PAULINA GAMUS 17 SEP 2014
Así ironizaron los cubanos con el
título de la memorable película alemana “La vida de los otros”, del director
Florian Henckel von Donnersmarck quien también fue el guionista. La trama se
desarrolla en Alemania oriental -la cínicamente llamada República Democrática
Alemana- en los casi estertores del régimen comunista. El tema es la
persecución de la temible policía política -la Stasi- a cualquier disidencia
especialmente la de los intelectuales. ¿El método? La grabación de las
conversaciones mediante dispositivos colocados en sus viviendas. La Stasi tenía
alrededor de 300 mil funcionarios, entre agentes e informantes, dedicados a la
tarea de sembrar el terror mediante delaciones que conducían a la cárcel sin
fecha de salida.
Los comunistas alemanes no inventaron
esa manera de utilizar el miedo para doblegar a la gente, su escuela fue la
soviética. En los tiempos de la URSS había un chiste muy difundido por quienes
visitaban ese país, incluidos los comunistas de otras tierras. Decían que en los
hoteles había el siguiente letrero de advertencia: “no ponerle agua al florero
porque se oxida el micrófono”. El régimen castrista, como buen discípulo del
estalinismo, hizo otro tanto en Cuba: reclutó a miles de soplones que
controlaban (y controlan) las vidas de sus vecinos e incluso de sus familias,
para denunciarlos ante la menor manifestación de descontento o crítica al
gobierno.
Grabar las conversaciones telefónicas
de los ciudadanos ha sido un vicio de casi todos los gobiernos, valga recordar
que en el famoso caso Watergate, los agentes de la CIA que violentaron las
oficinas del Partido Demócrata, no solo buscaban robar documentos sino también
colocar dispositivos en los teléfonos para realizar grabaciones. Los regímenes
autoritarios modernos pueden prescindir de tan numeroso personal y de métodos
que ahora lucen rudimentarios como la instalación de micrófonos con cableados y
otras complicaciones. Las modernas tecnologías permiten intervenir teléfonos a
distancia y piratear correos electrónicos. Y las cámaras de video graban los
movimientos de las personas a quienes se quiere imputar algún delito. Como
compensación o contrapartida a los abusos militares y policiales, cada poseedor
de un teléfono móvil es un testigo de cargo cuando filma las violaciones de los
derechos humanos en que aquellos incurren.
En los 80 fue tan abusivo en Venezuela
el uso de grabaciones telefónicas para extorsionar o desacreditar a personas
con alguna figuración pública, que el Congreso sancionó en diciembre de 1991,
la Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones. Cometía delito
quien grababa y quien divulgaba el contenido de las grabaciones. Los policías
solo podían grabar en los casos de delitos contra la seguridad o independencia
del Estado, corrupción, drogas, secuestro y extorsión. En cualquier otra
circunstancia, debían pedir autorización de un tribunal para realizar las
grabaciones. La mencionada ley jamás fue derogada, continúa vigente pero como
casi todas incluyendo la máxima -la Constitución de la República-ha sido letra
muerta para el gobierno del desaparecido Hugo Chávez y para el actual de
Nicolás Maduro.
¿Qué graban los policías del régimen
fascista, seudo marxista y militar de Maduro y su camorra? ¿Acaso se interesan
por descubrir a los miles de delincuentes que mantienen aterrorizada y bajo
toque de queda autoimpuesto a la población? ¿Persiguen a los secuestradores,
sicarios, homicidas que descuartizan a sus víctimas, narcotraficantes,
contrabandistas de uniforme que trafican con alimentos, gasolina, cabillas
hasta la vecina Colombia? ¿Tienen controlados a los pranes que reinan en las
cárceles de todo el país y que desde allí ordenan, por sus teléfonos móviles,
asesinatos, secuestros y extorsiones? En absoluto, los criminales pueden
continuar con sus actividades con la seguridad de que al gobierno poco le
importa lo que hagan y deshagan. Las grabaciones del régimen sirven solo para
perseguir y encarcelar a dirigentes políticos de oposición y para que la gente
común tenga miedo de hablar por teléfono.
Pero ya hasta las grabaciones
comienzan a ser prescindibles, la justicia revolucionaria ha dado a luz delitos
que no existen en ninguna legislación y cuya supuesta comisión no requiere de
testigos o pruebas. Dos alcaldes de oposición, Enzo Scarano, de San Diego,
Estado Carabobo y Daniel Ceballos, de San Cristóbal, capital del estado
Táchira, fueron destituidos y encarcelados por desacato a una notificación
judicial publicada en la prensa. En el caso de Ceballos, el agravante fueron
sus conversaciones telefónicas en las que trazaba estrategias políticas con
partidarios. El dirigente político y ex alcalde Leopoldo López, está en la
cárcel por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad e incendio,
ambos en grado de determinador. Pero además por tráfico de influencias, lo que
se deriva de sus conversaciones telefónicas. Esas singulares imputaciones, sin
necesidad de pruebas, han sido fabricadas por la Fiscal general más abyecta en
la historia de Venezuela, se merece que la llamen fiscala.
La tapa del frasco ha sido el delito
inventando por un diputado ágrafo que gracias a la meritocracia revolucionaria,
ocupa la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. El nuevo crimen es vandalismo
lingüístico y el criminal es el presidente del gremio médico del estado Aragua.
Cometió ese neodelito al denunciar ocho extrañas muertes por una epidemia
indeterminada en esa región. En un país en el que cada día es más difícil
encontrar medicinas y la gente acude al Twitter para suplicar por ellas, en que
los hospitales carecen de los mínimos recursos para diagnósticos y
tratamientos, en que las clínicas privadas han debido reducir al mínimo las
intervenciones quirúrgicas por falta de recursos, hasta de anestesia; el delito
es revelar que hay gente muriendo por una epidemia ignota e incontrolada. Hay
que agradecer al altísimo que a estas tierras no haya llegado el ébola, la
mortandad sería de cientos de miles y las cárceles no alcanzarían para recluir
a quienes mencionen la soga en la casa del ahorcado, aunque sea por teléfono.
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