Por Víctor Álvarez
Según datos de la OPEP,
el pasado mes de junio la extracción de petróleo de Venezuela cayó a su nivel
más bajo desde 1943. El bombeo fue de apenas 393.000 barriles por día, por
debajo de los 573.000 bpd que se sacaron en mayo, para un promedio en el
segundo trimestre 52% por debajo del promedio del primer trimestre, el cual se
ubicó en 821.000 bpd.
Las exportaciones
también cayeron a solo 379.000 bpd en junio. La declinación en la extracción se
acentúa por la caída de las exportaciones, la poca producción se tiene que
almacenar y los tanques están sobresaturados, cuestión que obliga a reducir aún
más la extracción de crudos.
La combinación del
endurecimiento de las sanciones y el impacto económico del Covid-19 genera una
baja demanda, exceso de oferta y déficit de almacenamiento que la gerencia de
PDVSA no sabe cómo manejar. Esta situación se torna desesperante para un
gobierno urgido de recursos para atender la emergencia sanitaria del Covid-19 y
encarar la campaña electoral que se le encima.
Con los bajos precios
de hoy, ningún tipo de crudo de Venezuela cubre los costos. El petróleo
venezolano se vende a pérdida y mientras más se produzca y exporte más se
pierde. Al no poder explotar ni almacenar el petróleo que se extrae, PDVSA se
ve obligada a paralizar las plataformas de perforación para la extracción de
petróleo y por eso tampoco hay taladros funcionando. Según datos de Baker
Hughes, en junio no había taladros activos en Venezuela.
Maduro intenta
recuperar el control de tales fondos con el argumento de destinarlos a la lucha
contra el Covid-19 a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), pero el gobierno interino de Guaidó responde que los activos de la
República en el exterior son propiedad del pueblo y no se puede permitir que se
los roben unas cúpulas corruptas.
El agotamiento de la
renta petrolera agrava las dificultades financieras del gobierno de Maduro,
cuestión que ha recrudecido la pugna por el control de los fondos de la
República que están bloqueados en el sistema financiero internacional. A pesar
de que el gobierno de Trump ha reconocido a Guaidó -lo cual le permite la
administración de estos fondos-, al gobierno interino tampoco le ha resultado
fácil utilizar los mismos porque se encuentran sometidos a un régimen especial.
La división de la
comunidad internacional sobre quién gobierna a Venezuela legítimamente no sólo
se ha utilizado como excusa para negar las solicitudes de financiamiento hechas
ante el FMI, también ha sido el pretexto perfecto para el bloqueo de los
activos de la República, las reservas de oro del BCV y las cuentas de empresas
del Estado venezolano en el exterior. El subterfugio de no saber cuál es el
gobierno que tiene el control real de las instituciones en Venezuela ha dado
origen al despojo de los activos de la República que ni siquiera pueden ser
utilizados por Maduro o Guaidó para conjurar la amenaza del coronavirus.
17-07-20
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