Al cumplirse un segundo aniversario de uno de los más graves sucesos en
la industria petrolera venezolana en el que, según la fuente oficial, perdieron
la vida 42 personas, 150 resultaron heridas y 5 aún permanecen desaparecidas,
nuestras instituciones ratifican sus sentidas condolencias y palabras de
solidaridad a los familiares de todos los fallecidos y heridos, así como
también a aquellas personas cuyos bienes se vieron afectados por este desastre,
al tiempo que manifiestan su preocupación por no haberse obtenido respuestas a
las interrogantes básicas que surgieron desde el primer día de esta tragedia.
Ante la gravedad del evento y tal como fue oportunamente comunicado a
la opinión pública, en aquel momento se imponía que el Gobierno Nacional
designara rápidamente un Comité de Investigación independiente, integrado por
expertos Nacionales e Internacionales, en el cual el personal de la Refinería
participara únicamente para prestar el soporte requerido para la recopilación
de la información pertinente; el referido Comité debería, en un plazo
perentorio, determinar las causas de esta lamentable tragedia, identificar los
elementos necesarios para establecer las responsabilidades del caso y emitir
sus recomendaciones para evitar la ocurrencia de otra fatalidad similar,
acciones que no se ejecutaron en el momento preciso.
Dado que en Agosto de 2013 -transcurrido un año de la tragedia- no se
había emitido un informe oficial del accidente por ningún organismo del Estado,
COENER presentó a la opinión pública los resultados de su investigación
realizada por un equipo de técnicos y especialistas. Este documento se publicó
el 25 de Agosto de 2013 en el blog de COENER http://coener2010.blogspot.com/ e
inclusive fue entregado personalmente al presidente de la Comisión de Energía
de la Asamblea Nacional. En este Informe se presentó el análisis del accidente;
sus causas potenciales; su impacto de tipo material, económico y ambiental,
para la corporación PDVSA y el país; las conclusiones que se derivan de la
investigación; y un conjunto de recomendaciones orientadas a evitar la
recurrencia de accidentes similares en la Industria Petrolera Nacional.
Seguidamente PDVSA realizó el lunes 09 de Septiembre 2013 una
presentación sobre el accidente de la Refinería de Amuay, en la que concluyó
que el mismo fue ocasionado por una acción de “sabotaje”, afirmando que “se
encontraron aflojados siete de ocho espárragos de la base de la bomba de
olefinas P-2601 del Bloque 23”, situación que atribuyeron a una “acción
intencional de terceros interesados en provocar una catástrofe” y que
prontamente se darían a conocer sus responsables. Esta presentación mostró una serie
de datos y eventos análogos a los indicados en los análisis e informes
presentados previamente por COENER.
De manera inmediata, especialistas que integran el Centro de
Orientación en Energía –COENER, analizaron el contenido del referido informe de
PDVSA y unánimemente se llegó a la conclusión que el argumento del sabotaje no
tenía sustento técnico alguno; por el contrario, este informe reforzaba la
tesis que las causas de la fuga de gas, la secuencia de eventos previos a la
explosión e incendio, y la lamentable ausencia de los sistemas de alarma, del
accionar efectivo del sistema contra incendios y de la aplicación oportuna de adecuados
procedimientos de evacuación, fueron consecuencia de serias deficiencias operacionales
y de mantenimiento.
A pesar de los compromisos anunciados por el Ejecutivo Nacional y por
la Fiscalía General de la República desde el mismo momento del evento, a la
presente fecha PDVSA no ha publicado el Informe Definitivo ni ha vuelto a
declarar sobre el tema, y los demás entes responsables de este asunto, que se
comprometieron a publicar su respectivo informe y en el que debían haberse
pronunciado formalmente, como es el caso del Ministerio Público, tampoco lo han
hecho. Esto denota el grave vacío institucional que impide que la sociedad
venezolana tenga una respuesta clara, veraz y confiable sobre las causas de
este accidente que causó la pérdida de invalorables vidas humanas y cuantiosos
daños materiales al patrimonio de los venezolanos y particularmente a la comunidad
de Paraguaná. Lo más grave y preocupante es que no se hayan presentado hasta ahora
recomendaciones de lo que ha debido y debe hacerse para evitar que vuelvan a
ocurrir tragedias de esta magnitud.
