Escrito por Trino Márquez (sociólogo) Jueves, 10 de
Octubre de 2013
@trinomarquez
Descartemos que el ciudadano
(¿venezolano?) Nicolás Maduro solicitó la habilitación por un año, para
combatir la corrupción y enfrentar la
supuesta guerra económica declarada por la derecha apátrida golpista.
Si quisiera luchar contra el
“cadivismo”, las comisiones, las
empresas de maletín, los sobornos y
demás vicios del régimen más descompuesto de la historia nacional, le bastaría
con levantar progresivamente el control de cambios y aplicarles los
instrumentos legales existentes (Ley de Contraloría, Ley Contra la Corrupción y
el Enriquecimiento Ilícito) a los parlamentarios, funcionarios del alto
gobierno, gobernadores, alcaldes y contratistas allegados al oficialismo. Allí
están la boliburguesía y los bolichicos con su riqueza súbita, fraudulenta y
escandalosa ampliamente documentada, como símbolos ostensibles de la impudicia
con la que actúan los corruptos rojos. Diosdado Cabello y Juan Barreto fueron
liberados por la Asamblea Nacional y la Contraloría de toda responsabilidad
administrativa, a pesar del amplio expediente elaborado en su contra por los
desmanes cometidos en la gobernación de Miranda y en la Alcaldía Metropolitana,
respectivamente.
La quimérica “guerra económica” inventada
por el tándem Maduro-Castro para ocultar la debacle causada por el socialismo
del siglo XXI, se acabaría si se produce un giro radical en la política
oficial: se levantan los controles, se respeta la propiedad privada, se permite
que el dólar flote de acuerdo con la demanda de divisas, se vuelve a crear un
mercado de trabajo, ahora inexistente, se paralizan las estatizaciones y
comienza un proceso de retorno de las empresas nacionalizadas al sector
privado.
Nada de lo que debe hacerse para
amputar la corrupción y salir del rentismo, tal como el propio Maduro propone
(¿sabrá lo que es rentismo y mercantilismo?), se hará. Su opaco discurso en la
Asamblea Nacional –muy mal leído, por cierto- revela que la intención de su
solicitud avanza por un camino muy
distinto a los propósitos expresados.
Los objetivos de Maduro apuntan en tres direcciones distintas, aunque
complementarias. La primera, hacia el interior de la claque dominante: demostrar que es un
digno sucesor de su “padre” Hugo Chávez y que puede concentrar tanto poder como
este; que representa el verdadero centro de gravedad de las decisiones y no
comparte ese lugar con Diosdado Cabelllo. La otra, hacia la oposición: revela
estar dispuesto a arrollar a quienes lo adversan sin detenerse en
consideraciones legales. La tercera: que su modelo económico consiste en
militarizar y favorecer su clientela, utilizando los recursos del Estado,
especialmente las divisas, para repartirlos entre quienes le sean incondicionales;
patrimonialismo del más primitivo.
Cabello, el duro y todopoderoso
presidente de la Asamblea, quedaría relegado a un segundo plano durante un año,
período suficientemente largo para que Maduro ajuste las piezas de la
maquinaria que le permitiría aspirar a la reelección en 2018. Los cubanos le
han instruido. El tiempo pasa volando. Conviene minimizar la figura del hombre
del Furrial y sofocar sus deseos de llegar a Miraflores por la vía electoral.
A la oposición hay que amenazarla
constantemente. El Ejecutivo cuenta con la Fiscalía y con el Poder Judicial
para atenazar a los adversarios. La habilitante permitiría actuar de forma
expedita contra gobernadores, alcaldes y diputados opositores, sin tener que
sujetarse a los protocolos convencionales.
El modelo intervencionista
militaarizado se mantendrá. El rentismo se exacerbará, solo que con una
variante: el reparto de la renta petrolera no se hará mediante los canales y
agentes tradicionales, sino a través de los militares, civiles y organismos públicos
que decida Maduro y su camarilla. Cadivi será aún más selectiva en la
asignación de las divisas. Estas serán administradas con mayor celo por el
Gobierno, quien las empleará para fortalecer su proyecto e imagen. Ahora será
cuando veremos clientelismo del bueno. Todas las empresas, industrias y
comercios pasarán a depender de la voluntad omnímoda de un Ejecutivo que
repartirá los dólares como se le antoje.
El empresario que no se someta a los designios del heredero quedará excluido
del beneficio.
Estos, entre otros, son los cambios
que buscan Maduro y los Castro con la habilitante. Se trata de habilitar para
atropellar. Lo bueno es que con tanto poder, y tanta incompetencia, no tendrá a
nadie a quien atribuirle los errores. La culpa será de él solito.
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