Por Hugo Prieto
En diciembre de 1999, el
chavismo se presentó dividido en el estado Aragua a la elección de la Asamblea
Constituyente, lo que le permitió a Antonio Di Giampaolo salir electo como
constituyentista y convertirse en corredactor de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
A partir de ese año, el país
se embarcó en un proceso político, cuyo trazo podría describir la forma de una
elipsis. Esperanza en un comienzo y frustración al final. “Estamos inmersos en
un torbellino que podría arrastra la suerte de la república”. No hemos llegado
al desenlace, pero sí al borde del precipicio.
Di Giampaolo contextualiza la
trama que siguió al proceso constituyente y el fraude constitucional que se
inició desde el mismo comienzo en que una entidad supraconstitucional, el
famoso Congresillo que presidió el difunto Luis Miquilena, designó a las
autoridades de los poderes públicos, sin apego a las exigencias que establece
la Constitución, pero en sintonía con una transitoriedad, cuyo germen era no la
confusión, sino la perversión de hacer del Estado, el partido y el gobierno la
misma cosa. Esto devino en la crisis del andamiaje institucional del país. Y
del punto muerto de la vida política al que hemos llegado.
Di Giampaolo, integrante del
grupo de constituyentistas en Defensa de la Constitución, enarbola dos
principios. Uno, los ciudadanos pueden o no estar de acuerdo con la Carta
Magna, pero es el contrato que nos rige. Y dos, en materia de Asamblea
Constituyente, el pueblo “tiene la primera y la última palabra”.
El objeto de la Constitución
de 1999 era crear un Estado social de derecho y de justicia. ¿Durante el primer
mandato del presidente Chávez se avanzó en ese objetivo? ¿El país toma otro
curso a raíz de la propuesta de reforma constitucional de 2007? ¿Es decir, a
raíz de la propuesta de reelección indefinida que incluía otros temas?
Yo creo que la Constitución
del 99 es buena y perfectible. Incluye una serie de garantías y derechos, que
no estaban consagrados, por ejemplo, en la Constitución del 61. ¿Pero por qué
llegamos al cambio constitucional? Porque había una serie de demandas y
exigencias, entre otras, las planteadas por la Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado, que no fueron atendidas. Progresivamente, se fue
deteriorando el andamiaje institucional del país, así como la situación
económica. Así que había un sentimiento nacional de cambio y transformación que
el ex presidente Chávez supo interpretar. De hecho, nombró una comisión
constituyente que nada tiene que ver con la que acaba de nombrar Maduro, por
varios motivos. Uno, la amplitud con la que aquella fue constituida o
conformada. Dos. Por las razones por las cuáles se llamó a un proceso
constituyente. Es decir, era una cosa estructural, no un asunto coyuntural, un
problema del gobierno. Pero la Constitución del 99 está en deuda con varios de
sus propios postulados.
¿El primer mandato de Chávez
estuvo en sintonía con el proyecto constitucional?
Desde la propia conformación
de los poderes públicos, no se aplicaron los procedimientos que la propia
Constitución establecía, entre otras cosas, porque había un período de
transición. No se hizo así ni al comienzo ni durante los períodos posteriores.
Siempre estuvo presente la confusión o más bien la perversión que hace del
Estado, el partido y el gobierno la misma cosa. Cuando tú tienes esa práctica,
lo que hagas desde el gobierno, que a su vez viene ordenado por el partido,
termina oprimiendo, asfixiando al ciudadano. Eso es lo que tenemos actualmente.
Eso empezó con la designación de los propios magistrados. No hubo comité de
postulaciones, sino una designación exprés. Tal como ocurrió en diciembre de
2015, por parte de una Asamblea Nacional fenecida. A lo mejor en aquellos
tiempos chequera mataba a galán.
Hoy no hay chequera.
No sé si hay galán… no hay.
Pero los reclamos de la gente, las exigencias del país, se empezaron a sentir
desde el propio comienzo.
¿El fraude constitucional se
incubó desde el momento del parto?
