Ismael Pérez Vigil 14 de julio de 2019
La Asamblea Nacional aprobó en febrero de este año un
“Estatuto que Rige la Transición para la Democracia”, en el cual se establecen
los tres pasos (cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres)
de la famosa “ruta” popularizada por el presidente Juan Guaidó. Algunos
aseguran que dicha “ruta”, convertida en mantra, fue un verdadero éxito —y sin
duda lo fue— para movilizar a la oposición del país, adormecida por el desánimo
y los fracasos políticos en 2017 y 2018. La “ruta” de Guaidó insufló nuevamente
de esperanza el decaído ánimo de la gente, pero hoy en día, probablemente
debido a los “fracaso” de 23F y 30A, es criticada y algunos ya ven esos tres
puntos, más como un karma, que como un proyecto o una “ruta”.
Tan temprano como en enero de este año, en varios
artículos, fijé mi posición con respecto a lo que se venía discutiendo sobre la
posibilidad de que Juan Guaidó, basado en ese Estatuto y en las
interpretaciones del artículo 233 de la Constitución, se juramentara como
presidente (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/category/articulos-blog/).
Lo consideraba un error, pero se hizo, lo respete y lo apoye. En mi descargo
diré que consideraba en ese momento que no estábamos frente a una mera
discusión jurídica, sino frente a una complicada decisión y discusión política.
Hoy pienso igual, pues creo que hay que discutir y replantearse la “Ruta
Guaidó”, aunque debo decir que para algunos/as la discusión no es de estrategia
política –¿Cuál es la estrategia más adecuada en este momento? –, sino una mera
táctica para desprestigiar el actual liderazgo opositor y asumir ellos/as ese
papel.
Paradójicamente, a pesar del cuestionamiento que
acepto que se debe hacer, creo que, a pesar de todo, la “ruta” es lógica y
correcta, describe adecuadamente los “pasos” a seguir, por más que algunos
discutan el orden de los mismos y otros hablen de la necesidad de abandonarlos.
Creo que el problema es el contenido que se le quiere dar a cada uno de ello.
Veamos.
El cese a la usurpación no es, para algunos, lo que dice el Estatuto de
Transición (Artículo 7.1: “La liberación del régimen dictatorial, que
ocurrirá con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros”,
copia textual); para algunos “cese a la usurpación” significa que deben
abandonar el cargo el presidente usurpador y hasta el último vigilante o bedel
del más pequeño de los ministerios u oficina pública. Ya sabemos lo dado que
son algunos/as a reinterpretar las cosas; lo vivimos con el “mandato” del 16J
de 2017, que lo que aprobamos en esa consulta popular con la 3ra pregunta (“la
renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en
la Constitución”…en “elecciones libres y transparentes” y
que se conforme “un Gobierno de Unidad Nacional para
restituir el orden constitucional”.. ) lo interpretaron como que
debería ser “ya”, en ese mismo instante, no como una estrategia que había que
construir, sino como una acción a cumplir de inmediato, y no hacerlo de esa
manera era “traicionar al pueblo” y traicionar el “mandato” del 16J.
En mi opinión el problema es la discusión jurídica de
quién debe remplazar al presidente usurpador. Algunos, interpretando el
artículo 233, aseguran que debe ser el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó,
quien asuma la presidencia; otros señalan que debido a la “continuidad
administrativa” debe ser algún vicepresidente designado por el presidente usurpador,
cuyo mandato anterior tenía supuestamente una legitimidad de origen (que
algunos también dudan). Y hay más posiciones. Pero si bien esa discusión
jurídica no deja de ser llamativa e interesante, insisto en que esto no es un
problema jurídico, es un problema político que se debe resolver con un
“acuerdo” en la mesa de negociación, donde quiera que se vaya a realizar
(Noruega, Suecia, Barbados, donde sea) y quien debe asumir la presidencia de la
República, a la salida del presidente usurpador, es alguien que debe tener
algún mínimo consenso, para que pueda continuar el gobierno durante el proceso
de transición que nos lleve a unas elecciones libres.
