MAYE PRIMERA Miami 3 AGO 2014
La oligarquía que
floreció a la sombra del chavismo conserva el gusto de invertir en Miami su
súbita riqueza
La noche del viernes 18 de julio Benny
Palmeri-Bacchi iba camino a unas vacaciones en el maravilloso mundo de Disney
en Orlando, cuando fue arrestado por agentes de la agencia antidrogas DEA en
el aeropuerto internacional de Miami y llevado ante un tribunal federal por
delitos de tráfico de cocaína, obstrucción de la justicia, lavado de dinero y
extorsión. Palmeri-Bacchi es abogado, era juez en Venezuela y se le acusa de
impedir la deportación de uno de los narcos colombianos más buscados entre 2009
y 2010, con ayuda del entonces jefe de la Oficina de Interpol en Caracas.
Palmeri se había dedicado al negocio de los alimentos estos últimos años: era
directivo de la cámara de empresarios venezolanos del Mercosur y propietario de media docena
de empresas en el sur de Florida y en Venezuela. Ya era lo que los venezolanos
de ambas orillas llaman un boliburgués: un miembro de la nueva
oligarquía que floreció a la sombra del chavismo y que lo mismo que las
anteriores, conserva el gusto de invertir en Miami su súbita –y con frecuencia
mal habida- riqueza.
El origen de estas nuevas fortunas
venezolanas es diverso: bien pueden provenir del narcotráfico y el lavado
de dinero, como sospechan las autoridades federales en el caso del exjuez
Palmeri, o de la corrupción que crece al amparo de la bonanza petrolera –en
especial, de los contratos con el Estado y del control de cambio establecido en
2003 justamente para evitar la fuga de capitales. El exministro de Finanzas,
Jorge Giordani, admitió en enero que solo entre 2012 y 2013 el Estado entregó
20.000 millones de dólares para importaciones, a precios preferenciales, a
empresas de maletín. Parte de ese dinero ha venido a parar a Florida y ha
contribuido a la recuperación del mercado inmobiliario local, golpeado por la
crisis económica de 2011.
Esta gran inyección de capital
venezolano ha llegado por dosis. Las más altas y recientes han sido las de los
exbanqueros afines al Gobierno que cayeron en las intervenciones de entidades
bancarias y casas de bolsa de 2009; las de los jóvenes empresarios de la
antigua oligarquía caraqueña favorecida por el poder, conocidos como los bolichicos,
entre 2009 y 2013; las de militares y funcionarios de rango medio que corrieron
a resguardar “sus ahorros” cuando el presidente Hugo Chávezenfermó
de cáncer en 2011; y el de altos cargos caídos en desgracia, que pactaron con
la justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre los manejos turbios
del chavismo. Otros siguen aún conectados con la administración del presidente Nicolás Maduro y
compran, invierten y vacacionan en Florida; y algunos legisladores floridianos
creen que Washington debe sancionarlos con firmeza, tanto por sus fraudes como
por su responsabilidad en las denuncias de violación a los derechos humanos en
Venezuela.
“Estos violadores de derechos humanos
tienen sus inversiones en Estados Unidos. Cuando roban dinero en Venezuela, a
menudo utilizan empresas-fachada y testaferros para invertir ese dinero en
nuestra economía, sobre todo en Florida. No hay ninguna razón en el mundo por
la que no deberíamos ir tras estas personas por lo que han hecho”, dijo en
junio pasado el senador republicado de Florida Marco Rubio, cuando el Congreso
discutió sin resultados la moción de aprobar sanciones contra estos
funcionarios. El grueso de los demócratas se resistía a esta medida hasta este
30 de julio, cuando el Gobierno de
Barack Obama anunció unilateralmente que revocaría y denegaría visados
a un grupo de altos cargos venezolanos, considerados “responsables o cómplices”
de la represión a las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que
comenzaron en febrero y donde murieron más de 40 personas y miles fueron
detenidas. Washington no reveló ni los nombres ni el número de funcionarios afectados
por la medida, pero se sabe que hay entre ellos “desde ministros a asesores
presidenciales y funcionarios judiciales, además de militares y agentes de la
ley”.
