Por Froilán Barrios
Si el contenido del
informe de la Encovi 2019-2020 presentó al mundo la cruenta realidad social y
económica de nuestro país, las imágenes sobrecogedoras de la diáspora
venezolana víctima del brutal impacto ocasionado por el COVID-19 en las
economías del planeta y en particular de la región andina donde se ubican
millones de connacionales, han producido en nuestra identidad una honda herida
y estupor ante la vulnerabilidad de los migrantes, que solo aspiran a pisar su
tierra antes que morir en la inopia en el extranjero.
El alma nacional está
rota al ver cómo cientos de miles de migrantes sufren el calvario, sin ningún
cirineo que los apoye, ante la andadura por páramos gélidos, llanuras y
carreteras interminables, al recorrer muchos de ellos más de 3.000 km para
llegar a las fronteras del suelo patrio. Como han declarado algunos migrantes
provenientes de Lima, Quito, Bogotá: prefieren regresar espantados al país que
los vio nacer, que morir en medio de la hecatombe de las cuarentenas en cada
uno de estos países, que ha reducido al máximo el empleo informal y formal
tanto para los autóctonos y mucho más para los migrantes.
En ese corredor andino
que incluye a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y se extiende hasta Chile,
Argentina y Brasil, pudieran ubicarse alrededor de 4 millones de venezolanos,
quienes huyeron despavoridos desde 2015 ante el espectro de la hambruna que hoy
describe detalladamente el documento reciente publicado por la UCAB. Partieron
esperanzados en una vida mejor, provenientes de un país cuyo salario mínimo
mensual se ubica alrededor de 2 a 4 dólares, para obtener ingresos promedios no
mayores de 300 a 400 dólares, y de esta manera alimentar a sus familias en
Venezuela.
Pues bien, los planes
se trastocaron con la pandemia que como rayo maligno los ha suspendido
temporalmente o quizás para siempre. Hay quienes han obtenido empleos estables,
estos son una minoría; otros se mantienen a duras penas en la informalidad; el
resto, los más vulnerables, han iniciado el retorno, por la vía terrestre,
sufriendo el acoso inclemente de los cuerpos de seguridad en cada país andino,
tratándolos como parias, discriminados y perseguidos en una suerte de
Holocausto del siglo XXI. Decenas han perdido la vida por las largas caminatas
y las agrestes condiciones del ambiente, asumiendo riesgos sobrehumanos con la
esperanza de llegar a la frontera colombo-venezolana.
Una suerte de epopeya
irónicamente contraria a aquella gestada por el Libertador Simón Bolívar en el
siglo XIX, cuando liberó a los pueblos de las naciones andinas que hoy ven con
indiferencia marchar famélicos, agotados y abandonados, signados solo por una
ambición: respirar de nuevo los aires de su tierra, sentir los olores y sabores
criollos, el calor de su gente, que solo parece compartir el alegre y gregario
gentilicio venezolano.
Toda esta épica trazada
por migrantes indefensos y desvalidos se ha topado con un muro infranqueable
por los pasos fronterizos de Cúcuta y Maicao, erigido por el gobierno nacional,
al calificarlos sus voceros de “trocheros, bioterroristas, portadores del virus
colombiano, agentes del gobierno de Iván Duque y en consecuencia agentes del
imperio norteamericano”.
En resumidas cuentas,
son tratados como apátridas al no ser ni de aquí, ni de allá, ni de ningún
lado. Aun cuando los gobiernos de los países andinos han recibido miles de
millones de dólares en ayuda humanitaria enviados por Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea, hoy estos venezolanos acampan en condiciones infrahumanas en
las fronteras ya mencionadas, en circunstancias que los han obligado a buscar
desesperadamente el ingreso por los caminos verdes para tratar de llegar a sus
hogares en suelo nacional.
Aun cuando la
Constitución Nacional establece en el artículo 50 que “toda persona puede
transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar
de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus
bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley”. Su incumplimiento signa el
destino de cientos de miles de connacionales, quienes lamentan estar
condenados en la práctica al destierro, que no solo identifica a los que
provienen de la región andina, también de Estados Unidos y España, donde por
fin se ha autorizado un primer vuelo humanitario luego de 4 de meses de
penurias en el aeropuerto de Barajas en Madrid.
Este cuadro dantesco no
exime al Estado de sus responsabilidades como bien lo establece el artículo 55
de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte
del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley,
frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la
integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos
y el cumplimiento …”, competencias omitidas por un Poder Ejecutivo de talante
autoritario cuya conducta malévola engrosará el prontuario ante los organismos
internacionales de justicia y de las Naciones Unidas.
22-07-20
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico