Andrés Cañizález 16 de julio de 2019
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Un
aspecto sustancial de la democracia es lo que comúnmente llamamos Estado de
derecho. Éste no es otra cosa que la existencia de un orden legal, dentro de
cada país, al cual están sometidos todos los ciudadanos, incluso los que
detentan el poder. Todos somos iguales ante la ley.
Más
recientemente, la propia ONU ha desarrollado el concepto para establecer que la
transparencia judicial, el acceso a la justicia, la legalidad y la no
arbitrariedad son partes del Estado de Derecho. Y para decirlo, rápido y claro,
todo esto es posible en sociedades en las que existe real separación de
poderes.
Los
regímenes autoritarios lo primero que intentan destruir es justamente el Estado
de derecho. Éste es una camisa de fuerza para quienes ejercen el poder, no
quieren ser controlados por nadie y entienden que, siendo alabados por el
pueblo, pueden gobernar a perpetuidad. El paso del tiempo nos demuestra, y hay
bastante evidencia histórica, que el amor hacia el líder populista se acaba.
Y,
cruel paradoja, como éste destruyó el Estado de Derecho en la ola de
popularidad, es tarea casi imposible desalojarlo de la silla presidencial: el
poder es él, yél es el poder.
La
existencia de presos políticos es tal vez el mejor termómetro de cuánto ha sido
destruido el Estado de Derecho.
Hace
una década exactamente, estando todavía vivo Hugo Chávez, éste dio una muestra
diáfana de lo que hablamos. En una alocución de radio y televisión ordenó que
se le diera cadena perpetua a una jueza por una decisión que ésta tomó apegada
a derecho y haciendo uso de sus potestades judiciales.
María
Lourdes Afiuni se llama esta jueza con 10 años de reclusión.
Al
abogado y editor Braulio Jatar, en cambio, se le montó una acusación increíble.
Se le señaló de portar 25,000 dólares en efectivo para sabotear una reunión
política internacional favorable al chavismo. Jatar acababa de difundir, en ese
año 2016, un video de cómo Nicolás Maduro era abucheado en un barrio popular de
la Isla de Margarita.
¿Qué
tienen en común Afiuni y Jatar?
Ambos
encabezaban, por lo significativo de sus casos, la lista de 22 presos políticos
que el régimen de Maduro le pasó a la señora Michelle Bachelet el pasado 4 de
julio, tratando de bajarle presión al duro informe de ésta ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU.
Bachelet
picó el anzuelo. Dijo que Afiuni y Jatar habían sido puestos en libertad al
igual que otros 20 jóvenes igualmente encarcelados por ser disidentes del
régimen. El chavismo engañó a Bachelet.
Jatar
no puede salir del país, sigue confinado, en la Isla de Margarita, y cada 15
días debe ir a demostrar ante un juez que no se ha dado a la fuga. Afiuni no
puede declarar a ningún medio, ni siquiera puede hacer uso de las redes
sociales, tampoco puede salir de Venezuela. Ninguno está libre; tienen al país como
como cárcel.
Andrés
Cañizález
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