Oficina del Alto Comisionado 13 de septiembre de 2021
@UNHumanRights
Presentación
del informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos y
la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela
Ginebra,
13 de septiembre de 2021
Señora
Presidenta, Excelencias,
Me
complace presentar mi informe sobre la situación de los derechos humanos en
Venezuela y la cooperación entre mi Oficina y la República Bolivariana de
Venezuela (HRC/45/45.2).
Tras
dos años de la presencia de mi equipo en el país, seguimos ampliando nuestras
áreas de cooperación, así como nuestro acceso y presencia. En este espíritu,
justo el viernes pasado, acordamos la renovación de la Carta de
Entendimiento, doblando el número de oficiales de derechos humanos en el país
de 6 a 12. Esa cooperación seguirá centrándose en fortalecer los
mecanismos nacionales de protección y el acceso a la justicia, así como la
asistencia técnica a la agenda legislativa, la implementación de las
recomendaciones de los diversos mecanismos de derechos humanos y las reformas
policial y judicial recientemente anunciadas.
A lo
largo del último año, hemos prestado asistencia técnica en diversas áreas,
entre ellas evaluando el cumplimiento de las instituciones públicas con los
protocolos de Minnesota y Estambul. Asimismo, estamos elaborando protocolos
adaptados para orientar una mayor rendición de cuentas y la protección de los
derechos a la vida y a la integridad física.
Mi
Oficina también ha evaluado y formulado recomendaciones destinadas a abordar
las preocupaciones relacionadas con los centros de detención preventiva.
Seguimos dispuestos a acompañar las reformas policiales y judiciales en curso
para contribuir a su conformidad con las normas de derechos humanos.
De los
casos compartidos a través de nuestros mecanismos de cooperación, 152 detenidos
han sido liberados desde junio de 2020. Reitero mi llamamiento a la plena
liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y doy la bienvenida
a la absolución de Braulio Jatar.
También continuamos acompañando a las autoridades en su preparación para el
próximo Examen Periódico Universal y promoviendo la ratificación de todos los
tratados de derechos humanos principales, como la Convención contra las
Desapariciones Forzadas.
En los
últimos dos años, mi equipo ha realizado 8 misiones a distintos estados del
país y ha visitado 24 centros de detención para emitir recomendaciones
específicas sobre la situación de los derechos humanos. Algunas están en el
informe que les presento hoy. Este informe también ofrece una visión general de
la situación de los derechos económicos, sociales y ambientales. En él, también
se describe cómo la situación humanitaria y económica preexistente se vio
agravada tanto por la pandemia de COVID-19 cuanto por las sanciones
sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi
llamado a que se levanten las sanciones sectoriales.
Reconozco
los esfuerzos realizados por el gobierno para hacer frente a los desafíos que
plantea la pandemia de COVID-19. Sin embargo, como en otros lugares, esto
significó desviar los escasos recursos de otros tratamientos médicos
necesarios, amplificando aún más la escasez en el sector de la salud, dejando a
sus profesionales y otros grupos vulnerables particularmente en riesgo. Ante la
insuficiencia de las dosis de vacunas disponibles hasta ahora, permítanme
recordar a todas y todos los presentes que el acceso a las vacunas es un
derecho humano y debe considerarse un bien público mundial.
Excelencias,
A
pesar de los programas económicos y sociales puestos en marcha para aliviar la
situación, y de algunas mejoras logradas en los últimos años, los ingresos
siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de
vida adecuado, afectando el acceso a la alimentación y a la educación. Aliento
a que se fortalezca el acceso a los servicios básicos, particularmente para los
grupos más vulnerables y con especial atención a la igualdad de acceso y a la
no discriminación, garantizando la transparencia, la participación y los
controles públicos.
Me
preocupa la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente
las políticas públicas. En este contexto, el papel de la sociedad civil es aún
más esencial y debe ser protegido. Asimismo, me preocupan las restricciones
adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las
personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales
por sus actividades legítimas. Aliento a que se establezcan iniciativas de
diálogo para resolver el actual impasse en cuanto a las elecciones para las
universidades autónomas.
Confío
en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones
significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los
derechos humanos. También acojo con satisfacción el compromiso de las
autoridades con mi Oficina, y confío en que seguiremos profundizando en nuestra
cooperación.
Muchas
gracias.
Tomado
de: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27444&LangID=S
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