Carlos Tablante 20 de octubre de 2020
@TablanteOficial
La
ilegítima asamblea constituyente, que se convocó ilegalmente pisoteando a la
Constitución en complicidad con un írrito Tribunal Supremo de Justicia que
judicializa la política a favor de los intereses de Maduro y su casta corrupta,
se instaló para usurpar las competencias legislativas de la legítima Asamblea
Nacional.
Sabiendo que no pueden presentar un proyecto de
Constitución en un referéndum consultivo, que sería rechazado por el 90% del
pueblo, han aprobado de manera grotesca lo que han llamado una ley
constitucional antibloqueo, lo cual es un exabrupto jurídico y político porque
las leyes solo pueden ser aprobadas o derogadas por otras leyes sancionadas por
la Asamblea Nacional. De modo que, es imposible desaplicar leyes desde el yo
prepotente de Maduro.
Tampoco puede Maduro disponer de los fondos públicos
violando las leyes del régimen presupuestario y la unidad del Tesoro. Con esta
ley pretende legalizar lo que ya venía haciendo: utilizar los recursos del país
arbitrariamente.
La ley del régimen presupuestario establece, como se
sabe, montos máximos de endeudamiento y mecanismos para la ejecución de los
presupuestos, además del control del parlamento y de una auténtica Contraloría
General. Con esta maniobra seudo-legal se faculta al Ejecutivo Nacional para no
integrar los ingresos al presupuesto sino crear fondos especiales y disponer de
ellos a su antojo. El objetivo es hacer opaca toda la administración y
convertir en delitos políticos y de traición a la Patria la divulgación y
denuncia de las actividades económicas y financieras de la cleptocracia.
Trata
de imponer también lo que en algún momento llamaron la nueva geometría del
poder, eliminando las competencias de los estados y municipios para crear un
Estado comunal como una muestra mas del espejismo del falso poder popular con
el que unos pocos enchufados se han enriquecido, mientras las grandes mayorías
son cada vez mas pobres. Mas centralismo, es decir, el Estado soy yo. Todo el
poder para el autócrata Nicolás Maduro.
bre. También tratarán de atraer a otros sectores
empresariales, hasta ahora hostiles, con negocios rápidos y extraordinarios
márgenes de ganancias, libres de controles y tributación.
Violando la Constitución, Maduro podrá entregar desde
los yacimientos hasta la etapa de comercialización del negocio petrolero, en
particular la distribución de combustibles, cuyos primeros pasos en la
privatización ya han sido dados. Se “regularizará” la importación privada y la
rescisión de las concesiones (ya concretada) será el inicio de nuevos
otorgamientos a personeros de la confianza del régimen. La liberación de
precios hasta llegar a los estándares internacionales ya ha comenzado con la
venta en dólares de la gasolina. Y así, de igual modo, se “legalizará” la
extracción y comercialización del oro y los diamantes, el coltán y otros
minerales estratégicos del Arco Minero de Guayana que actualmente se encuentran
bajo el dominio de la cúpula militar.
Para resumir, lo que Maduro quiere intentar, podríamos
decir que se trata de un híbrido de administración comunista como los de China
y Vietnam, que combinan aperturas capitalistas sin más límites que los de la
fidelidad política de las nuevas burguesías y con una institucionalidad
dictatorial que elimina las protestas sociales, los partidos políticos, los
sindicatos y restringe las expresiones de la sociedad civil. En cuanto a la
transparencia de la gestión, se acercará mucho más a Vietnam – donde la
corrupción administrativa es escandalosa – que a China, donde es perseguida con
cierta severidad.
Frente a un Maduro que se atrinchera en Miraflores – a
pesar de las gravísimas acusaciones que hay en su contra, como la de la ONU que
lo señala como responsable de crímenes de lesa Humanidad – y que en tono
amenazante dice que de allí lo sacarán muerto, la única respuesta es perseverar
y resistir con el valioso apoyo de la comunidad internacional, tal como ha
señalado en su documento la Conferencia Episcopal. Construir un escenario de
negociación es complicado pero necesario para la realización de elecciones
presidenciales y parlamentarias libres y con todas las garantías democráticas.
Carlos Tablante
@TablanteOficial
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