El gobierno de transición, segundo punto de la discusión: ¿Cómo interpretamos
lo del gobierno de transición? Más concretamente, ¿Cómo se constituye ese
gobierno? ¿Qué va a hacer durante el periodo de transición? y ¿Cuánto va a
durar el mismo?; quizás cuánto va a durar es más fácil de responder: hasta que
se realice un proceso de elecciones libres; lo complicado y complejo es cómo
constituirlo, cómo integrarlo y sus funciones. En lo personal yo creo que el
régimen debe asumir solo, hasta el final, su responsabilidad en la desastrosa
gestión de estos 20 años. No veo porque la oposición debe formar parte de un gobierno
de “coalición”, de ningún tipo, y hacerse “coparticipe” de esta crisis
humanitaria, de esta desgracia en la que nos ha sumido la desastrosa gestión de
esta dictadura. Como dice el refrán castellano, ¿Por qué la oposición le va a
sacar las castañas del fuego a la dictadura?
El único problema del que se debe ocupar la oposición
es seguir haciendo oposición, denunciando las arbitrariedades de la dictadura y
sus violaciones a la Constitución y los derechos humanos; mostrar al pueblo
venezolano el Plan País, cuáles son sus proyectos para salir de este oprobio y
regresarnos a la ruta del progreso y el bienestar; prepararse para ganar
contundentemente las elecciones libres que se deben realizar y esperar
pacientemente a que se realicen las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de
poderes regionales y municipales, para terminar de barrer la escoria de la
dictadura. Una vez ganadas las elecciones, ya la oposición tendrá la ocasión y
se encargará de formar su propio gobierno, sin el lastre del régimen.
Las elecciones libres, tercer punto de la ruta. Sabemos bien que para
realizar unas elecciones libres se deben acordar algunas condiciones mínimas en
la mesa de negociación. Lo primero, por supuesto, es que serán elecciones
presidenciales pues allí está la clave de la usurpación y de la ilegitimidad
del actual gobierno; sí van a ser acompañadas o no de elecciones
parlamentarias, adelantando unos meses las elecciones que se deben realizar a
finales del 2020, es un punto que se puede negociar; personalmente creo que se
debería hacer para de una vez salir del ejecutivo y ganar nuevamente la
Asamblea, con una mayoría que permita renovar los demás poderes (TSJ, Fiscalía,
Defensoría del Pueblo, Contraloría, etc.) y para poder hacer todas las
modificaciones legales que se necesitarán en el nuevo gobierno democrático.
Entre las condiciones mínimas que tienen que
conseguirse están, por supuesto, un nuevo CNE, renovando completamente los
cinco ilegítimos rectores, con sus respectivos suplentes y buena parte del
estamento de funcionarios. Las elecciones deben ser supervisadas por la
comunidad internacional, para evitar los abusos de poder y que se respeten los
resultados; y deben estar precedidas de una revisión del “registro electoral”,
sobre todo para permitir que se escriban el millón y medio de rezagados que no
lo han podido hacer desde hace varios años y que puedan hacerse las
modificaciones necesarias para que voten los venezolanos que están en el
exterior. Previo al proceso electoral obviamente se deben legalizar todos los
partidos políticos, liberar a todos los presos políticos y permitir el regreso
de los exilados; habilitar a todos los candidatos y líderes opositores que han
sido ilegalmente inhabilitados por el régimen y sus cómplices de la Contraloría
y tribunales no autorizados para ello. Los anteriores, como mínimo, deben ser
los puntos a lograr, además de algunos otros de carácter más específico y
técnico que he mencionado otras veces.
Desde luego algunos de estos puntos serán más fáciles
de negociar, otros no tanto; pero ahí debe estar concentrada la discusión y no
en cosas accesorias como quien puede o no ser el candidato del régimen; que sea
el régimen el que escoja la magnitud y alcance de su derrota. La negociación es
un camino a recorrer, que esperamos sea exitosa y despeje el trayecto a la paz,
la democracia, el bienestar y el progreso, que se hacen cada día más
apremiantes.
Ismael Pérez Vigil
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