Por Marino J. González
R.
América Latina ha sido
afectada severamente por la pandemia. Siete países (Chile, Perú, Brasil,
Ecuador, México, Panamá, y Bolivia) se encuentran en estos momentos entre los
veinte con mayor mortalidad por covid-19 en el mundo. Las perspectivas, de
continuar la ausencia de control, es que se llegue a un millón de muertes en la
región en los próximos meses.
Actualmente, solo dos
países (Uruguay y Cuba) presentan indicadores compatibles con el éxito de las
políticas de control. Mientras la tasa de mortalidad por covid-19 en Chile o
Perú es 80 o 90 veces la de Corea del Sur, en Uruguay y Cuba es poco menos del
doble. Sin embargo, Uruguay aplicó medidas menos rigurosas, hasta el punto que
es el país de la región con la menor medición del Índice de Rigurosidad de
Políticas (IRP) en todo el período de la pandemia (72 sobre un máximo de 100).
Las medidas de control
puestas en vigor por Uruguay ilustran las restricciones que tienen la gran
mayoría de los países de América Latina en el diseño e implementación de las
políticas de salud. Estas restricciones constituyen la esencia de la brecha
institucional que debe ser considerada, no solamente en las tareas pendientes para
el control de la pandemia, sino para las próximas etapas.
Antes de la aparición
de la pandemia, Uruguay contaba con dos rasgos diferenciadores de la gran
mayoría de los países de América Latina. El primero de ellos es el
predominio del financiamiento público del sistema de salud. Es por ello que
Uruguay (junto con Cuba, Argentina y Colombia) son los países con menor gasto
de bolsillo, en niveles comparables con los países líderes en este aspecto a
escala global. Esto significa que el nivel de protección financiera de la
población de Uruguay es también uno de los mejores. En otras palabras, que los
efectos de las contingencias de salud afectan menos las condiciones de
bienestar de la población.
El segundo rasgo es que
la carga de enfermedad por enfermedades infecciosas en Uruguay es una de las
más bajas (solo superada por las de Cuba y Chile).
En consecuencia, se
puede inferir que la cobertura de servicios de salud para la población es
también una de las más altas de la región.
La declaración de
emergencia sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), a principios de año, implicaba, como estrategia general, realizar
las acciones de control que permitieran que los efectos fueran los menores, en
términos de las personas contagiadas y del número de muertes. También la
estrategia suponía que tales medidas debían tener el menor impacto negativo en
las actividades de la sociedad. Se trataba, entonces, de obtener el mayor
beneficio con la menor alteración del funcionamiento normal del país.
De acuerdo con el
seguimiento de políticas realizado por la Escuela de Gobierno Blavatnik de la
Universidad de Oxford, Uruguay no tomó ninguna de medida de control hasta el 13
de marzo, lo cual fue una práctica diferente a la realizada por otros países de
la región.
Las primeras medidas
(13 de marzo) consistieron en la cancelación terminante de los eventos
públicos, la recomendación para quedarse en las casas y evitar los viajes entre
regiones, y la obligación de cuarentena para las personas que ingresaran al
país provenientes de zonas de alto riesgo. Al día siguiente se ordenó el cierre
de todas las instituciones educativas y se iniciaron las campañas de
información a la población. De manera que cuando se reporta el primer caso de
covid-19 (15 de marzo), el Índice de Rigurosidad de Políticas (IRP) se
encontraba en 48.
Al reportarse el primer
caso, se aumenta el IRP a 52 al recomendarse el cierre de empresas y el
tele-trabajo. Al día siguiente se prohíbe el ingreso de personas provenientes
de países de riesgo (el IRP se coloca en 55). Una semana después se cierran las
fronteras, con lo cual el IRP asciende a 57. Dos días después se reducen las
opciones de transporte público con lo cual el IRP llega a 63. Ante el aumento
de los casos, se impide la movilización interna, con lo cual el IRP aumenta a
69. El punto máximo de casos se alcanza el 31 de marzo, lo cual obliga a elevar
el nivel de confinamiento (solo se permiten salidas para actividades
esenciales). De esta manera se alcanza el máximo IRP (72).
Este nivel máximo de
IRP fue mantenido solamente por 11 días (entre el 2 y 12 de abril). El punto
máximo de casos diarios en Uruguay representó la mitad (en términos de la
población) que el de Corea del Sur. Al empezar a disminuir los casos diarios el
6 de abril, se inicia la desescalada el 13 de abril (el IRP se redujo a 61, por
la reducción del nivel de confinamiento, esto es, nuevamente con la
recomendación de no salir de casa). El IRP se mantuvo en 61 hasta el 31 de mayo
cuando disminuyó nuevamente al iniciar la reapertura de escuelas. El IRP de
Uruguay se mantenía en 41 el 9 de julio (última medición reportada). El 18 de
julio se registró un número de casos diarios equivalente al 80% de los casos
del punto máximo del 31 de marzo.
El caso de Uruguay
ilustra que las medidas de control requieren condiciones de base (protección
financiera y cobertura de servicios), pero también flexibilidad para la
implementación de la secuencia de políticas de control.
La combinación de
políticas desarrollada por Uruguay es parecida a la puesta en marcha por Corea
del Sur, aunque en este último país el IRP máximo tuvo un valor menor en la
etapa de control.
La comparación con la
gran mayoría de los países de América Latina, indica que en muchos de ellos las
medidas de control comenzaron en un nivel de alta rigurosidad y no pudieron ser
incrementadas secuencialmente. Ambos aspectos son demostraciones de las
restricciones de los sistemas de política públicas (porque no es solamente el
sistema de salud), para manejar información detallada y diseñar medidas
atinadas en el control. Restricciones que se han podido agravar mucho más en el
transcurso de la pandemia.
22-07-20
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