Por Oscar Bastidas
Delgado
En el sector público
venezolano se consiguen expresiones participativas desde los años 60 en
disposiciones legales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y
del Banco Central de Venezuela (BCV). Conocida fue la representación laboral en
la junta directiva de las empresas impulsada por el presidente Carlos Andrés
Pérez mediante la Ley de Representación de los Trabajadores en los Directorios
de las Empresas del Estado, los Institutos Autónomos y los Organismos de
Desarrollo del 11/7/1966, reformada el 23/12/1969. Esa opción podría denominarse
de cogestión parcial al permitir solo la presencia de dos trabajadores en esas
instancias de cinco, siete o más directivos; conocida es también la
participación accionaria de 9.043 extrabajadores con acciones Clase B de la
Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
La reforma de la Ley
Orgánica de Trabajo (LOT, 1977) amplía la participación al establecer en su artículo
610 que “en los directorios, juntas directivas o administradoras o consejos de
administración de los institutos autónomos y organismos de desarrollo económico
o social del sector público, y de las empresas en que el estado u otra persona
de Derecho Público sea titular de más del cincuenta por ciento (50%) del
capital, existirán por lo menos dos (2) directores laborales… ”.
Para el sector
privado, la cogestión viene propuesta en el artículo 623 de la LOT: “Las
empresas del sector privado que introduzcan en su funcionamiento disposiciones
similares a las establecidas para los organismos del sector público en los
artículos anteriores gozarán de protección especial. El Ejecutivo Nacional
dictará por vía de reglamentación normas que tiendan a concretar y regularizar
esta protección y a estimular la participación laboral, la cual dará derecho a
un trato preferencial en la medida en que contribuya a la armonía de los
factores de la producción con miras al desarrollo social y económico y al
aumento de la productividad”. El 624 agrega: “Continuarán en vigencia aquellas
formas de participación en la gestión que sean más amplias que la prevista en
esta Ley, vigentes a la fecha de su sanción en organismos de carácter público”.
Estas regulaciones,
tanto las de Pérez como las de la LOT, fueron derogadas en el año 2000. Ese
mismo año, el 1ª de mayo, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Fuerza
Bolivariana de Trabajadores presentaron el Proyecto de Ley de Participación de
los Trabajadores y Trabajadoras en la Gestión de las Empresas Públicas y
Privadas, y el gobierno la desconsideró a pesar de sus relaciones de entonces.
Por su parte, el
sindicalismo integrado en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
formuló una propuesta de cogestión a la venezolana discutida en su VIII
Congreso (Porlamar, 1980) que se basó en que el factor trabajo es factor
fundamental de la empresa y debe participar en la gestión en similares
condiciones a los representantes del capital en todos los niveles y sin
diferenciar entre privadas o públicas. En esa fórmula aparece un “miembro neutro”
nombrado de común acuerdo entre patronos y trabajadores, que asiste a reuniones
de junta directiva pero solo vota en casos de empate. En 1986 la CTV crea el
Departamento de Cogestión para fomentar esta modalidad formando dirigentes
sindicales mediante cursos y talleres.
En los años del
presente gobierno, fiel al modelo burocrático manu militari, las propuestas “participativas”
o “modelos sociales” vienen desde arriba, han sido varios y todos fracasados. Son
célebres: 1) los sistemas de aldeas rurales auto-organizadas sustentables
(Saraos), suerte de fundo colectivo diseñado por el Ministerio de Planificación
estructurado sobre cooperativas de 24 familias; desde antes de ser diseñados,
varios grupos pro gobierno —imbuidos de “viveza criolla”— los pusieron en
marcha para obtener apoyos; 2) el proyecto de gallineros verticales del
ministro Nelson Merentes; 3) los cultivos hidropónicos y huertos intensivos
traídos por la Universidad Agraria de La Habana y puestos en marcha por una brigada
de infantería del Ejército en terrenos del Metro de Caracas, administrados por
una cooperativa de San Agustín del Sur; 4) los fundos zamoranos, modelo agro-productivo
de corte socialista llamado a impulsar la constitución de mercados socialistas
que evitarían la intermediación.
