14 de septiembre de 2016
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenan la ola de
amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas de procesos penales en contra
de miembros de partidos políticos opositores, manifestantes pacíficos y
periodistas, en el marco de un serie de restricciones al ejercicio de derechos
fundamentales impuestas por el gobierno venezolano en contra de quienes
expresan su apoyo a la promoción de un referendo revocatorio presidencial.
Asimismo, la CIDH lamenta los despidos masivos de funcionarios públicos,
presuntamente por haber firmado la solicitud de convocatoria de referendo
revocatorio.
La CIDH expresa además su preocupación por la decisión de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual declaró nulas
y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea
Nacional. El 5 de septiembre, se divulgó la sentencia de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia que declaró que “resultan manifiestamente
inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia
y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las
leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala
Electoral”. El Tribunal sostiene que la Asamblea Nacional se encuentra en
desacato por haber juramentado a tres diputados del Estado Amazonas que la Sala
Electoral del Tribunal Supremo había ordenado dejar en suspenso mientras investigaba
recursos impugnatorios relativos a su elección.
El sistema interamericano de derechos humanos ha establecido que los
ciudadanos tienen el derecho a participar en la dirección de los asuntos
públicos por medio de representantes libremente elegidos. En este sentido, la
declaración de nulidad de todas las decisiones que adopte la Asamblea Nacional,
poder del Estado electo por voto popular, podría constituir una restricción
indebida al ejercicio de los derechos políticos y producir una seria afectación
al funcionamiento del sistema democrático.
Esta sentencia fue anunciada en un contexto de restricciones a los
derechos a la libre circulación, asociación, protesta pacífica y libre
expresión en conexión con manifestaciones pacíficas y, particularmente, la marcha
nacional convocada para el 1 de septiembre por partidos de oposición y sectores
sociales. La manifestación del 1 de septiembre fue convocada en favor de la
activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás
Maduro, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. La CIDH recibió información sobre
obstáculos al libre tránsito para el ejercicio del derecho a participar en
manifestaciones públicas, a través del establecimiento de controles militares,
policiales y de inteligencia en las carreteras y vías de acceso a Caracas.
Asimismo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a
líderes políticos pertenecientes al Partido Voluntad Popular bajo acusaciones
de ser los "principales promotores del plan conspirativo" en contra
del gobierno. El 26 de julio, un líder del partido Voluntad Popular, Daniel
Ceballos, fue trasladado por agentes de Sebin de su arresto domiciliario a una
prisión común. El 29 de agosto fue detenido el ex dirigente estudiantil y
miembro del partido Voluntad Popular, Yon Goicoechea. El 30 de agosto agentes
del cuerpo de inteligencia detuvieron al dirigente del partido Avanzada
Progresista, Carlos Melo, cuando se encontraba en la sede del Partido Voluntad
Popular en Caracas. El 2 de septiembre fue detenido el alcalde del municipio
Mario Briceño Iragorry del estado de Aragua por el partido Voluntad Popular,
Delson Guarate. Se les acusa de llevar a cabo planes para “la colocación de
artefactos explosivos, tenían en su poder armas y dólares falsos”. Se ha
denunciado que las detenciones se realizaron al margen de la ley, acompañadas
de incomunicación y malos tratos.
Según anunció el Ministro de Interior y Justicia, general Gustavo
González López, las autoridades están en la búsqueda del diputado por el estado
Zulia de Voluntad Popular, Lester Toledo, quien será acusado de delitos de
“traición a la patria, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana”. El Ministro indicó que “las intenciones de golpe se
mantienen” en las próximas marchas convocadas por la oposición. Según
informaron altos funcionarios estatales, 92 hombres de nacionalidad colombiana
fueron capturados en comunidades pobres de Caracas, por supuestamente integrar
un “campamento de paramilitares y mercenarios”. Adicionalmente, al menos 81
personas fueron detenidas durante las manifestaciones del 1 de septiembre.
Según se informó a la CIDH, algunos detenidos habrían sido liberados sin
cargos, mientras que otras serían imputadas y presentadas ante los tribunales.
Adicionalmente, la CIDH expresa su preocupación por las limitaciones al
trabajo periodístico en el marco de la marcha del 1 de septiembre, así como de
otras protestas contra el gobierno. Esto incluyó detenciones, amenazas,
allanamientos y apertura de procesos penales contra periodistas, la
desaparición de un reportero durante 36 horas hasta que se informó que estaba
detenido por los servicios de inteligencia, así como la deportación y la
negativa de ingreso al país a varios miembros de la prensa internacional. Según
se informó, periodistas de medios extranjeros que llegaron a cubrir la marcha
del 1 de septiembre fueron deportados, y otros fueron “inadmitidos” al llegar
al aeropuerto, y que se lanzaron amenazas contra periodistas y medios que la
cubrieron. Adicionalmente, el 3 de septiembre, el periodista Braulio Jatar,
director del medio digital Reporte Confidencial, fue detenido por agentes de la
policía de inteligencia y su casa fue allanada tras publicar videos sobre una
protesta contra el presidente Nicolás Maduro en isla Margarita. Braulio Jatar
estuvo 36 horas sin paradero conocido hasta que el Sebin informó que lo tenía
detenido, después de lo cual continuó sin que le permitieran tener contacto con
familiares ni abogados. Formalmente, el periodista habría sido imputado con el
delito de “legitimación de capitales”.
La CIDH y su Relatoría Especial expresan profunda preocupación por la
presunta manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales
con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a
la libertad de asociación, expresión y participación política de líderes de la
oposición venezolana, manifestantes y periodistas. En particular, preocupa que
las detenciones realizadas en represalia a expresiones de protesta hayan sido
precedidas por declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios
públicos y que puedan estar basadas en acusaciones falsas o denuncias
infundadas. El poder punitivo del Estado no puede ser utilizado como pretexto
para limitar derechos fundamentales. Particularmente, el Estado tiene el deber
especial de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran
realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos, o
limitados en cualquier forma en sus derechos por el simple hecho de estar
ejerciendo su profesión.
Es obligación del Estado respetar y garantizar el derecho de todos los
ciudadanos de participar en la vida política de su país, de reunirse en manifestaciones
públicas, y de criticar o de oponerse al gobierno, propiciando el
fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político.
La CIDH y su Relatoría Especial hacen un llamado al Estado de Venezuela
a cesar todas las detenciones que se realicen al margen de la ley, y asegurar
que cualquier detención sea llevada a cabo con estricto apego al derecho de la
libertad e integridad personal. En particular, insta al Estado a no dar curso a
procesos judiciales sin sustento en contra de líderes políticos, periodistas y
manifestantes.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene
el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
Datos de contacto:
María Isabel Rivero
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
Tel: +1 (202) 370-9001
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