Miguel Méndez Rudolfo 04 de noviembre de 2017
Maduro,
actuando en forma prepotente como si se dirigiera al pueblo de Venezuela,
impone a los inversores internacionales, tenedores de bonos venezolanos, una
refinanciación y reestructuración de la deuda. Lo hace en los términos en que
suele negociar en el país: lo toman o lo dejan. Cierto es que se cuidó mucho de
pagar, aunque con atraso, los vencimientos del último mes, y además prometió
que Venezuela seguirá cumpliendo con el pago de la deuda. De todas maneras,
este anuncio que busca simultáneamente dinero fresco además de cambios en los
pagos, términos, intereses y fechas de vencimientos de nuevos títulos, canta
una especie de default y se puede catalogar de muy ambiguo. El tema es que lo
que Maduro plantea como una salida fácil, es una negociación cuesta arriba. En
efecto, las sanciones impuestas por USA que impiden a sus nacionales pactar con
el gobierno de Venezuela, las sanciones que va a imponer el FMI al país, la
presión que ejercerá el sistema financiero internacional por lograr el pago de
la deuda, la posibilidad del embargo de los bienes de Citgo o de su factura
petrolera en caso de incumplimiento y la obligatoriedad constitucional de que
la Asamblea Nacional le dé el visto bueno a las negociaciones, hablan por sí
mismas de las dificultades que tendrá la renegociación la deuda.
La
deuda pública venezolana consolidada, incluyendo al gobierno central y a Pdvsa,
se ubica en US$ 150.000 MM, cantidad que generará pagos anuales de alrededor de
US$ 9.000 MM, para los años 2018, 2019 y 2020. Los inversores extranjeros,
principalmente de USA, Canadá y Europa, concentran 70% de los tenedores de
bonos. Inversores venezolanos, vinculados al gobierno, tienen el 30% restante.
Son estos últimos los que más presionan por el pago y como están coludidos con
altos funcionarios públicos y del PSUV, las posibilidades de alguna forma de
cumplimiento son probables. Con un nivel de reservas de US$ 10.000 MM Venezuela
debe pagar en lo que resta del año alrededor de US$ 1.800 MM y unos US$ 8.000
MM en 2018. Al igual que en caso de los bonos basura argentinos, renegociados
en 2001, muchos bonos venezolanos carecen de una cláusula de acción colectiva
(donde se impone el acuerdo con la mayoría), por lo que una minoría que se
sienta lesionada puede demandar, tal como lo hicieron los fondos buitre, que
terminaron ganando en las cortes americanas, lo que pone en peligro los activos
venezolanos en el exterior, así como las facturas petroleras, no solamente de
Citgo.
El
gobierno que no entiende nada y que pone al frente de la renegociación al Vice
Presidente El Aissami y al Ministro de Finanzas, Simón Zerpa, ambos previamente
sancionados en forma individual por EEUU, busca simultáneamente una
refinanciación y una reestructuración. En tanto que la primera es una oferta a
los inversionistas para que estos accedan a un cambio voluntario de los bonos,
la segunda no es de libre elección, sino que se obliga a los acreedores a
aceptar nuevos papeles; sin embargo, ambas opciones están negadas, desde el
momento que el país está imposibilitado de emitir nuevos papeles, debido a las
sanciones del gobierno americano.
La
pretendida renegociación generó que los bonos venezolanos bajaran hasta 20
puntos. Para algunos analistas Venezuela quiere ganar tiempo para recomprar más
adelante una parte de su deuda a precios de remate; sin embargo, como no tiene
liquidez, tal adquisición la haría a través de los chinos y los rusos. Esta
posibilidad, a nuestro entender, luce improbable ya que desde septiembre Rusia
negocia la reestructuración de su deuda con Venezuela, tanto en conversaciones
bilaterales como en contactos dentro del Club de París. A todas estas, la
pregunta clave es si el gobierno estará dispuesto a cumplir sus obligaciones en
el supuesto que no se alcance un acuerdo con los tenedores.
Miguel
Méndez Rodulfo
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