Allí están las actas y los
debates que precedieron al nombramiento de las nuevas autoridades del país, lo
que se hizo por métodos distintos a los establecidos en la Constitución. Se
dijo entonces, que no se podía hacer de otro modo porque había un período de
transición. En realidad se siguieron criterios partidistas, que han prevalecido
en el tiempo con mayor o menor intensidad. La conformación de los poderes
públicos no se expresó de acuerdo con la correlación de fuerzas. A lo máximo
que se llegó, en el caso del CNE, es que uno de los rectores fuera alguien no
vinculado al gobierno. Pero en los poderes públicos, aquí todo el mundo tiene,
en mayor o menor grado, el corazón rojo rojito. Eso no se puede esconder. ¿Qué
ha pasado con esta Constitución? ¡Ah!, quienes la promovieron la han terminado
violando, mientras que quienes la adversaron han terminado por defenderla. A la
vez ha ocurrido algo muy relevante. Amplios sectores del país se han apropiado
de ella. Y eso explica, en parte, la confrontación que estamos viviendo.
El desarrollo de la
Constitución sólo era posible mediante la promulgación de nuevas leyes, pero
eso no se hizo.
Muchas de las disposiciones
transitorias, consagradas en la Constitución, aún están pendientes: en el plano
laboral, así como en el plano de la seguridad social, entre otros. Hay también
disposiciones económicas. En Venezuela, por ejemplo, la devaluación está
prohibida constitucionalmente. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Venezuela
está obligado a defender el valor del bolívar y a establecer políticas, junto
con el Ministerio de Finanzas, para garantizar la sustentabilidad económica del
país. Esos planes se hicieron. Sin embargo, hemos tenido devaluación de forma
persistente y consistente. A pesar de que la Constitución ordena apoyar la
producción interna, aquí se exacerbaron las importaciones a través del mecanismo
del régimen cambiario. Eso, que tampoco lo establece el régimen socioeconómico
de la Constitución, fue destruyendo el aparato productivo del país. Muchas
empresas se convirtieron en depósitos. Eso es parte de lo que nos está pasando
hoy en día.
Antonio Di Giampaolo retratado
por Manuel Reverón
El sueño de construir un
Estado social y de derecho duró muy poco. Digamos, el lapso que duró la campaña
electoral para la aprobación de la Constitución.
Lo que ocurre es que se
inventó una instancia paraconstitucional, el Congresillo, y las últimas
designaciones (poderes públicos), que se hicieron desde allí. Frente a lo cual
muchos nos opusimos y lo condenamos. Pero eso no es culpa de la Constitución,
sino de los hombres y mujeres que estaban obligados a cumplirla y hacerla
cumplir. ¿Cómo podías designar a las autoridades del país? Digamos,
asignándoles un carácter transitorio, pero muchos de esos “transitorios” fueron
ratificados después. Pero además es público y notorio cómo un funcionario sale
de un cargo a otro.
De un cargo del gobierno a uno
del Estado. Por esa perversión de entender que Estado, gobierno y partido son
la misma cosa. ¿Qué otros elemento, cree usted, descarriaron el proceso
constituyente?
El principio de la
unicameralidad le ha hecho mucho daño al funcionamiento institucional del país.
Además de que eso no tiene nada de bolivariano, porque el propio Bolívar
rescataba la bicameralidad en el Congreso de Angosturas. Eso apuntala el
centralismo. Venezuela no es un país pequeño, ni tampoco homogéneo. El que no
haya una representación equivalente de los estados ha influido en que las
regiones más pobladas son las que llevan la voz cantante en las preocupaciones
y orientaciones del Ejecutivo. La Constitución dice que Venezuela es un estado
federal. ¿Cómo es que no tienes representantes parlamentarios por Estados? Es
decir, no todos tienen el mismo peso. Pero la unicameralidad también ha hecho
daño en la asignación de los recursos, en la representación y en la exigencia
de las autoridades en el funcionamiento y la igualdad de los estados. No tienes
una representación igualitaria y paritaria en el país.
En un momento, los
constituyentistas acordaron que el nombre de la república quedaría tal cual,
República de Venezuela. Pero Chávez, que en ese momento estaba en el exterior,
regreso al país y apenas poner pie en Miraflores, dijo. No, esto no es
negociable. Y así fue como llegamos al nombre de República Bolivariana de
Venezuela. No sé si es una inferencia, una sospecha o, simplemente, piensa mal
y acertarás. ¿Pero todas esas prerrogativas que fortalecieron al Ejecutivo
fueron exigencias de Chávez?
