Ismael Pérez Vigil 20 de julio de 2020
El
objetivo del Gobierno es mantener el poder y para ello despliega con fuerza su
estrategia. A nivel internacional es claro que busca romper el cerco al que
está sometido; al darse cuenta que las negociaciones internacionales y los
procesos de dialogo –en Oslo y República Dominicana– no le servirían para ese
propósito, canceló esos procesos de negociación y diálogo y reforzó sus lazos
con Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba y otros aliados, ofreciéndoles recursos
minerales y buscando apoyo de ellos para encarar algunos problemas. Pero es en
lo interno en donde queremos hacer énfasis, pues es lo que más nos afecta.
Por
supuesto el régimen mantiene su política de represión e intimidación, buscando
estrechar el control del país. La pandemia de la Covid19 le ha servido para
este propósito y de paso, para retrasar el impacto de otros problemas que lo
agobian: la falta de gasolina, la escasez de recursos para continuar su
política demagógica de importaciones y distribución de alimentos y otros. El
instrumento fundamental es apenas una variante del mismo de siempre: la
intimidación, no solo hacia la población en general, contra periodistas y
medios, contra organizaciones políticas y políticos, ahora también contra
médicos y personal sanitario.
Pero
una de sus metas fundamentales es lograr el pleno control de las instituciones,
que perdió en el año 2015, cuando la AN pasó a ser dominada por la oposición.
Un primer intento, fracasado, fue la elección de una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), en un proceso electoral tan burdo e ilegítimo, cuyos
resultados nunca se publicaron y que nunca logró el apoyo de la comunidad
internacional. Después de tres años, arrinconada en el Palacio Legislativo, es
muy poco lo que se sabe de la ANC y mucho menos de la constitución que estaría
elaborando; apenas ha aprobado algunas leyes, para lo cual no tiene facultades
legales, por lo que son totalmente ilegítimas; y una convocatoria, igualmente
ilegal, de un proceso electoral presidencial, adelantado para mayo de 2018, en
el cual no participó la oposición y que condujo al desconocimiento
internacional del presidente electo en esos comicios.
En
enero de este año el Gobierno hizo otro intento, igualmente fallido, al tratar
con un grupo de parlamentarios, acusados y sancionados por corrupción por sus
propios partidos, de arrebatar la directiva de la AN. Esa maniobra fue
rechazada unánimemente por la oposición democrática e igualmente por la
comunidad internacional y para lo único que sirvió fue como excusa para terminar
de despojar a la legitima AN de su edificio sede. Cambió entonces su táctica y
decidió concentrar sus esfuerzos en unas elecciones parlamentarias que le
permitan reconquistar el poder de la AN que tuvo hasta diciembre de 2015.
El
Gobierno juega allí varias cartas que buscan evadir errores cometidos en el
pasado y que le restaron legitimidad. Primero la designación de un CNE afecto a
su causa. Esa maniobra le fue facilitada por algunos de los integrantes de la
Mesa de Dialogo, la llamada “mesita”, quienes solicitaron la intervención del
TSJ para designar al CNE. La designación del CNE de esta forma está en contra
del expreso mandato constitucional, que establece que debe ser realizada por la
AN (Art. 296); pero, durante este régimen, establecido en 1999 por Hugo Chávez
Frías, solamente en el año 2006 el CNE fue designado por la AN y todos sabemos
que se trataba de una asamblea completamente dominada por el régimen, a través
del PSUV, pues la oposición se abstuvo de participar en las elecciones
parlamentarias del año 2005.
Designado
ahora de esta forma, con un cierto viso de legalidad –al menos de una legalidad
que fácilmente puede “avalar” su obsecuente Tribunal Supremo– el CNE convoca
las elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre de este año, pues según se
desprende de la Constitución y del Estatuto que rige la Transición a la
Democracia –aprobado por la AN el 5 de febrero de 2019–, en este año se deben
celebrar esas elecciones. De esta manera, el Gobierno evita cometer el error de
2018, cuando convocó un írrito proceso de elección presidencial, al que no
concurrió la mayoría opositora, cuyos fraudes fueron denunciados por algunos de
los candidatos y partidos que sí concurrieron al proceso y que finalmente fue
desconocido por la comunidad internacional. Obviamente busca el Gobierno evitar
un nuevo desconocimiento.
Por
otra parte, el Gobierno, que conoce perfectamente a su oposición, a la que le
tiene tomado el pulso, sabe que esta convocatoria será rechazada por la mayoría
opositora, al haber sido realizada por un CNE designado por el TSJ, sin las
“condiciones electorales” a las que la oposición aspira. “Con este CNE, no” y
“No hay condiciones para votar”, se han constituido en un nuevo mantra, pese a
que, como hemos dicho, los últimos CNE que hemos tenido han sido designados por
el TSJ o de manera irregular y “condiciones electorales” apropiadas, justas,
imparciales, nunca las hemos tenido, menos aún desde 1999.
De
varias maneras, que describiré a continuación, el Gobierno se asegura que todo
salga según lo planeado con sus aliados de la “mesita” y se asegura a la vez,
resultados electorales favorables; por supuesto, ésta no es una lista
exhaustiva:
Primero,
con las ventajas que le proporciona estar en el poder y usar indebidamente los
recursos del estado, podrá movilizar sus tres millones de votantes y se asegura
una muy escasa participación opositora, que se dispersará votando por las
opciones que le ofrezca la llamada “mesita”, que de alguna forma son también
votos para el régimen. Incluso no necesitará hacer mayores trampas para
asegurarse 2/3 o la mayoría de la AN.
Segundo,
se asegura controlar la “oposición” que pueda tener, no solo con la dócil
“mesita”, que comparte su estrategia de desmotivar a la oposición mayoritaria,
sino también tomando el control de los principales partidos opositores (AD, PJ
y VP, por el momento), despojándolos de sus colores, símbolos y directivas y
obligándolos a participar del proceso electoral que está convocando.
Tercero,
definiendo unas reglas de juego totalmente amañadas a sus intereses, como las
que hemos ido viendo; por ejemplo: el corto periodo de tiempo para actualizar
el Registro Electoral y el escaso y disperso número de centros de registro para
hacerlo; o la decisión de incrementar el número de diputados en un 66%, con
base en un desconocido incremento de la población y unos cálculos por
circunscripción electoral –para determinar el número de diputados– cuyos
criterios de cálculo se desconocen y hacen sospechar que no se trata más que un
acuerdo de conveniencia con sus socios de la llamada “mesita” para incrementar
el número de cargos burocráticos a ser repartidos.
Cuarto,
intensificando la continua persecución que mantiene contra los líderes
políticos y el ensañamiento contra los disidentes de sus propias filas –como el
caso reciente de Nicmer Evans– que veremos cómo arrecian en los próximos meses.
Quinto,
por si fuera poco todo lo anterior, las amenazas no cesan; como las proferidas
por el Ministro de la Defensa, el pasado 5 de julio, cuya única intención –a
pesar de sus aclaratorias posteriores– fue la de desmoralizar a los opositores
democráticos de participar en un proceso electoral, en la que no tendrían
ninguna oportunidad de salir victoriosos pues “… nunca podrán ejercer el poder
político en Venezuela”.
Continuaremos
la próxima semana con la estrategia en marcha de la oposición democrática.
Ismael
Pérez Vigil
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