EZEQUIEL VÁZQUEZ-GER 7 OCT 2013
Ezequiel Vázquez-Ger es consultor político basado en
Washington DC.
@ezequielvazquez
El objetivo final de
muchos gobernantes en América latina es permanecer ilimitadamente en el poder
Desde fines de los años 90 hasta la
fecha muchos gobernantes en América Latina han ido elaborando un modelo
político cuyo objetivo final es permanecer ilimitadamente en el poder. Si bien
utilizan la palabra “democracia” como bandera y el voto popular para llegar al
gobierno, una vez elegidos, reforman sus Constituciones y destruyen sus
sistemas judiciales para controlarlos. El control de estos gobiernos sobre el
sistema judicial es quizás la pieza clave que necesitan para perpetuarse en el
poder. Controlando la justicia pueden silenciar a la prensa, ocultar la corrupción
y perseguir a la oposición. Quizás uno de los casos más representativos es el
Ecuatoriano.
El 21 de Septiembre pasado, durante
una cadena nacional, el presidente de Ecuador Rafael Correa rompió en vivo
ejemplares de los diarios El Comercio, La Hora y Hoy, y les advirtió que de
acuerdo a la nueva ley de comunicaciones, ellos están obligados a “publicar
noticias de interés público”. Durante el mismo programa, continuó atacando y
descalificando a cada uno de los columnistas que en esa semana habían publicado
críticas en su contra, obligándolos a rectificarse. De no rectificarse, Correa
hará lo que ya ha hecho reiteradamente en el pasado: amenazar a los medios con
quitar pauta oficial, o abrir investigaciones contra los propios auspiciantes
de estos medios hasta que el periódico se rectifique o el periodista que
escribió la columna sea despedido. Y si esto no funciona, Correa perseguirá
judicialmente a estos medios, imponiéndoles sanciones millonarias.
Durante el mes de Junio, diferentes
medios publicaron noticias sobre una presunta mega operación de lavado de
dinero entre Venezuela y Ecuador a través del sistema monetario conocido como
“SUCRE” (Sistema Único de Compensación Regional). Producto de dichas
publicaciones, la fiscalía ecuatoriana abrió una investigación sobre 4 empresas
involucradas en el lavado. Sin embargo, la investigación sobre una de ellas
llamada “Fondo Global” nunca prosperó, presuntamente por los lazos de sus
propietarios con funcionarios de los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Al día
de hoy no hay indicios que la justicia proceda a fondo con estos casos. Las
operaciones de lavado de dinero y exportaciones ficticias entre ambos países
continúan.
Mery Zamora, dirigente del Movimiento
Popular Democrático (MPD), fue sentenciada tiempo atrás por un tribunal de
primera instancia a 8 años de prisión por el delito de sabotaje por incitar una
protesta estudiantil durante el 30 de Septiembre de 2010, mientras se
desarrollaba una protesta policial en contra del gobierno. Esta decisión no es
más que otra muestra de persecución política contra un grupo abiertamente
opositor. El fallo fue apelado por sus abogados. Sin embargo, el juez de
segunda instancia a quién le toco el caso, es ni más ni menos que Gutemberg
Vera, abogado personal de Rafael Correa en su juicio contra el diario El
Universo.
Estos son solo algunos ejemplos que
sirven para mostrar como el Gobierno de Rafael Correa utiliza el sistema
judicial arbitrariamente para silenciar periodistas, ocultar posibles casos de
corrupción en los cuales altos funcionarios podrían estar involucrados, y
perseguir a aquellos ecuatorianos que alzan la voz y critican al gobierno.
Pero este control del sistema judicial
no ocurrió de la noche a la mañana, si no que fuer parte de un plan deliberado.
En Mayo de 2011, Rafael Correa convocó un referéndum para reestructurar la
Corte Suprema. A través del mismo, creo un nuevo sistema de selección de
jueces, el cual en última instancia estaría controlado por el Ejecutivo. Hoy en
día, la gran mayoría de los nuevos jueces elegidos a través de este nuevo
mecanismo son o ex funcionarios de su gabinete, o parientes de funcionarios, o
jueces que han estado involucrados en decisiones controversiales a favor de los
intereses del gobierno. Desde entonces, es prácticamente imposible encontrar
una sentencia judicial que perjudique los intereses de Rafael Correa.
En Ecuador, las libertades civiles de
las personas se esfuman día a día y cada vez se hace más difícil hacer
oposición. El miedo reina entre aquellos que quieren opinar diferente. Todo
esto ocurre por que la herramienta fundamental para el funcionamiento de una
Democracia Constitucional, el sistema judicial, ha sido destruida y es
utilizada no como herramienta de justicia, si no de persecución.
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