Por Froilán Barrios
“Actualizar, actualizar” es la frase
aterradora que pronuncian a todo pulmón propietarios y gerentes de bodegones,
mercados, bodegas, taguaras, licorerías, supermercados de alcurnia y
establecimientos de todo género, en pueblos y ciudades de Venezuela al finalizar
cada jornada diaria, asignando a motu proprio los nuevos precios de las
mercancías en venta para el día siguiente, cuya onda expansiva se multiplica
con el IVA pagado también por el consumidor.
Lo curioso del unilateral
modus operandi es que la sincerización de los precios de los productos, siempre
ocurre en una sola dirección, vertical ascendente, jamás en otro curso, bien
sea horizontal de mantener el precio de la mercancía o hacia una rebaja
moderada. Como ocurriera la semana pasada, cuando el dólar registró una
cotización descendente de 80.000 bolívares a 61.000 bolívares durante 4 días,
sin ser tocados ni con el pétalo de una rosa los precios de los productos.
Sin piedad alguna con la
población consumidora de un país donde los ingresos en bolívares sufren los
embates permanentes de una economía que impone los precios en dólares, a un
ritmo tan vertiginoso que cada noche al acostarse deshoja la margarita pensando
qué va a comer su familia al amanecer.
Esto ocurre en una de las
economías más reguladas del planeta por un Estado policial que ha creado un
entramado de leyes orientado, según el “presidente obrero”, a combatir el
capitalismo salvaje, con la ley de precios justos, impuestos a granel desde el
IVA, el ISLR, impuestos a las grandes ganancias, Ley de los Consejos
Productivos de Trabajadores, entre una prolífica lista de normas para controlar
los sectores productivos a su capricho.
Son tantos los dislates de
esta economía irracional que las teorías económicas clásicas, comenzando por
los liberales Adam Smith y David Ricardo, El Capital de Carlos Marx, la
contemporánea ley de la oferta y la demanda, entre otras, no lograrían analizar
y descifrar el meollo de una política estatal suicida, orientada al exterminio
de los sectores económicos de una otrora nación próspera.
En realidad ningún concepto
económico fundamental logra protegerse de este tsunami devastador de la
condición humana. Citemos, por ejemplo, el salario condicionado a la
criptomoneda petro, que ha sido objeto permanente de demagogia gubernamental.
Recientemente se aumentó a 250.000 bolívares con un bono adicional alimentario
de 200.000 bolívares, en un mercado 2020 que registra una canasta alimentaria
cercana a los 10.500.000 de bolívares. Solo se puede adquirir 4% de los
productos, uno solo de estos, la leche, sobrepasa el valor del salario mínimo,
lo que constituye una burla al atribulado ciudadano.
Situación que contradice el
contenido del paquete económico gubernamental identificado con la implantación
del bolívar soberano de agosto de 2018. Mediante decreto estableció el salario
mínimo mensual calculado sobre la base del medio petro, equivalente a 30
dólares mensuales, una condición que determinaría hoy un salario mínimo de
2.505.000 bolívares, en lugar de la ridícula cantidad asignada hoy para salario
mínimo, pensiones y jubilaciones.
Esta dislocación de la
economía en la que no existe lógica racional alguna, que solo permite
protegerse al comerciante y al régimen controlar la población, es el detonante
que agravará aún más la estampida de millones de venezolanos. Los pronósticos
indican que para finales de 2020 la cifra será de 7.500.000 connacionales, si
no ocurre el fin del Estado criminal que nos azota y el cambio hacia un Estado
que dignifique la condición de vida, como lo establece la Constitución.
15-01-20
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