Por Froilán Barrios
La elección de alcaldes
y gobernadores se originó con la reforma de la Constitución de la República de
Venezuela de 1961 en 1989, a partir de la interpretación del artículo 137 de la
otrora carta magna se desarrolló el proceso de descentralización y transferencias
de competencias a los municipios, y conjuntamente la elección de gobernadores y
alcaldes desde 1989-1990. Esta experiencia significó una bocanada de aire
fresco al cuestionado Estado puntofijista, al que la población exigía cambios
significativos para oxigenar la democracia.
La riqueza de esta
experiencia descentralizadora generada en la última década del siglo XX, al
renovar y promover un nuevo liderazgo político a nivel nacional, regional y
local, le determinó un espacio importante en la actual CRBV vigente desde 1999,
aun cuando la gestión ejecutiva nacional desde su inicio y a lo largo del siglo
XXI, ha estado signado por un centralismo exacerbado contrario a lo estipulado
en el texto constitucional.
El descomunal ataque
contra la descentralización ha convertido a alcaldías y gobernaciones en una
suerte de comensales pedigüeños de segunda mesa, a quienes no se les otorga el
situado constitucional asignado a cada ente territorial, es decir, 20% para
gobernaciones distribuido luego a los municipios de cada estado, lo que ha
derivado en presupuestos exiguos para atender las condiciones de vida de la
población devenidas en condiciones de miseria absoluta. Este atropello a las
regiones ha sido promovido mediante la aprobación de leyes inconstitucionales
que rebajaron arbitrariamente el situado regional y municipal.
El desprecio del chavomadurismo a alcaldías y gobernaciones ha sido una conducta permanente, lo inició desde 2006 creando organismos paralelos, como los consejos comunales, desconociendo luego a las juntas parroquiales, posteriormente designó funcionarios arbitrariamente denominados “protectores”, cuando el alcalde o el gobernador es de la oposición, y preparando actualmente su intervención definitiva con las leyes de Comunas y Parlamento Comunal. El objetivo central de la tiranía es instalar un Estado vertical neocorporativo denominado Estado Comunal, en cuya estructura espacios democráticos regionales son contrarios a sus planes dictatoriales.
¿Que pretende hoy el
régimen dictatorial con estas elecciones regionales?
Justificar mecanismos
de distribución del presupuesto nacional a su clientela electoral, ofreciendo
335 alcaldías y 24 gobernaciones mediante una falsa consulta electoral donde
los candidatos de la dictadura son los facultados a conquistarlas, para de esta
manera obtener como premio los situados municipales y regionales que
constituyen para cada gobernador y alcalde la factibilidad de enriquecerse
“legalmente”, ante una población que sufre la ruina de los servicios públicos:
agua, electricidad, gas, telefonía, Internet, transporte, salud, educación,
alimentación y la inseguridad personal, entre innumerables calamidades.
A fin de concretar su
malévola intención envilece el proceso electoral, lo desprestigia
descaradamente ante el electorado, generando un clima de baja participación al
continuar con la represión política y violación de derechos humanos, exigiendo
al mismo tiempo el fin de las sanciones. La tiranía juega en varios tableros
sin escrúpulo alguno, orientados a bloquear toda salida electoral transparente
y mantenerse eternamente en el poder.
El contexto de
represión lo expanden igualmente a lo interno del PSUV imponiendo el
pensamiento único, incluso la genuflexión de voceros connotados que no vacilan
en acatar la línea de la dirección nacional, calificándola como la voz del
pueblo. Lo que trasluce su visión del país es decir, aplican su dictadura
interna hasta en su propio partido.
La salida de la crisis
venezolana debe darse en un contexto de comicios generales, con un sistema
electoral transparente, con la libertad absoluta de los presos políticos, la
libertad de prensa y la legalización de todos los partidos políticos. Esas
exigencias ante una dictadura contravienen sus soterradas intenciones, que hoy
están fiscalizadas por la Corte Penal Internacional ante la gravedad en las
violaciones de derechos humanos.
07-07-21
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