Continúan: 5) los núcleos
de desarrollo endógeno (Nudes), impulsados directamente por el mandatario
nacional; 6) las empresas de propiedad social (EPS, 2005), modelo impuesto a
cooperativas y empresas que deseen contratar con empresas públicas como Pdvsa y
la CVG que debían cancelar salarios similares a todos sus trabajadores y
destinar 10% de las ganancias o excedentes a actividades de responsabilidad social;
7) la mal llamada cogestión combinada con cooperativas pues realmente fue una
engañosa participación accionaria cuya peor experiencia fue la de Venepal; 8)
los consejos de gestión socialista de los trabajadores y trabajadoras impuestos
a Corpoelec sin mayor trascendencia y con dedocracia como método de
participación; 9) el control obrero impuesto en las industrias básicas y
minería por la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana, que no
superó la etapa de los ejercicios retóricos y de reuniones de personas
seleccionadas también a dedo por niveles superiores, tan vacía de participación
fue esta propuesta que fracasado el modelo, la casi totalidad de esas empresas
son dirigidas por militares.
Otros: 9) los
consejos comunales, figura establecida por ley del 9/4/2006 y relanzada
mediante ley orgánica de diciembre de 2009, con uso utilitario e ilegal de unas
cooperativas de ahorro y crédito - sin ahorros ni créditos -, como supuestos
bancos comunales receptores de aportes gubernamentales, menos mal que la Ley
Orgánica de Comunas del 21/12/2010 eliminó ese exabrupto legal; 10) las empresas
socialistas o empresas de propiedad social (EPS, 2008), que provendrían de las
comunidades a través de los consejos comunales o de cooperativas que bajo supuesta
cogestión decidieran devolver sus acciones al Estado, ellas serían de administración
directa si fuesen administradas por los trabajadores e indirecta si por el
Estado, desarrollarían los consejos de trabajadores, figura impulsada por el
gobierno en empresas privadas como Sanitarios Maracay, INAF, Textilera Gotcha y
otras; y 11) la comuna, figura propuesta en la idea de la nueva geometría
territorial rechazada en el referéndum del año 2007 pero incorporada
antidemocráticamente en el marco legal mediante la Ley Orgánica de Comunas,
cuyo Parlamento Comunal, figura local, fue sacado de la manga en diciembre 2015
por el presidente saliente de la Asamblea Nacional en un esfuerzo desesperado
por ocultar el rotundo triunfo de la oposición y que no pasó de un saludo a la
bandera.
Para esos modelos de
escritorio, el gobierno puso en marcha un andamiaje burocrático sin concepto,
dirección y participación del supuesto sector protagónico: 1) Misión Vuelvan
Caras, luego Misión Che Guevara desde el 2007; 2) Plan Fábrica Socialista; 3) ministro
de Estado para el Desarrollo de la Economía Social (¡Merentes!, noviembre de
2002); 4) Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular (Minep) y Ministerio
de Desarrollo Endógeno (septiembre de 2004); 5) Ministerio del Poder Popular
para la Economía Comunal (Minec, marzo de 2007), ministerio con un reglamento orgánico
que no menciona las cooperativas y en las atribuciones de la Oficina para la
Economía Comunal ¡se refiere solo a la economía informal!; 6) Ministerio para
la Economía Comunal (2009); 7) Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
Protección Social por fusión del Ministerio para la Economía Popular y el
Ministerio de Participación y Protección Social; y 8) un sistema disperso de
financiamiento microempresarial con base en la Ley de Microfinanzas, constituido
fundamentalmente por bancos estatales: Banco del Pueblo Soberano, Banco de Desarrollo
Económico y Social (Bandes), Banco de la Mujer (BanMujer), Banco de Fomento
Regional Los Andes (Banfoandes), e Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana
Industria (Inapymi), amén de numerosos fondos y dispositivos en gobernaciones y
alcaldías con cifras jamás consolidadas.
Este panorama de
imposiciones económicas quedaría incompleto de no observarse la amplia cantidad
de empresas estatizadas y lo hecho por el ahora inocente Jorge Giordani, ex ministro
de Planificación, con las casas de bolsa. Ellas, con mecanismos que les
permitían a ciudadanos comunes decidir cómo y dónde invertir directamente en el
mercado de capitales obviando los filtros de bancos públicos y privados que hacían
y hacen jugosas ganancias con sus ahorros, fueron eliminadas de un caprichoso
plumazo a favor del capitalismo bancario y en contra de jóvenes directivos de
esas casas que sufrieron presidio injustificado.
Con esa decisión, el
gobierno mutiló el único sistema financiero que impulsaba el valor del ahorro,
la inversión, la previsión familiar, laboral y de vejez mediante fideicomisos y
ahorros dirigidos en el país; años después, el gobierno permitió el
funcionamiento de esas casas permitiéndoles realizar las mismas operaciones por
las que las cerró, sin reconocer su error ni resarcir el tiempo de presidio de
los directivos mencionados. ¡Giordani jugó a favor del sistema bancario!.
02-05-16
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