Voz de América 05 de marzo de 2020
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Diputados
y representantes de la presidencia interina denunciaron que la Corporación
Andina de Fomento (CAF) estaría evaluando adquirir las acciones de Venezuela
por el monto que el país le adeuda.
Julio
Borges, comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó, aseguró
este lunes en su cuenta de Twitter que la posible transacción servirá para
“limpiar su balance financiero y saldar la deuda”.
“Le
pedimos a la región su solidaridad en esta situación, pues se está generando un
precedente negativo que perjudica el futuro de las economías de América
Latina”, aseguró el también diputado en el exilio.
Por
su parte, Ángel Alvarado, diputado y economista, explicó en sus redes sociales
que de concretarse la compra, el país quedaría fuera del directorio, perdería
la línea de crédito y Caracas perdería la sede de la corporación.
Detalló,
además, que se esperaba que para este martes se resuelva este asunto en en una
reunión del directorio e hizo un llamado al presidente de la CAF, Luis Carranza
Ugarte, para que “haga lo que corresponde": declarar la cesación de pagos
y reestructurar la deuda.
Omar
Zambrano, economista venezolano, explicó que esta posible venta va en “contra
de los intereses del país” y además atenta contra el "orden
constitucional”, pues la salida de organismo multilateral debe ser aprobada por
la Asamblea Nacional.
En
diciembre, Venezuela no cumplió con un pago para el banco de unos 400 millones
de dólares, por lo que las firmas calificadoras rebajaron la nota del
organismo.
No
es la primera vez que la CAF forma parte de una polémica en la nación
suramericana. El año pasado, en el pleno del Parlamento de mayoría opositora,
hubo desacuerdo sobre un plan para atender la crisis eléctrica del país a
través de un pacto con la CAF y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
En
ese momento, Alvarado aseguró que le preocupaba la relación de la CAF con el
gobierno en disputa, así como su actuación en los últimos años. El diputado
recordó que 2017 y 2018, la corporación le prestó al gobierno del presidente en
disputa, Nicolás Maduro, dos partidas de 400 millones de dólares y 500 millones
de dólares, respectivamente, sin pasar por la AN.
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