El cambio de opinión del Departamento de Estado ocurrió luego de
que las autoridades holandesas liberaron al exjefe de los servicios de
inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, señalado delitos de
narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos. Carvajal fue detenido
en la isla caribeña de Aruba este 24 de julio, el mismo día en que el exjuez
Palmeri-Bacchi tuvo su primera audiencia ante la corte federal del Distrito Sur
de Florida. Hugo Carvajal fue liberado 72 horas después bajo el alegato de que
gozaba de inmunidad diplomática, y fue recibido en por el Gobierno de Caracas
como un héroe que había logrado escapar de una trampa del ‘imperio’.
Durante las primeras horas del
arresto, el chavismo temía que Carvajalhubiese
llegado a un arreglo con las autoridades estadounidenses, como ya lo han hecho
otros en el pasado. En abril de 2012, el exmagistrado del Tribunal Supremo de
Justicia venezolano, el coronel retirado Eladio Aponte Aponte, huyó de
Venezuela a Costa Rica y llegó a Estados Unidos en un vuelo de la agencia
antidrogas DEA, donde hizo públicas toda clase de acusaciones que involucraban
a altos cargos del Gobierno con el tráfico de drogas y la manipulación del
Poder Judicial con fines políticos. También el exteniente Alejandro Andrade
-desde 1998, secretario privado de Chávez, viceministro, presidente de fondos
de desarrollo, tesorero de la nación y presidente del banco estatal de
desarrollo Bandes- parece haber llegado a un acuerdo con Washington luego de
que el Departamento de Estado revocó su visado de empresario en 2013 por su
participación en un esquema millonario de sobornos.
Caballos purasangre
“Andrade inició conversaciones sobre
un posible acuerdo de cooperación con el gobierno norteamericano a fines del
verano de 2013 (…) El hecho de que las negociaciones fueron fructíferas lo
demostró su presencia durante las competencias de salto en Wellington en
febrero y marzo de 2014”, escribe el periodista venezolano afincado en Miami Casto
Ocando, en su libro “Chavistas en el imperio: secretos, tácticas y escándalos
de la revolución bolivariana en Estados Unidos” (Factual, 2014). A la par de
sus actividades en Venezuela, Alejandro Andrade se hizo propietario de la
escuela de equitación Hollow Creek Farms, en Carolina del Norte, y comparte el
publicitado gusto del chavismo por los caballos pura sangre.
El banquero Arné Chácón -exteniente de
fragata y hermano del actual ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón-
también tuvo un establo llamado Gadu Racing Stable Corp. a media hora de Miami.
Lo compró unos meses antes de que el presidente Hugo Chávez ordenara su
detención por fraude a la nación, en noviembre de 2009, y lo vendió antes de
salir en libertad condicional, en diciembre de 2012. En su lugar funciona ahora
Rontos Stable Corp.: otro establo, propiedad de Ronald Sánchez, hermano del
Superintendente Nacional de Valores de Venezuela, Tomás Sánchez, que condujo la
intervención de siete entidades financieras en 2009, entre las cuales se
contaba el banco de Arné Chacón.
En Miami y las pequeñas ciudades
que la rodean se concentra también la más grande comunidad de venezolanos en la
diáspora, en su mayoría opositores al chavismo, que han intentado gestos de
rechazo contra los gustos millonarios de quienes identifican como ‘boliburgueses’.
El 22 de mayo, las autoridades de Miami-Dade aprobaron una resolución simbólica
para declarar personas non gratas a los nuevos dueños del
canal de noticias venezolano Globovisión –Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan
Domingo Cordero—, tres días después de que el diarioEl Nuevo Herald publicara
un reportaje sobre las millonarias propiedades que estos poseen en una de las
áreas más lujosas del sur de Florida, Cocoplum, en la ciudad de Coral Gables.
“Por aprovecharse hipócritamente de los beneficios de nuestra democracia,
mientras ayudan al gobierno de Venezuela a negar (a sus ciudadanos) esos
beneficios de derechos humanos, libertad de expresión y democracia”, decía el
documento original. Pero uno de los socios amenazó con demandar a la ciudad por
manchar sin pruebas su reputación y en el último minuto, la municipalidad
decidió modificar el documento, retirando los nombres de los empresarios.
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