No sabría decir si fue así,
porque yo no trabajé en la comisión que trató el tema de los poderes públicos y
en particular el tema presidencial. Por supuesto, yo estuve presente en el
debate y me opuse a la exacerbación de las competencias del Ejecutivo en casi
la totalidad de las esferas del país, así como de la prolongación del mandato
presidencial. Yo era partidario de la reelección, pero por un solo período
(cuatro años) y menos aún de la reelección indefinida y sempiterna, que es lo
que actualmente tenemos.
Qué es otra perversión.
Será de las cosas que,
eventualmente, habrá que corregir. Así como la necesidad de buscar un mecanismo
para que la independencia, equilibrio y equidad de los poderes públicos, se
materialice de manera más concreta. La Constitución consagra la cooperación y
concurrencia de los poderes públicos en la atención de los problemas del país,
pero también consagra la separación, el equilibrio y la independencia. ¿Cómo
conjugar la concurrencia de los poderes?
Ciertamente, es un tema
pendiente.
Y lo puso en evidencia las
sentencias 155 y 156 del TSJ (que entre otras cosas usurpan las funciones de la
Asamblea Nacional).
Déjeme formularle la pregunta
de otra forma. ¿Hubo negociaciones o simplemente se complacieron las exigencias
del ex presidente Chávez?
¿Cómo fueron las
negociaciones? Es un tema frente al cual yo no tengo información. Pero hubo
cosas que sorprendieron mucho. Porque había constituyentistas, por ejemplo, que
tenían posturas según las cuales el período presidencial debía ser de cuatro
años y finalmente se aprobó un sexenio. Otro tema fue en el nombre de la
república, en una primera discusión se dejó tal cual: República de Venezuela,
incluso con la aprobación del hermano del ex presidente Chávez, Adán Chávez. En
una segunda votación, que además se pidió que fuera nominal, para ver quien
votaba por una cosa u otra, se impuso una cosa totalmente distinta. Pero
también hubo ahí otras cosas que llaman poderosamente la atención. Siendo una
Constitución, que se pretendió llamar bolivariana, debió ser bicameral, pero se
impuso la tesis de la unicameralidad (patrocinada por Hugo Chávez).
El art. 328 abrió un boquete
por el cual los militares, que ahora participan en el desarrollo de la nación,
tomaron el control de órganos muy importantes del Estado, desde la distribución
de alimentos, hasta las finanzas públicas, pasando por la actividad pesquera.
También está el tema de los ascensos. ¿Qué puede decir sobre estos asuntos?
Sí, llegamos a tener generales
para la harina, la carne, la papa, los guisos. Si hay un principio consagrado
en el pensamiento bolivariano es la sujeción del poder militar al poder civil.
Y una manera de establecer un control es el tema de los ascensos de los altos
oficiales, pero se decidió que no, porque era una perversión que la vida
partidista tuviera incidencia en la estructura institucional de las Fuerzas
Armadas.
Se sacó a colación la
incidencia que en su momento tuvo la señora Blanca Ibáñez.
Hubo referencias a ese
episodio. Pero resulta que la práctica nos ha demostrado que si había
partidización de las Fuerzas Armadas en la IV República, al menos había
pluralismo. Actualmente, no. La Constitución reza que las Fuerzas Armadas no
estarán al servicio de ninguna parcialidad política. Y es público, notorio y
comunicacional, que ocurre lo contrario. Además, no lo esconden, porque si lo
escondieran no ascienden y serían cuestionados a lo interno por el propio
gobierno y sus propias autoridades.
De ahí la
consigna, Patria, Socialismo o Muerte. O Chávez vive, la patria
sigue.
Claro, pero aquello que se
intentó corregir (la excesiva partidización) terminó siendo sustituido por el
monopolio de una parcialidad política. Hay un monopolio, evidentemente.
Todo el mundo habla de que las
Fuerzas Armadas son el ala armada del PSUV.
Claramente, se habla así.
