Prensa UNT 20 de mayo de 2016
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El
gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia no debe obstaculizar la
reforma a la ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía
Nacional, porque estarían colocándose de espaldas al pueblo y a favor de los
delincuentes. que tiene como finalidad.
Así lo
señaló el coordinador de la comisión técnica de la Comisión Permanente de
Política Interior de la Asamblea Nacional, el abogado y criminólogo Luis
Izquiel, quien manifestó que esta reforma legal es muy importante, porque busca
fortalecer los cuerpos de seguridad del Estado y el mejoramiento de la
seguridad ciudadana en Venezuela.
Adelantó
como coordinador de la Comisión Técnica de la Comisión Permanente de Polìtica
Interior de la Asamblea Nacional, que se va iniciar un período de consulta
pública, porque la anterior no fue consultada, sino impuesta a través de un
decreto presidencial. Luego se elaborará un informe para la segunda discusión.
Por lo que aspira que el TSJ no vaya a rechazar esta ley tan importante para la
seguridad de los ciudadanos.
“Sabemos
que a través del TSJ, el bufete particular del gobierno, se han derogado varias
leyes por supuesta inconstitucionalidad, esperemos que en este caso no ocurra
lo mismo, porque en caso de actuar así el TSJ y el gobierno estarían
colocándose de espaldas al pueblo y a favor de los delincuentes”.
Explicó
que la reforma legal contempla la derogación de la resolución que utilizó el
gobierno nacional para desarmar a los cuerpos policiales y estadales, con la
reforma legal se obliga al gobierno a que devuelva las armas a las policías
municipales y estadales.
“Las
policías regionales y Estadales vienen combatiendo el crimen en desigualdad de
condiciones, mientras los delincuentes utilizan armas como fusiles, granadas;
los funcionarios los enfrentan con armas 9 milímetros y una escopeta por cada
10 funcionarios. Con la entrada en vigencia de esta reforma el gobierno debe devolver
las armas que retiró de las policías.
Agregó
Izquiel que esa reforma legal elimina las mal llamadas “zonas de paz”, cuando
en realidad son zonas de impunidad. “Territorios que el gobierno nacional
irresponsablemente cedió a los delincuentes. Ahora estas zonas quedaran
eliminadas y se prohíbe expresamente que se vuelvan a dictar medidas que
limiten el ingreso de los cuerpos de seguridad a cualquier sector del país”.
También
se prohíbe que los “enchufados” utilicen a los funcionarios policiales como
escoltas. “Los policías solo podrán resguardar de manera particular a los altos
funcionarios del Estado y a las personas que gocen de una medida judicial de
protección. Los policías que se encuentren designados como escoltas de personas
distintas, deberán volver de inmediato a las calles a proteger a la
ciudadanía.”
Dijo
que otro punto importante en la reforma legal es el relativo a la
descentralización de los cuerpos policiales. Es decir que las policías
estadales y municipales podrán formar a sus funcionarios policiales en sus
propias academias o institutos. “Hasta ahora solo se podían formar a los
funcionarios en la UNES, una universidad que ha fracasado y además está politizada,
que lo que hace es ideologizar a los policías en su formación”.
Igualmente
se plantea que los directores de las policías estadales y municipales solo
podrán ser designados y removidos por los gobernadores y alcaldes, hasta ahora
el Ministerio de Interior Justicia y Paz, tiene la potestad de destituir a
directores de policía de cualquier municipio o Estado del país.
“Esta
reforma establece el carácter apolítico a las policías y eso va desde la
formación de los funcionarios policiales hasta el cumplimiento de la labor del
policía, que tiene que estar alejado de cualquier vinculación e ideología
política porque su labor es resguardar a los ciudadanos.
Asimismo
precisó que la reforma legal contempla la creación del portal de los más
buscados. El Ministerio de Interior y Justicia tendrá un término de tres meses
para realizar este portal automatizado con la información relativa a los
delincuentes que presenten orden judicial de detención y que, por la cantidad y
las características de los crímenes que se les atribuyan, deban ser
considerados de alta peligrosidad. “Esta medida va a facilitar que estos
delincuentes salgan del anonimato y que sean capturados por las autoridades
policiales”.
Finalmente
indicó que se crea un registro automatizado relativo a los funcionarios que
hayan sido destituidos de algún cuerpo policial, con el fin de evitar que los
mismos puedan ser reciclados en otro.
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