel, el capitán
Acosta Arévalo, el mayor general Rodríguez Torres y demás presos políticos del
régimen. “Es momento de que esta sociedad asuma el tema de los DDHH como una
insignia ciudadana, entendiendo que esta situación debe generar la unificación
de los venezolanos”, dijo el abogado en declaraciones recogidas por Aleteia.
Exigen Centro de Prevención de Torturas
Lilia Camejo, directora de Justicia Social, hizo
referencia al caso de la detención del diputado Edgar Zambrano, y señaló que
“el parlamentario está aislado, le prohíben la visita de sus hijas y esposa, no
cuenta con defensa privada, sino pública que fue impuesta por el régimen”. La
diputada Yajaira Castro de Forero, precisó que “el mundo ya no puede decir
que sólo los venezolanos somos los únicos que denunciamos estas situaciones
crueles”.
Forero expuso que los activistas de derechos humanos
aspiran que “los funcionarios de la ONU, que se quedaron en el país luego de la
visita de Bachelet, no se queden encerrados en sus oficinas”. Exigió a Nicolás
Maduro les permita ingresar a los centros de detención como el Dgcim en Boleíta
y el Sebin Plaza Venezuela, “para que constaten las violaciones a los derechos
humanos de los más de 700 presos políticos que hay tras las rejas”.
Una vez más, las organizaciones no gubernamentales y
familiares de los presos políticos, consignaron un documento dirigido a los
magistrados representantes de Michelle Bachelet en Venezuela, “para que
activen todos los protocolos de Derechos Humanos en nuestro país, y se instaure
un Centro de Prevención de Torturas”.
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