Por Víctor Salmerón
Después de 13 años de
controles y de quedarse sin dólares para importar a manos llenas, el sueño del Socialismo
del Siglo XXI ha dado paso a una persistente escasez de productos básicos que
el gobierno de Nicolás Maduro administra con fines políticos, como deja en
claro el documento donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
describe su estrategia para enfrentar la crisis: la Agenda de Campaña Carabobo
2017- 2021.
El instrumento que emplea el
gobierno para enfrentar el desabastecimiento son los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP) que venden alimentos a precios subsidiados a
las familias de bajo ingreso y obligatoriamente incluyen a representantes del
PSUV provenientes de las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez, La Unión
Nacional de Mujeres y el Frente Francisco de Miranda.
El boletín del Comando Central Bolivariano que
resume la Agenda Carabobo, distribuido a los militantes del PSUV el pasado 23
de febrero, deja en claro la decisión de utilizar los CLAP como herramienta
política al señalar en el punto cuatro de los acuerdos y decisiones:
“Hay que politizar la
gestión de los CLAP, en ellos, aparte del Estado Mayor de cada uno, son
sumamente importantes los jefes de comunidad y los jefes de calle, quienes
tienen que ser personas altamente politizadas para que lleven en la visita casa
por casa el mensaje de la revolución a los jefes de familia, aparte del módulo
de los alimentos. Los CLAPS son la fuerza productiva que permite
territorializar la política económica. El PSUV lucha por construir saldos
organizados desde los nuevos liderazgos que vienen surgiendo en ellos, que en
su mayoría son mujeres, cabezas de hogar, que se sumaron a través de los
CLAPS”.
Freddy Bernal, coordinador de
los CLAP, adelantó el pasado 7 de abril en declaraciones a Venezolana de
Televisión que actualmente existen 30 mil Comités y tras asentarse como el
sistema que permite a seis millones de familias obtener alimentos básicos
jugarán un rol clave en la estrategia que aplicará el gobierno para contener la
ola de protestas que comenzó hace un mes en distintas ciudades del país.
“Los CLAP son una herramienta
política para defender la revolución, aunque el beneficio no tiene
discriminación alguna. Los CLAP ahora se están estructurando como mecanismo de
defensa en el territorio y hay que decirlo le guste o no a la oposición. En el
CLAP está un miliciano y vamos a crear en cada territorio una unidad de defensa
de la milicia. En los urbanismos vamos a tener una unidad de defensa de milicia
por urbanismo porque no nos vamos a dejar tumbar”.
Al mismo tiempo los CLAP
aumentarán la lista de productos básicos a ser vendidos a precios subsidiados.
Explicó Freddy Bernal:
“Ahora vamos a otra
etapa, al CLAP materno. Unas 650 mil mujeres paren al año, 55 mil CLAP al mes.
Son dos tipos de CLAP, un CLAP antes de parir, fundamentalmente son
leguminosas, proteínas y medicinas para estabilizar, crecer y formar un embrión
bien sano. Esto está cotejado por el Ministerio de la Salud. El segundo CLAP es
el posparto que trae toallas, medicamentos, eso es parte de ir fortaleciendo
los CLAP. El otro CLAP es el de artículos de limpieza personal y limpieza del
hogar”.
Dirigir la producción
Las cifras oficiales indican
que los CLAP venden 42 mil toneladas de alimentos cada mes. Gerentes de
compañías afirman que una importante cantidad se obtiene a través de
importaciones, pero desde el 4 octubre de 2016 está vigente una resolución del
Comando para el Abastecimiento Seguro que permite obligar a las empresas,
públicas y privadas, que se desenvuelven en los sectores agroalimentario,
higiene personal y aseo del hogar, a vender hasta la mitad de su producción a
los Comités.
Recientemente el gobierno
comenzó a aplicar un mecanismo de intervención para administrar la escasez de
pan en las panaderías que genera nerviosismo en las empresas porque es visto
como el preámbulo de lo que podría suceder en los sectores que elaboran
productos que entran en la órbita de los CLAP.
Fuentes consultadas explican
que las empresas que fabrican la harina deben destinar su producción, que es
insuficiente para satisfacer la demanda por la caída en la importación de
trigo, a las panaderías que los interventores ordenan y una porción muy pequeña
se destina al sector industrial. La consecuencia es que el pan aparece en
algunas panaderías ubicadas en zonas del país donde el gobierno más le teme al
descontento de la población. Al mismo tiempo, crece la escasez de pan de
sándwich y el que emplean las cadenas de comida rápida.
Empresarios temen que esta
manera de administrar el desabastecimiento se extienda a todas las empresas que
elaboran productos para los CLAP porque implica perder por completo la gerencia
de la distribución y solo producir para el sector público.
La Agenda Carabobo contempla
“construir un nuevo esquema logístico y de distribución y un nuevo esquema de
costos y precios”.
¿Pagador del CLAP?
El gobierno avanza en la
construcción de una estructura donde las empresas, aparte de proveer productos,
podrían facilitar el proceso de cobranza de los alimentos que se distribuyen a
través de los CLAP.
El primero de mayo el
presidente de la República, Nicolás Maduro, publicó en Gaceta Oficial el
decreto 2.833 que otorga a las empresas un plazo de treinta días para que
comiencen a pagar a los trabajadores el bono de alimentación, que hasta ahora
se cancelaba a través de tarjetas electrónicas “en efectivo o mediante abono en
su cuenta de nómina”.
Agrega el decreto que el
trabajador podrá autorizar que se le descuente del bono de alimentación, que
actualmente es de 135 mil bolívares, el dinero necesario para “la adquisición
de bienes y servicios en el marco de los programas y misiones sociales para la
satisfacción de sus necesidades”.
La abogado laboral Maryolga
Girán no duda en señalar que esta disposición abre la puerta para que las
empresas comiencen a jugar un nuevo rol en el rompecabezas de los CLAP.
“Muy probablemente los
trabajadores podrán cancelar la bolsa de comida a través de este descuento que
hará el patrono y las empresas tendrán que establecer convenios de pago con los
distribuidores de los CLAP”.
El resultado
Tras un año desde que Nicolás
Maduro anunció la creación de los Comités, una incesante campaña publicitaria a
través de los medios de comunicación y el incremento en el número de familias
que reciben las bolsas de comida, no se percibe mayor ganancia política para el
gobierno, mientras que el desabastecimiento y el alto costo de la vida siguen
siendo los principales problemas de los venezolanos.
La encuesta Omnibus de
Datanálisis correspondiente a abril de este año precisa:
90,5% de la población cataloga
de mala la situación del país.
72,3% de la población evalúa
como negativa la gestión del presidente Nicolás Maduro.
37,8% de la población afirma
que su principal problema es el desabastecimiento de alimentos, 13,8% el alto
costo de la vida y 4,8% la crisis económica.
Otro estudio de
Datanálisisfechado en febrero de este año evidencia que al menos hasta hace
tres meses los CLAP no han evitado el deterioro en la calidad de vida de la
población. De acuerdo con esta encuesta:
23,7% de la población afirma
que solo come dos veces al día y 0,8% una vez al día.
Disminuye el consumo de
proteínas (pollo y carne de res) y aumenta el de carbohidratos.
La idea de crear un sistema
para administrar la escasez con fines políticos mientras la inflación se
acelera por la emisión de dinero para cubrir el déficit de las cuentas
públicas, el desabastecimiento permanece porque el pago de la deuda externa
obliga a un severo recorte de importaciones y la economía permanece hundida en
la recesión, no parece ser el camino más acertado.
20-05-17
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