Por Prodavinci, 29/05/2013
Jorge Antonio, un niño de nueve
años de edad, vio cómo los agentes de la policía del estado Aragua golpearon a
su padre, Benito Barrios, y se lo llevaron detenido el 28 de agosto de 1998.
Apenas unas horas más tarde, Benito apareció acribillado a balazos. La
policía alegó que lo había matado en defensa propia por resistirse a la
autoridad. Desde entonces, a la familia Barrios le han matado diez
miembros.
En 1998 la familia
Barrios estaba integrada por la señora Justina Barrios, sus doce hijos con sus
parejas y 22 nietos. El 28 de agosto de ese año, la policía del estado Aragua
fue a buscar a Benito. Ahora son muchos menos.
En 2011, el rostro de Elbira y Maritza Barrios
—junto al de otras cincuenta madres
que perdieron a uno o varios hijos por causa de la violencia— tapizaron las
calles de Caracas y tomaron espacio en la prensa nacional como parte del Proyecto Esperanza,
con la intención de hacer un llamado a la paz y despertar la sensibilidad en
quienes creen que el problema de la violencia está lejos de su cotidianidad.
Para el momento de ser
retratadas por Leo Ramírez, uno de los diecisiete fotógrafos que han colaborado
con el proyecto, Elbira y Maritza habían perdido a sus hermanos Benito,
Narciso, Luis Alberto y Juan José en condiciones violentas. Además, Elbira
había perdido a su hijo Óscar José, de 21 años, y Maritza a sus hijos
Rigoberto, de 16, y Wilmer José, de 19.
Al momento de contar su
historia personal, Elbira mencionó cómo su nieto aún se negaba a creer lo que
le había pasado a su papá. “Él dice que su papá no está muerto y que pronto
volverá para que estemos todos juntos otra vez”. Por su parte, Maritza
confesaba —casi con vergüenza— que “todas las noches echo una lloradita a
escondidas”, como si llorar le estuviese prohibido.
En Venezuela ningún luto
nos vuelve inmunes al dolor. Ningún luto es suficiente para lograrlo. Siempre
se puede perder más. Y ése ha sido el caso de las Barrios. Las fotografías
de ambas, impresas en dimensión de carteles y pegadas en las paredes de la
ciudad, formaron parte de la campaña de sensibilización. Hoy ya se han
desvanecido por la lluvia, el sol y la erosión urbana. Sin embargo, el dolor de
la familia Barrios está lejos de extinguirse.
En los siguientes dos años
después de la colocación de las fotos en la calle, Elbira perdió a otro hijo,
víctima de la violencia: Víctor Tomás. Además, ambas perdieron a su sobrino
Jorge también de manera violenta. Por si fuera poco, en la penúltima semana de
mayo de 2013, Elbira y Maritza fueron sacudidas por décima vez con una dolorosa
noticia: Ronis Barrios, sobrino de ambas, de 17 años de edad, fue encontrado
muerto en el parcelamiento Guayanén, en el municipio Urdaneta, estado Aragua.
Todos los asesinatos cometidos tienen un factor en común: las víctimas han sido
testigos de actos de amedrentamiento o del homicidio de sus familiares.
Dolor, funeral y luto.
Dolor, funeral y luto. Dolor, funeral y luto. ¿Y así cuántas veces?
La décima muerte ocurrió bajo las medidas provisionales que le
otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004 a la familia
Barrios, pero que todavía no se han traducido en la protección de sus miembros
por parte del Estado venezolano. En noviembre de 2011, la CIDH emitió una
sentencia sobre el caso Familia Barrios contra
Venezuela. Allí se declaró la responsabilidad internacional del
Estado venezolano por la ejecución extrajudicial de Benito Antonio y Narciso
Barrios”, además del incumplimiento del deber de prevención de la muerte de
Luis Alberto, del niño Rigoberto, de Oscar José, de Wilmer José y de Juan
Barrios. Es un exterminio lo que ha estado sufriendo la familia Barrios ante la
mirada pasiva del Estado.
La familia Barrios no es
la única que ha sido mutilada varias veces dentro del grupo de mujeres que ha
sido contactada por el Proyecto Esperanza. María
Elena Delgado, de Petare, ha perdido a tres hijos: Erasmo,
Norka y Wilmer. Todos fueron asesinados entrando a su casa. A ese mismo dolor
le suma un sobrino y un nieto. En el estado Falcón, a María
del Carmen Gallego le
asesinaron a sus hijos Jorge Alfredo y Rony Javier en menos de un año.
Después de aquel primer
asesinato en 1998, los Barrios no saben quiénes ni por qué los han matado. Sólo
tienen sospechas, pero no existe decisión alguna de un tribunal venezolano que
establezca quiénes son los responsables de los homicidios. Las investigaciones
suelen detenerse durante largos períodos y, en las pocas ocasiones que se han
reactivado, terminan archivadas por falta de pruebas.
En Venezuela, según
fuentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas,
una persona es asesinada cada media hora. Recibir esa terrible noticia varias
veces recibe además el golpe de la impunidad y el silencio de las autoridades:
según el Foro Penal Venezolano, el 98% de los asesinatos cometidos en el país
quedan impunes.
Distintos activistas que trabajan en apoyo a la familia
Barrios aseguran que diversos factores —como su humilde situación
económica y la poca relevancia comunicacional del caso— han hecho que no se
atienda como una prioridad para las autoridades. Hasta el punto que una decisión de la CIDH
ha sido prácticamente ignorada por las autoridades.
Mientras eso sucede, la
familia Barrios no deja de unir un luto con el otro. Aunque intentan continuar
su vida, la viven con miedo. Todos temen por Romiel, de apenas 11 años, hermano
del joven recién asesinado. Todos temen por todos.
Todavía no hay culpables:
sólo dolientes.
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