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lunes, 2 de diciembre de 2013

La política de precios justos no es el camino, @AIPOPTWITT


Dra. Aída Lamus Valero, 18/11/2013

El año 2013, se ha convertido en el límite de aplicación de un modelo económico que ya desde su génesis presagiaba, el deterioro de la producción nacional y de la competitividad, al fundamentarse en el desarrollo de un proyecto político orientado hacia la aprobación social mediante medidas populistas, efectistas pero sin sustentabilidad en el mediano y largo plazo.

En efecto, un modelo de crecimiento con base en el incremento del gasto público, sustentado a su vez en el criterio de una subida constante en el precio del petróleo, necesariamente debería ajustarse al aparecer un desbalance entre ambas variables. Al contrario, el gobierno en lugar de tomar medidas para incrementar la producción, diversificar las exportaciones no solo de materias primas, sino otras con mayor valor agregado, optó por un fortalecimiento del capitalismo de Estado, en deterioro del reconocimiento a la propiedad privada, con la errónea idea de que las empresas administradas según los dictados contenidos en el proyecto político denominado Socialismo del Siglo XXI , serían suficientes para obtener un mayor grado de bienestar en la sociedad, sobre todos en los sectores de menores ingresos.

Las expropiaciones sin observar los debidos procesos y las correspondientes indemnizaciones; aunadas con la baja productividad y las deficiencias en el control del otorgamiento oportuno de las divisas, han venido ocasionando déficit y escasez en los productos básicos e incremento de la demanda, aupada por las políticas de emisión de dinero inorgánico ejecutadas por el Banco Central de Venezuela con el fin de atender los requerimientos de las empresas en manos del Estado, que no han producido sino efectos perversos en la economía.

Hoy nos encontramos con una realidad, al carecer de instituciones fuertes de control, de una Asamblea Nacional dispuesta incluso a delegar sus funciones, a extremos tales como la de permitir la creación de delitos por la Ley Habilitante, o al delegar sus funciones de control, al permitir la existencias de fondos separados de los sistemas establecidos para la entrega de cuentas, la opacidad y no la transparencia en el manejo de las cuentas públicas, especialmente en el otorgamiento de divisas por cantidades superiores a los bienes importados; con la natural incidencia en la inflación, cuyas repercusiones han venido ocasionando un deterioro progresivo de la aceptación de las políticas gubernamentales en la población.

Frente a esta situación, era indispensable la búsqueda de consensos, para la formulación de unas políticas tendentes a la recuperación de la productividad; lo cual implica un reconocimiento a la empresa privada como institución social responsable, que con, su aporte a la inversión e innovación, pueda ser sujeto creador de empleos de alta calidad, haciendo posible la incorporación de los distintos sectores de la economía a las cadenas globales de producción. La necesaria confianza, generadora de la inversión requerida, solo es posible con la ejecución de políticas en un marco de respeto a las reglas establecidas para lograr un crecimiento a largo plazo y no con medidas populistas destinadas a incrementar las divergencias sociales, al exponer como entes responsables del caos a empresas, medios de comunicación y personas naturales, justificando de esta manera unos controles que traerán mayor inflación y más escasez.



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