Omar Barboza Gutiérrez 25 de septiembre de 2016
El
Presidente Maduro está contando con la crisis ética que se ha apoderado del
control de importantes instituciones que deberían ser fundamentales para la
buena marcha de la República, con el fin de mantenerse en el poder en contra de
la voluntad de la gran mayoría de los venezolanos.
Un
ejemplo de ello es la decisión tomada por las rectoras del CNE, que comienza
por violar lo dispuesto en el Artículo 72 de la Constitución el cual establece
que el 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción por
la cual fue elegido el funcionario cuya revocación se solicita, deben expresar
su voto favorable a la solicitud, dejando claro con eso que el ámbito dentro
del cual debe desarrollarse el revocatorio en este caso particular, es todo el
territorio nacional por cuanto se trata del Presidente de la República, por lo
que si el 20% de los electores se pronuncian en favor de la solicitud el
revocatorio queda convocado sin depender de que en algún Estado ese porcentaje
se alcance o no.
A
pesar de ello, la mayoría del CNE decidió que en cada Estado se debe cumplir
con ese 20% como si el Presidente hubiese sido electo en un ámbito estadal, de
esa manera facilitan la estrategia del gobierno de impedir con represión u
otras trampas que se alcance el 20% en cualquiera de los Estados.
Uno de
los aspectos más graves de esa decisión, tiene que ver con el hecho de que para
los días 26, 27 y 28 de octubre, fechas fijadas para apoyar la solicitud del
revocatorio, solo se habilita la cantidad de 5.392 máquinas de votación, lo
cual significa que el CNE le está negando el derecho al voto a más de 14
millones de ciudadanos con derecho a votar en este proceso, por cuanto si
tomamos en cuenta que una alta participación de electores diarios por máquina
sería de 300 electores, eso sumaría 4.852.800 votos en los tres días, siendo el
número de electores con derecho a participar de 19 millones de venezolanos,
significa que se le estaría negando el derecho a unos 14.147.200 de electores.
Tomando
en cuenta que el requisito para llegar al 20% son unos 4 millones de votos, la
decisión tomada limita gravemente el derecho Constitucional a solicitar el
revocatorio presidencial que tenemos todos los venezolanos; sobre todo cuando
tenemos la reciente experiencia de que para lograr el 1% de las firmas se
ubicaron máquinas donde hay pocos electores y se limitaron al máximo donde está
la mayor cantidad de votantes.
Un
ejemplo claro de la vulgaridad de esta decisión, por su sesgo inaudito, es que
para las últimas primarias realizadas por el PSUV, el CNE facilitó 8.300
máquinas. Nadie se explica el hecho de que luego del fallecimiento del
Presidente Chávez este CNE organizó y realizó una elección presidencial en 39
días, y ahora dicen que no pueden hacer el revocatorio, que de hecho es más
sencillo, en 6 meses. La mejor demostración de que no es un problema de tiempo,
sino que se trata de que el gobierno le tiene miedo a cualquier elección, es
que las elecciones para gobernadores previstas Constitucionalmente desde 1999,
tampoco las quieren hacer este año, y el Ministerio de las Comunas acaba de
suspender las elecciones de los Consejos Comunales. Para complacer al
Presidente las rectoras adelantan la intención de hacer el revocatorio en el
2017.
Evidentemente,
esa mayoría del CNE desconoce el Artículo 5° de la Constitución, que dispone
que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo que la ejerce mediante
el sufragio, y que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a
ella están sometidos. Esa mayoría del CNE ha decidido que solo está sometida a
la voluntad del Presidente de la República que quiere evitar que se exprese el
rechazo del pueblo. Además, las rectoras violan lo dispuesto en la parte final
del Artículo Constitucional 293, el cual establece que los órganos del Poder
Electoral “… garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad,
transparencia y eficiencia de los procesos electorales”.
Al
pueblo de Venezuela le consta el esfuerzo de la Unidad Democrática, para buscar
una salida a la grave situación que vive Venezuela por la vía electoral y
constitucional. Hoy presenciamos cómo el órgano del Estado que debe garantizar
el ejercicio libre de los derechos políticos, y en especial el sufragio, se
convierte en un cómplice abierto de los que pretenden retener el poder en
contra la voluntad de quienes detentan la soberanía popular, que son los
electores, los cuales son los que le dan legitimidad a los órganos del Poder
Público, incluyendo al Presidente de la República y también al CNE.
El
pueblo en la calle le responderá a quienes pretenden seguirlo humillando sin
reconocerles sus derechos. El cambio político es inevitable, necesario y
urgente.
Omar
Barboza Gutiérrez
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