Por Oscar Lucien, 26/09/2014
1. Como consecuencia de la grave crisis
política de los primeros meses de 2014, agravada por la brutal represión del
gobierno, el dúo Maduro/Diosdado decidió, por la presión de la calle y, en
particular por la intermediación del nuncio apostólico y de los cancilleres de
Unasur, activar el proceso de renovación de las autoridades en los poderes
públicos y, concretamente, del Consejo Nacional Electoral. La orden del capitán
Cabello en abril, de nombrar en la Asamblea Nacional a los seis parlamentarios
del partido de gobierno, que junto a los cinco de la bancada democrática
integrarían el comité preliminar de postulaciones electorales marcaba el primer
paso de un proceso constitucional que ya tenía más de un año de mora. Establece
la Constitución que con anterioridad al vencimiento del periodo de los rectores
debe iniciarse el proceso para su renovación. Sin embargo, Tibisay Lucena,
Sandra Oblitas y Vicente Díaz tienen sus periodos vencidos desde el 28 de abril
de 2013 y nada había ocurrido para activar el proceso de su sustitución hasta
la intervención de los actores internacionales en el contexto del llamado al
diálogo que buscaba una “salida” a la crisis de comienzos de año.
2. Establece la Constitución, en el artículo
295, y lo norma la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), que la Asamblea
Nacional debe constituir un Comité de Postulaciones Electorales que deberá
evaluar las credenciales de los candidatos para sustituir a Lucena, Oblitas y
Díaz. El Comité de Postulaciones Electorales está integrado por veintiún
miembros, once parlamentarios y diez representantes de la sociedad civil. Luego
de la designación por el capitán Cabello de los diputados del gobierno se
produjo posteriormente la selección de los cinco parlamentarios demócratas y
empezó un innecesariamente complicado proceso de selección de los diez miembros
de la sociedad civil que una vez designados en la plenaria de la Asamblea
Nacional debería iniciar de manera rigurosa y sin delaciones el proceso de
selección de los nuevos rectores.
3. La selección de los representantes de la
sociedad civil ha sido sistemáticamente obstaculizada por la bancada del
gobierno: violación de la obligación de publicar la convocatoria en dos diarios
de circulación nacional (originalmente la hicieron en los diarios Vea yCorreo
del Orinoco), suspensión inconsulta de las reuniones del Comité Preliminar
(los once diputados) y, finalmente, lo más grave, el intento de colonizar la
representación de la sociedad civil infiltrando compañeritos del partido PSUV
como supuestos integrantes de asociaciones civiles.
4. La Asamblea Nacional, que ya estaba en
significativa mora con el cumplimiento de su mandato constitucional, regresa de
vacaciones y hasta la fecha no ha incorporado en la agenda la designación de
los diez representantes de la sociedad civil, aunque luego de un complejo y
retrasado proceso de selección ya se han decantado por veinte candidatos para
que la plenaria, con las dos terceras partes de los presentes, haga la
selección definitiva. ¿Por qué tanto mangüareo para elegir un nuevo CNE como
manda la Constitución?
5. Con una elección parlamentaria en ciernes
y, sobre todo, luego de la sentencia del TSJ que llueve sobre mojado al fallar
que mientras los rectores no sean sustituidos deben permanecer en sus cargos,
muchos sospechan que el gobierno podría tener interés en mantener a los
actuales rectores quienes, habiendo aparecido en varias oportunidades luciendo
el brazalete del 4-F y habiendo permitido todo tipo de ventajismo, generan
confianza al oficialismo. Pero al mismo tiempo, las peleas internas por la
falta de liderazgo de Maduro y los reacomodos de los grupos que se reparten el
botín, quiero decir, el legado del comandante fallecido, podrían tener interés
en proceder a los cambios. De hecho, ya han empezado a sonar varios nombres y,
en particular, el del periodista Vladimir Villegas que, según se ha filtrado,
sería el candidato de Elías Jaua avalado por Maduro.
6. Pienso, finalmente, que en cualquier
circunstancia todo este mangüareo con el nombramiento del nuevo CNE es
favorable a los intereses del gobierno. Si dejan a los actuales rectores, el
gobierno sabe que eso oxigena la abstención en un vasto sector opositor. De
igual manera, favorece la abstención si el gobierno se empeña en violar la
Constitución y trata de imponer a nuevos rectores rojos rojitos.
La estrategia del oficialismo me parece transparente y pertinente con su
pretensión de mantenerse de todas, todas en el poder. Lo que no veo
transparente es la posición y estrategia de la alternativa democrática: demasiado
silencio ante las dilaciones, atropellos e imposiciones de los rojos y poca
beligerancia y firmeza ante la urgencia de un nuevo CNE apegado a la
Constitución que abra un camino de esperanza ante el gran anhelo de recuperar
la democracia en nuestro país.
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