Por Marta de la Vega
El 26 de marzo de 2020 marca
un hito histórico para la Venezuela actual, pues se abre, por primera vez desde
hace más de dos décadas, por encima del ámbito nacional, el camino para
administrar justicia, de manera eficaz, transparente, imparcial e independiente,
al imputar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Nicolás Maduro y
a 14 funcionarios de la camarilla militar civil que lo acompaña, delitos de
narcotráfico, responsables de traer anualmente cientos de toneladas de drogas
ilícitas a suelo estadounidense.
También han sido acusados
algunos de ellos, principalmente Maduro, Cabello, Padrino López, Alcalá
Bordones y el “Pollo” Carvajal, de vinculación con el narcoterrorismo, no solo
al proteger a grupos fuera de la ley entre los cuales las FARC, el ELN y
Hezbollah, que utilizan como refugio y centro de operaciones de sus actividades
ilícitas el territorio venezolano sino al formar parte destacada del “Cartel de
los Soles”, en estrecha relación con otros Carteles mafiosos del crimen
organizado transnacional. Estos cargos criminales no prescriben y tienen
jurisdicción universal, como ocurre también con los delitos de lesa humanidad.
El Fiscal General de los
Estados Unidos de América, William Barr, es quien anuncia los cargos criminales
en contra del usurpador Nicolás Maduro y algunos de sus secuaces. Las causas
están radicadas en la Fiscalía Sur de Nueva York y en la del sur de la Florida.
Maduro no tiene inmunidad ninguna. Es un reo de la justicia. En contraste, Juan
Guaidó responde a lo que denominó G. Sartori, “autoridad” (Qué es la democracia):
“La autoridad no manda,
influye; y no pertenece a la esfera de la legalidad, sino a la de la
legitimidad. Ya lo decían los romanos: la autoridad se funda sobre la dignitas”
(la dignidad).
Estados Unidos no reconoce
la legitimidad del mandato que ejerce Maduro, en Venezuela desde enero de 2019
y ha dado respaldo explícito, junto con más de 50 gobiernos democráticos del
mundo, a Juan Guaidó como presidente interino de la república, quien por ley,
en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional, fue investido de esa
autoridad, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución vigente,
reiteradamente pisoteada, como las otras instituciones políticas, por sus
propios artífices.
Son acusaciones demoledoras,
sustanciadas durante más de 10 años por investigaciones realizadas con agentes
y fiscales del Departamento de Justicia, un poder público independiente que no
responde ni a intereses del Ejecutivo ni a presiones del Congreso
norteamericano. Como a cualquier delincuente muy peligroso, toda información
que lleve a la captura de estos individuos, recibirá una recompensa, siguiendo
los procedimientos de ley.
Así lo establece la Oficina
de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento
de Estado, que administra el programa en estrecha coordinación con el
Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y
Control de Aduanas (ICE), la Administración de Control de Drogas (DEA), la
Oficina Federal de Investigación ( FBI) y otras agencias estadounidenses
interesadas.
Mientras tanto, la respuesta
de Maduro ha sido, por cadena nacional de radio y TV, de un cinismo tal que
mueve a risa, si no fuera tan trágica la situación: “Es una acción
extravagantemente extremista, vulgar, miserable, para un grupo de venezolanos
de bien…Como unos cowboys (vaqueros) racistas, les ponen precio a las
cabezas de unos revolucionarios dispuestos a combatirlos en todos los terrenos.
¡Eres un miserable, Donald Trump!” (El Nacional web, 27 de marzo de 2020).
Maduro y su cúpula de mafiosos
criminales, ante un pueblo sin brújula que vive del inmediatismo y las migajas
para sobrevivir, permanecen ajenos a los sufrimientos y el desamparo de la
mayoría desvalida, pese a las hermosas y solidarias iniciativas privadas de
personas y organizaciones civiles no gubernamentales para paliar las secuelas
de destrucción de una banda criminal que usurpó las estructuras del Estado y se
aferra al poder, no importa cuán alto sea el precio que los ciudadanos tengan
que pagar.
Mientras le niegan gasolina
en una bomba a una ambulancia con un enfermo, o a un médico que tiene el
compromiso de trabajar por la vida y contra la enfermedad, o a un paciente que
necesita diálisis en un centro médico al que no puede llegar sin carro, o a
periodistas y distribuidores de alimentos, como está previsto en el decreto de
emergencia, –mera formalidad–, la corrupción campea en todos los estratos de la
sociedad y muy especialmente entre militares y policías.
Se les ha visto pelear entre
ellos por el control del combustible y a guardias nacionales revendiéndolo en
carreteras. Con malandrines como modelos y el liderazgo sin escrúpulos del
chavismo, no nos extrañan estas prácticas cotidianas de quienes deben
resguardar el orden público, la honra, bienes, derechos y cumplimiento de los
deberes de los ciudadanos; de quienes custodian la gasolina para su justa
distribución en medio de la crisis pero hacen negociados con ella, igualmente
como con servicios de otras empresas públicas, como Cantv.
Por eso el problema es más
que un cambio de gobierno y de régimen. Recuperar la ética pública y la
privada. Romper con la moral del “sálvese quien pueda”.
De lo contrario no saldremos
del abismo: el peor daño de este régimen desde Chávez ha sido institucionalizar
la anomia moral. Por eso el dicho sabio: «la necesidad tiene cara de
hereje». Mientras sigamos en modo de sobrevivencia no se va a componer
Venezuela.
01-04-20
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