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lunes, 15 de mayo de 2017

Traje a la medida, por Armando Chaguaceda



Armando Chaguaceda 14 de mayo de 2017

Que el gobierno de Cuba sirve al de Venezuela como sostén es cosa sabida. Sus aparatos de inteligencia convierten la militancia de oposición en disidencia perseguida.

El control y propaganda comunicacionales, que invisibilizan la crisis política y humanitaria venezolanas, amplifican su mensaje vía Telesur.

Los hoy maltrechos servicios básicos —con los que Chávez remontó su impopularidad de 2002— fueron eficaces para el clientelismo de barrio. Así, en la dimensión práctica de la política, Cuba es una variable decisiva para al mantenimiento de un régimen que goza hoy de menos del 20 % de apoyo poblacional.

Donde la referencia ha sido más accidentada y velada es en el carácter modélico del diseño institucional cubano, como horizonte deseable del chavismo. Si bien tuvo siempre en su seno y liderazgo pulsiones autoritarias, su heterogeneidad social, el eclecticismo ideológico y el contexto electoral de su ascenso al poder impidieron que la brújula del proyecto de Chávez fuese una Constitución autocrática. La de 1999, combinando el respeto a los derechos civiles y políticos de matriz liberal y las instituciones de la democracia representativa —partidos, tripartición de poderes— expandió la participación —en lo comunitario y lo pleisbicitario—, la inclusión social y los derechos humanos de forma innovadora y generosa. Fue postliberal, no antiliberal e incluyó mecanismos que permitieron al soberano —el pueblo real, diverso y dinámico— apoyar unas propuestas del Ejecutivo (revocatorio presidencial de 2004, introducción de la reelección en 2009) y desestimar otras (reforma constitucional de 2007). Siempre mediante el voto universal, libre y secreto. Por eso cuando Maduro huérfano de apoyos, convoca a una Constituyente popular adhoc, es una trampa. Su “pueblo” es una fracción minoritaria, sujeta al control político y la lealtad ideológica, de la ciudadanía. Menguada por el número y la filiación. A la que pretende usar, mediante un esquema corporativo y designación vertical, para asesinar la Constitución vigente. Y en eso, ahora desde el lado normativo, soplan vientos caribeños.

El parto de la Constitución cubana fue la antítesis de la democracia y el republicanismo. Su redacción fue obra de un órgano de 20 miembros, designado por la máxima dirección estatal y partidista, de la cual recibió indicaciones especificas en cuanto a contenidos y principios básicos. A diferencia de sus predecesoras liberal (1901) y social (1940), la Constitución estalinista de 1976 no emanó de una asamblea convocada y electa. Su Anteproyecto fue probado en el Primer Congreso del Partido Comunista, único. La deliberación popular en el “proceso constituyente” fue conducida centralmente, sobre pautas preestablecidas. Sin posibilidad de que la diversidad social y política pudiera reconocer(se), comunicar horizontalmente ideas, contrastar puntos de vista entre sí y respecto a la propuesta oficial. Se trató de una participación fragmentada, con escasa posibilidad de control de la agenda. Luego, esa Constitución ha sido reformada dos veces (1992 y 2002), siempre bajo los designios del poder. La Asamblea Nacional cubana es un “parlamento” que no delibera ni legisla, que sesiona poco y vota unánime. Como a sus primas del mundo soviético, la Constitución le otorga formalmente la primacía; pero el poder real reside en los Consejos de Estado y Ministros y, por encima de todo, en el Politburó del Partido único. Hacia allí quiere dirigirse Maduro. A suprimir, de jure y/o facto, la pluralidad, debate y autonomía políticos, incluidos los de sus aliados. Para ello trae, desde La Habana y con ciertos bordados mussolinianos, un traje a la medida.