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| Juez Thomas Griesa |
Andrés Oppenheimer Agosto 14, 2014
Detesto tener que coincidir con el
gobierno argentino, principalmente una banda de pseudo progresistas corruptos
que han arruinado al país pese a haberse beneficiado con una bonanza sin
precedentes gracias a los precios internacionales de las materias primas, pero
Argentina tiene gran parte de la razón en su disputa con los tenedores de bonos
que la llevó al default.
Sin entrar en detalles técnicos, el
dictamen de un juez neoyorquino a favor de un pequeño grupo de tenedores de bonos
argentinos sienta un peligroso precedente para la economía mundial, porque hace
casi imposible que los países endeudados puedan renegociar sus deudas con
acreedores privados.
Básicamente, el juez Thomas Griesa, de
83 años, le permitió a un pequeño porcentaje de tenedores de bonos —conocidos
como “holdouts” en Wall Street y como “fondos buitre” en Argentina— impedir que
Argentina le pague sus deudas a la gran mayoría de sus tenedores de bonos.
Todo empezó cuando Argentina, después
de su default del 2001, ofreció en dos oportunidades pagar a sus acreedores una
parte de su deuda. El 93% de los acreedores aceptaron la oferta, pero el resto
—los “holdouts”— la rechazaron, pidiendo el pago completo.
El problema es que una cláusula del
contrato original establecía que todos los tenedores de bonos debían ser
tratados de la misma manera. Los “holdouts” se aferraron a esa cláusula,
argumentando que si Argentina no llegaba a un acuerdo con ellos, no le podía
pagar a nadie. Griesa, en una interpretación sumamente estrecha de la ley, le
dio la razón a los “holdouts”, y la Corte Suprema de Estados Unidos avaló esa
postura.
Es cierto que el gobierno argentino
cometió todo tipo de errores. A pesar de que el contrato original estipulaba
que Argentina se sometía a la jurisdicción de Estados Unidos en caso de una
disputa con los bonistas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó que
pasaran años sin llegar a un acuerdo con los “holdouts”.
Cuando Argentina empezó a perder en
las cortes de Estados Unidos, la presidenta comenzó a politizar el tema para
consumo interno de su país. El gobierno argentino culpó a los “fondos buitre”
por la crisis económica argentina, y comenzó a disparar contra Estados Unidos,
pese al hecho de que el gobierno de Barack Obama respaldó a Argentina en el
caso, mencionando el precedente legal que podría sentar para otras naciones
endeudadas.
El gobierno de Fernández y sus
partidarios llenaron las calles de Buenos Aires de carteles con la bandera de
Estados Unidos y la leyenda “Basta Buitres!”. Luego, Fernández pidió la
solidaridad de Latinoamérica en una cumbre de presidentes izquierdistas en
Venezuela. El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, llegó a decir que
el juez Griesa “es claramente un agente de los fondos buitre”, que Estados
Unidos no tiene una justicia independiente, y que la responsabilidad última de
la crisis es del gobierno de Estados Unidos.
Contemplando este despliegue de
demagogia nacionalista del gobierno argentino, que convirtió una disputa legal
en una especie de cruzada nacional contra el capitalismo salvaje
estadounidense, resulta difícil no hacer paralelos con la época en que otro gobierno
argentino celebró su invasión de las islas Malvinas asegurándole al país que
Argentina ganaría la guerra contra los ingleses, o con el momento –más
reciente— en que el Congreso argentino declaró el default del 2001, con los
legisladores saltando y coreando eufóricamente “¡Argentina! ¡Argentina!”, como
si hubieran ganado un partido de fútbol.
Como en ocasiones anteriores, todo
indica que el triunfalismo populista de Fernández terminará en otra crisis, y
otro desencanto. Ahora Argentina quedará aún más aislada del mundo, Fernández
deberá emitir más dinero para mantener su ficción de que el país progresa, y la
inflación —que ya es de casi el 40% anual— aumentará aún más.
Pero, habiendo dicho todo esto,
Argentina y el gobierno de Obama tienen razón al decir que el fallo del juez
Griesa sienta un peligroso precedente para la economía mundial.
José Antonio Ocampo, un ex ministro de
Hacienda colombiano que ahora enseña en la Universidad de Columbia, me dijo que
el dictamen de Griesa efectivamente aniquila el concepto de negociaciones
voluntarias entre los países deudores y los acreedores privados.
De ahora en adelante, los tenedores de
bonos ya no tendrán incentivos para negociar, porque saben que un pequeño
porcentaje de “holdouts” pueden obligar a los países a pagar el 100% del valor
de los bonos, me señaló.
Mi opinión: El gobierno de Fernández
ha manejado este caso con su típica arrogancia e incompetencia, pero el
dictamen de Griesa puede tener consecuencias internacionales negativas que
trascenderán a Argentina.
Cualquier país debería poder negociar
sus deudas con la mayoría de sus acreedores privados, sin ser rehén de un
pequeño grupo de “holdouts”. Hay que encontrar un nuevo sistema legal para
regir las deudas de los gobiernos con inversores privados. En eso, Argentina
tiene razón.
el artículo http://aperturaven.blogspot.com/2014/07/la-clausula-pari-passu.html propone una diferencia con el autor
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