Centro de Comunicación Nacional 01 de julio de 2021
@Presidencia_VE
La
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, detalló en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas
aplicado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela continúa vigente.
En el
informe, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ACNUDH)
ratificó que continúa recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas
crueles, inhumanos y degradantes.
“La
Oficina recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia
sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna
acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura
entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, dice una parte del
informe publicado este jueves.
La
ACNUDH documentó nuevos casos en los que las personas sometidas a
desapariciones forzadas son sometidas a estar incomunicadas y las autoridades
se han negado a compartir su paradero con sus defensas o sus
familiares. “Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor
riesgo de sufrir malos tratos”, dijo el organismo.
Además,
advirtieron que entre los desaparecidos, de los cuales se desconoce su
paradero, se encuentra el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, quien
se encuentra detenido desde septiembre de 2018 y Hugo Enrique Marino Salas,
detenido desde abril de 2019.
Violencia
sexual en cárceles de mujeres
El
informe relató que recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en
prisión preventiva, denunciando que la mayoría de las instalaciones no están
aptas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas se
encuentran vigiladas por hombres.
“El
13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo
custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a
participar en actos sexuales. El ACNUDH saluda la acusación del agente de
policía que presuntamente disparó a la víctima, y pide a la fiscalía que
investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras
mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente
involucrados”.
La
ACNUDH denunció la violación sistemática de los derechos de las personas
acusadas a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio
imparcial y a la asistencia jurídica. En el informe documentan al menos 12
casos en lo que se detuvo a personas sin que se presentara una orden de
detención y en ausencia de flagrancia.
La
denuncia se sustenta el uso rutinario y abusivo de la detención preventiva, sin
que se presente medidas alternativas a la detención, siendo empeorando por el
contexto de la pandemia del Covid-19, donde Venezuela cuenta con un sistema de
salud deficiente y la mayoría poblacional vive en pobreza extrema.
“La
dinámica y las prácticas observadas por el ACNUDH en informes anteriores
continúan suscitando preocupación. Después de haber denunciado casos de tortura
o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a
la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados”,
expresó.
“En
algunos casos, los presuntos responsables habrían sido llamados a testificar
contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos. El
ACNUDH continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los
fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas o
abordar las preocupaciones relacionadas con el debido proceso”, dice el
informe.
Elecciones
regionales
Sobre
los próximos comicios que se llevarán acabo el próximo noviembre, la ACNUDH
reveló que el régimen induce a su población al voto, tanto antes del proceso
electoral como en su transcurso. Se destaca el secuestro o robo de las
organizaciones políticas democráticas y la usurpación de sus legítimas
directivas, así como la violación al derecho al voto directo de los pueblos
indígenas, el derecho al voto libre y justo.
“Las
autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones
prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a asistencia
social de los electores, entre otras cosas a cestas de alimentos y subsidios
monetarios. Se reportó que empleados de empresas e instituciones estatales
también fueron amenazados con ser despedidos si no votaban”, manifestó.
En
este sentido, Bachelet exhortó a que se priorice una agenda legislativa
orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, así
como que se “garantice que los espacios para la participación de la sociedad
civil”, así como también hizo énfasis en que se “garantice que se den todas las
condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e
independientes”.
Aumenta
la persecución
El
informe destacó el incremento de la persecución y el acoso contra miembros y
diputados de la legítima Asamblea Nacional, además de la elaboración o
modificación de instrumentos legales, con el fin de adecuarlos a los fines de
la persecución por razones políticas.
Además,
reafirmó que se viola la libertad de asociación, la libertad de movimiento, la
libertad de manifestaciones pacíficas, de opinión y expresión, entre otras.
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