Antonio Di Giampaolo retratado
por Manuel Reverón
Dentro del contexto de lo que
hemos hablado, cabe la tesis de que a través de formas legales, en Venezuela se
está construyendo una dictadura. De la fallida reforma constitucional, por
ejemplo, pasamos a la aprobación de un conjunto de leyes que son contrarias al
espíritu y lo que establece la Constitución. Tenemos, además, lo que ocurrió
después del 6-D del 2015, la aprobación del Decreto de Emergencia, que le ha
permitido a Maduro gobernar por espacio de año y medio sin el control de la
Asamblea Nacional. Aquí no hace falta que se discuta el presupuesto nacional,
ni la aplicación de políticas públicas. Aquí no hace falta el estado de
derecho. ¿Cómo ve esa trayectoria y en qué puntos podría detenerse para poner
de manifiesto el autoritarismo y la militarización de la sociedad?
Si aquí no se impone la
Constitución, lo que va a terminar rigiendo es la ley del talión: ojo por ojo y
diente por diente. La Constitución recoge una serie de principios frente a los
cuales los ciudadanos podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero es lo que
nos rige. Esta Constitución consagra la existencia de los poderes públicos,
pero si a través del control institucional, a uno de ellos (Asamblea Nacional)
lo minimizas y llegas, en una primera fase, a anularlo y luego a ignorarlo,
porque eso fue lo que dijo la sentencia 156 del TSJ, el remedio terminó siendo
peor que la enfermedad. Tú sabes que en esa instancia, los magistrados pueden
aclarar su sentencia, pero ¿Cómo aclaras que en Venezuela no hay inmunidad
parlamentaria?, ¿Cómo es que las funciones de un poder público las puede
ejercer otro? Si te pones a aclarar eso, es porque no hay Constitución. No
aclares que oscureces. Y eso fue lo que ocurrió realmente. Por eso digo que el
remedio resultó peor que la enfermedad. Y la solución que se buscó es realmente
insólita. Eso fue lo que puso de bulto lo que varios sectores del país venían
denunciando desde hace tiempo. Que hay un quiebre institucional en el país. Que
hay un quebrantamiento del orden jurídico. Y que hay varias maneras de dar un
golpe de Estado. Así como te hablan de guerra no convencional, hay golpes de
Estado que no son tan convencionales. Y hay maneras de darlo y esto fue lo que
ocurrió con la sentencia del TSJ.
Esto es golpismo de librito.
Lo que ocurrió en la primera
etapa de Chávez, cuando se pretendió subestimar al gobierno, ahora está pasando
al revés. Ustedes, oposición, no son mayoría. Los que ustedes deciden en la
Asamblea Nacional no tiene ningún efecto legal. Por ahí llegamos a un método
distinto al de la confrontación política. Porque si destruyes la
institucionalidad del voto, no importa que logres conformar una mayoría,
no importa que esa mayoría se exprese, porque yo la puedo
desconocer… estamos transitando un camino muy peligroso. Un camino donde
en lugar de la Constitución podría imponerse la ley del talión, y eso es muy
peligroso en cualquier sociedad. Yo no quiero eso para mí país. Creo que hay
gente dentro del gobierno y, por supuesto, dentro de la oposición, que tampoco
lo quiere. A través del congreso de la patria y el parlamentarismo de calle, se
intentó desconocer a la Asamblea Nacional. Si no le das al voto el valor que
tiene, lo que vas a hacer es dinamitar la expresión popular.
¿Además del manifiesto público
que dieron a conocer que iniciativas van a llevar adelante los
constituyentistas en defensa de la CRBV?
Este es un grupo en el que
cada quien, con sus particularidades, hace un esfuerzo por concentrarnos en la
defensa de la Constitución. Son varias iniciativas. Está, por ejemplo, el
Bloque Constitucional, que es un grupo de trabajo muy valioso. Recientemente,
se creó el Frente en Defensa de la Constitución, a instancias de la Asamblea
Nacional, que también reúne a un conglomerado de personas y de instituciones de
la vida nacional, que independientemente de sus posturas políticas —aquí hay
gente que viene del 4-f, así como de las academias— coinciden en la necesidad
de la Constitución. ¿Y en qué coincidimos? En un punto fundamental: en materia
de constituyentes el pueblo tiene la primera y la última palabra. En esto
coinciden desde Florencio Porras hasta Ricardo Combellas, por mencionar dos
nombres. Yo no puedo entender que dos personas que lean la Constitución, saquen
conclusiones distintas. Pienso que es porque estamos viviendo este tiempo, en
el que si ellos dijeron revolución, nosotros dijimos democracia. El antagonismo
político no nos permite ver más allá de la coyuntura. Tenemos que hacer un
esfuerzo por levantar la mirada y ver más allá. Te das cuenta que esta
confrontación, en la que el país está inmerso, necesita buscar cauces que abran
caminos a la participación ciudadana.