En el recién publicado Informe de Gestión Social y Ambiental de PDVSA
año 2013, hay varias menciones que intentan mostrar como una tendencia, la
disminución en sus índices de accidentalidad respecto al año anterior, 2012. A
continuación un resumen de los datos:
IFB: Índice de Frecuencia Bruta
IFN: Índice de Frecuencia Neta
IS: Índice de Severidad
De hecho, se reporta una reducción en general de los eventos y de los
índices. Sin embargo, se observa que los indicadores siguen mostrando valores
muy altos y la cantidad de “lesiones incapacitantes” y el Índice de Frecuencia
Neta (IFN), que indican la frecuencia de accidentes que causan lesiones
incapacitantes en los trabajadores, se mantienen en el año 2013 en el mismo
elevado nivel del 2012. Por otra parte, al comparar con otras referencias
internacionales, e incluso con empresas que son propiedad de la misma PDVSA,
como es el caso de CITGO, se ratifica que los esfuerzos que hayan podido
realizar no han sido suficientes y que están lejos de traducirse en una urgente
y significativa reducción de los índices de accidentalidad. Adicionalmente, lo
que se evidencia de las noticias sobre siniestros y fatalidades que han llegado
a publicarse en lo que va del presente año 2014, es que los niveles de riesgo
de la industria petrolera venezolana tienden a aumentar. Uno de los indicadores
más importantes para medir la accidentalidad es el Índice de Frecuencia Neta
(IFN) antes mencionado; a continuación las cifras de 2007 a 2013:
OGP: Oil and Gas Producers – Safety Indicators
Fuentes: PDVSA, CITGO, Ecopetrol, PEMEX, OGP
Otro indicador asociado es el Índice de Severidad, el cual muestra
hasta el año 2013 el
siguiente comportamiento:
OGP: Oil and Gas Producers – Safety Indicators
Fuentes: PDVSA, CITGO, Ecopetrol, PEMEX, OGP
Ambas gráficas indican que la lamentable situación de PDVSA en cuanto
al riesgo industrial, lejos de presentarse como una situación coyuntural por la
ocurrencia de un accidente grave, como lo representó el caso de Ecopetrol en
2010, luce como una característica intrínsecamente relacionada con la manera
como se programan, se supervisan y se llevan a cabo los procedimientos
operacionales. Sus índices de siniestralidad siguen siendo escandalosa y
consistentemente elevados, aun observando una leve disminución en 2013, en
comparación con empresas similares y con su propia subsidiaria CITGO, lo cual
confirma que el problema es propio de las operaciones y de la pésima gerencia
de PDVSA en Venezuela.
El lamentable accidente ocurrido en la Refinería de Amuay el 25 de
Agosto de 2012, definitivamente no fue un hecho fortuito. La tendencia
creciente de paradas no programadas, la extensión de paradas programadas en las
refinerías y el recurrente aumento de la accidentalidad en todas las
instalaciones industriales de PDVSA, son consecuencia directa de la decisión de
haber despedido en el año 2003 más de 20 mil trabajadores, que
desprofesionalizó sus cuadros gerenciales y técnicos, y de convertir posteriormente
a PDVSA en un brazo ejecutor de múltiples actividades ajenas al negocio petrolero.
Para superar la crisis de esta corporación, se requiere retomar el modelo de una
empresa eficiente, productiva y orientada a la mejora continua de su gestión, concentrada
en el negocio de los hidrocarburos, que fue la razón de ser y caracterizó a Petróleos
de Venezuela, S.A. en sus primeros veinticinco años.Ante la ausencia de
respuestas y el desconocimiento de esta situación por parte de PDVSA, del Ejecutivo
y de los poderes públicos responsables de la fiscalización y de la defensa de
los trabajadores y las comunidades circundantes a los centros petroleros, EXIGIMOS
a la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General de la
República, acometer las acciones inherentes a sus funciones de contraloría y ejercer
las acciones necesarias para que se responda, tal como lo establece la Ley y
sus Normas Internas, por el grave accidente ocurrido en la Refinería de Amuay,
y en particular se adopten las medidas requeridas para evitar que vuelvan a
ocurrir tragedias similares. Consideramos que esta exigencia es un clamor
generalizado de la sociedad venezolana que no debe ser ignorado porque
repercute directamente en la búsqueda de un clima de paz y de justicia.
Las Juntas Directivas del Centro de Orientación en Energía (COENER),
CEDICE Centro de Estudios de Energía de Venezuela, el Grupo Orinoco de Energía
y Ambiente y la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP)
Caracas, 25 de Agosto de 2014
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