Ibsen Martínez septiembre 18, 2014
Una tarde de marzo de 1908, el doctor
Rosendo Gómez Peraza, jefe de la medicatura del puerto de La Guaira, comentó,
en el café de la estación del ferrocarril, un diagnóstico hecho por él aquella
misma tarde: un caso clarísimo de peste bubónica.
El cónsul de Estados Unidos, presente
en la tertulia, pagó su cuenta, se fue derecho a la oficina del telégrafo y
envió un cable a su embajador en Caracas. La noticia desató la ira de nuestro
dictador de entonces, el canijo, rijoso e irascible general Cipriano Castro,
quien ordenó encarcelar a Gómez Peraza por propalar un alarmante infundio
dirigido, obviamente, a dañar el ya menguado comercio exterior de la
disfuncional república de Costaguana que todavía somos, y desacreditar, de
paso, a su Gobierno. Pero antes de enviar a prisión a Gómez Peraza, Castro
despachó al puerto al talentoso bachiller Rafael Rangel, notable precursor,
entre otros, de la bacteriología tropical en nuestra América.
Hombre medroso en extremo, Rangel era
ninguneado por la linajuda profesión médica caraqueña de entonces, acaso por no
haber terminado sus estudios de medicina y también, todo hay que decirlo, por
los prejuicios raciales que aún perviven, insidiosamente, en nuestro país.
Rangel era brillante: antes de cumplir los treinta ya había hecho aportaciones
que todavía hoy nutren los manuales de bacteriología. Brillante, pero mestizo.
Demasiado amulatado para el gusto de lo que el cantautor panameño Rubén Blades
llamaría “la blanca sociedad”. Por todo ello, se ha afirmado que el bachiller
Rangel se sentía muy en deuda con su benefactor, el general Castro, generoso
patrocinador del flamante laboratorio de bacteriología del hospital Vargas —el
primero que hubo en Venezuela— del que Rangel era director jefe.
En consecuencia, Rangel se las apañó
para no detectar ni aislar layersinia pestis,
bacilo de la epidemia,
y así refutar dolosamente el diagnóstico de Gómez Peraza, para regocijo de
Castro, la cámara de comercio y la lonja de agencias aduanales de La Guaira. Lo
cual no impidió que la peste negra siguiese matando a la gente por docenas.
Al cabo de unas semanas, el dictador
tuvo que rendirse a la evidencia y Rangel pudo desdecirse de su primer informe
pronunciando la palabra “bubónica” sin sufrir represalia alguna. Se cerró el
puerto, se declaró rigurosa cuarentena y se acometió una campaña sanitaria cuyo
éxito dependió, en gran medida, de discretas visitas que Rangel hizo a la
cárcel para pedir consejo al ibseniano “enemigo del pueblo” de este cuento: Gómez
Peraza, el doctor Stockmann de La Guaira. Pocos meses más tarde, mientras se
hallaba en Europa en viaje de salud, el general Castro fue derrocado por su
compadre y vicepresidente. Al verse sin valedor, el bachiller no tardó en
suicidarse en su laboratorio, ingiriendo una mezcla de cianuro y vino moscatel.
Este relato de medicina y
autoritarismo tropicales me viene sugerido por la grave emergencia sanitaria
que hoy atraviesa Venezuela, donde, cien años después de la peste de La Guaira,
aún los generales y sus paniaguados entienden de epidemiología y finanzas
públicas mucho más que los propios especialistas. Y, al igual que el bárbaro
Cipriano Castro, no duda en encarcelar a quien ose dar alarma de epidemia.
Esta vez le ha tocado al presidente de
la federación médica del populoso Estado de Aragua, doctor Ángel Sarmiento, a
quien el gobernador del mismo Estado, Tareck El Aissami, ha acusado nada menos
que de terrorismo y ha pedido a la fiscalía que se investiguen los móviles que
pueda tener este “criminal bandido”, “vocero de la derecha fascista”, para
pedir que se declare la emergencia sanitaria en el Estado luego de que, la
semana pasada, se registren en el Hospital Central de Maracay (la capital
estadal) nueve casos de una fatal epidemia, hasta ahora inexplicable para los
médicos venezolanos.
El trastorno es mortal y se presenta
con un cuadro febril y hemorrágico que lo hace sintomáticamente indistinguible
del dengue y del mal causado por el virus de la chikungunya africana. Los
pacientes mueren en un plazo de 72 horas y, mientras escribo este artículo,
comienzan a reportarse casos en Caracas y otras regiones del país.
La Federación Médica venezolana ha
hecho pública su solidaridad con el doctor Sarmiento y respaldado enfáticamente
su denuncia de una epidemia que requiere rápida y eficaz acción oficial en
lugar del socorrido recurso de acusar a la “derecha fascista” y al imperialismo
yanqui de inventar calamidades de embuste para desestabilizar al Gobierno.
Todo esto ocurre cuando Venezuela, que
en el curso de tres lustros ha transferido a Cuba alrededor de 4.600 millones
de euros para pagar muy publicitados servicios médicos primarios, vive la más
grave crisis de su sistema de salud en un siglo, caracterizada por una
dramática carestía de medicamentos e insumos quirúrgicos y, algo más grave aún:
la fuga masiva de profesionales de la medicina.
Según la Federación Médica, más de
12.000 facultativos han emigrado a otros países, entre ellos España, en menos
de una década. De 1.800 jóvenes médicos graduados en 2013, afirman directivos
del gremio, ya 1.100 han abandonado el país ya donde solo quedan en los
hospitales desalmados terroristas como el doctor Ángel Sarmiento.
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