La oposición está pidiendo que
se aplique la Constitución, así como la comunidad internacional y más
recientemente ustedes, los constituyentistas.
Todo el mundo pide lo mismo.
Pero fíjate que curioso. Estamos volviendo a los tiempos de Monagas en los que
la Constitución servía para todo. Porque tirios y troyanos dicen valerse de
esta Constitución para hacer cosas distintas. Unos dicen una cosa, después de
haberla leído y otros dicen algo totalmente distinto después de haberla leído.
Es sorprendente, pero lo explica el antagonismo político y frente a eso
cualquier consulta electoral que se haga podría poner en evidencia de qué lado
está la mayoría. Y, además, que iniciativa política respalda el elector. Hasta
un referéndum, cuya pregunta sería. ¿Quiere usted o no una nueva Constitución?,
podría ser una solución. Esto no es un conflicto legal, no es un conflicto
constitucional, sino un conflicto político. Maduro podría hacer la pregunta,
pero como sabe cuál va a ser la respuesta, no la hace. Eso es lo que nos está
pasando.
Más allá de ciertas consignas,
no veo en las protestas de calle una defensa contundente de la Constitución.
Las concentraciones de la
protesta son cada vez más numerosas, más contundentes, pero ciertamente no es
la totalidad del pueblo. Pero si les dices a esos ciudadanos. Mañana hay
una elección para definir el curso político del país. Tú tienes a toda la
gente en la calle participando electoralmente, para decidir su destino. Lo que
falta es una consulta electoral. Y ahí sí, muchos ciudadanos que no marchan
acudirían a las urnas para decidir su destino.
Hay la impresión de que la
calle nos va a llevar a un desenlace, porque un solo hombre podría cambiar el
curso de la historia, como lo dijo Julio Borges, presidente de la AN. Quizás un
magistrado o un militar. Igualmente, está la idea de que los militares van a
dejar de reprimir y se van a poner del lado del lado de la protesta, del
pueblo. Lo han dicho tanto dirigentes políticos como agitadores en las marchas.
Pero también están los que defienden la Constitución. Hay unos que quieren una
solución inmediata y otros que creen que hay una solución política que está en
la Constitución. ¿Cómo se compaginan ambas cosas? ¿Cómo se va a resolver eso?
No estoy en capacidad de decir
cómo se va a resolver esta situación, sólo podría adelantar la forma en que yo
quisiera que se resuelva. Si la protesta en la calle termina exacerbando la
anarquía, porque factores infiltrados o factores del gobierno la penetran, por
ejemplo, el gobierno terminaría fortaleciéndose. Ahora, en la medida en que la
protesta sea masiva, cívica, ciudadana, es otra historia. Yo lo que creo es que
esto requiere la combinación de varios factores. ¿Cuáles serían? La protesta
cívica de la gente, el reclamo y la exigencia del cumplimiento de la
Constitución y, finamente, la posibilidad de que los ciudadanos se expresen en
las urnas para decidir su destino. Yo creo que la combinación de esas tres
cosas puede ahorrarle al país, y yo espero que eso sea así, lo que los
académicos han llamado la senda de la conflagración civil. Y yo le agregaría el
escenario donde se aplicaría la ley del talión.
Usted plantea que la
combinación de esos tres elementos podrían desembocar en la salida pacífica,
democrática y electoral, ¿Pero eso se va a conseguir este año o en qué plazo?
Yo tampoco tengo una respuesta
para esa pregunta, tendría que tener una bola de cristal por delante. Pero yo
sí creo que la represión, que ha sido brutal, la utilización de tribunales
militares, que contraría la ley y desconoce al juez natural y el debido
proceso, están escalando el conflicto desde el gobierno. Y es conducta está
incrementando la tensión política y social. Nosotros estamos en medio de un
torbellino que puede arrastrar consigo a la república.
21-05-17
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