Carlos Romero Mendoza 09 de noviembre de 2012
Estas semanas los medios impresos y
digitales, así como las redes sociales se han visto inundados de artículos de
opinión y de análisis sobre las Comunas y el Poder Popular, ello como
consecuencia directa del anuncio que en días pasados hizo el Presidente de
apresurar e implantar una nueva forma de organización política-territorial en
la base de la organización social llamada: Comunas.
En este sentido no hay que perder de
vista el Plan de la Patria 2013-2019 pues allí se plantea concretamente la
nueva geometría del poder que se traduce en un diseño basado en ejes de
desarrollo territorial, que en teoría agruparán unos 39 mil consejos comunales,
los cuales a su vez, según la realidad demográfica, darán origen a 3.000
Comunas. Una nota curiosa: según Prensa Latina en el país existen un total de
44.196 mil Comunas.[1]
Esas Comunas -como sabemos- se
alimentarán o se constituirán con las competencias, bienes, servicios y
recursos que le transfieran los estados y municipios según las normas
establecidas en el Decreto de gestión comunitaria de servicios, bienes y otros,
publicado el pasado mes de junio del 2012 y que es el producto o resultado
directo del objetivo 2.3.2 del Plan de la Patria 2013-2019.
La página web Prensa Latina[2] registra una nota de prensa fechada el
31 de octubre de 2012, que señala que los Consejos Legislativos Regionales, una
vez legitimados el 16 de diciembre de 2012, deberán adecuar las leyes
nacionales a la realidad regional y además a través de la actividad legislativa
estadal impulsar la transferencia de recursos, bienes, servicios y competencias
al Poder Popular. Por lo tanto es evidente que los Consejos Legislativos
Regionales serán –según el resultado electoral- detonantes importantes
para la activación del diseño Comunal y para el debilitamiento del Poder
Municipal.
Importante es recordar que el Consejo
Legislativo Regional es el órgano legislativo estadal y por lo tanto es la
instancia que tiene competencia para dictar leyes estadales a través de las
cuales se organicen los municipios, las entidades locales y la división
político territorial del estado (Art. 164 de la Constitución).
El 16 de diciembre se estará
decidiendo además del gobernador, al grupo de personas que con la legitimidad
de una elección, tendrán en sus manos la capacidad de modificar la división
política del Municipio, así como de desarrollar normas para organizar las
Comunas como entidades locales dentro del territorio del Municipio.
Empieza a tener mucho más sentido el tema del voto entubado y a preocupar aún
más la muy silenciosa, casi inexistente campaña de los candidatos a diputados
regionales de la Unidad o de la oposición.
Debemos recordar que las Comunas son
entidades locales “especiales” a partir del año 2010 cuando se reforma la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, lo que la lleva a tener un mismo
“estatus” –si se puede usar la expresión- de las inutilizadas y olvidadas
parroquias.
Sorprende que siendo la estrategia del
gobierno la transformación de la sociedad desde abajo hacia arriba,
independientemente de su viabilidad práctica, el Municipio y la legitimación de
sus autoridades no tenga en este proceso la importancia estratégica que debería
tener. Creo que la Unidad diseño su estrategia política con una
visión centralizada, respondiendo al presidencialismo exacerbado que hoy
padecemos y olvidando que el espíritu de Unidad debió haber arropado
disciplinadamente también a las elecciones locales. Por
cierto a 5 meses de la elección municipal, aún no se ha dado la convocatoria
oficial del CNE a ese proceso local.
La elección municipal y los referendos
aprobatorios de las Cartas Comunales -requisito para crear las Comunas-, se
convierten en dos espacios cívicos y políticos de vital importancia, y
decisivos, para que a través de la participación ciudadana se pueda contener la
transformación del Estado y el desconocimiento de la Constitución Nacional en
cuanto al diseño del Estado Venezolano.
El tema de la constitución de las
Comunas es aún más complejo que el proceso traumático y excesivamente
discrecional de activación y registro de los Consejos Comunales, en Buenos
Aires, Argentina, ha tomado 6 años poder elegir las primeras autoridades
comunales, y hoy a 7 años de su creación, diputados provinciales y ciudadanos
se reúnen en mesas para analizar las razones por las cuales éstas nos han
logrado cumplir con su misión de ser actores de la descentralización.
El tiempo se agotó, no se puede seguir
subestimando las Comunas, su objetivo no es que funcionen para el beneficio de la
comunidad, sino que por el contrario su objetivo es la creación de un Estado
clientelar que aproveche ese vínculo para lograr un mayor control sobre la
sociedad. La conciencia ciudadana, la valoración de nuestros derechos como
ciudadanos y la organización local son claves en esta batalla que se inicia con
las elecciones del 16 de diciembre.
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