Debo agradecer, para empezar, que
Héctor me haya pedido presentar su libro, Estado de siervos. Desnudando
el Estado comunal.Representa un verdadero honor, por todo lo que ha
significado para mi desde mi época de estudiante, en mi desempeño como
economista, como universitario y como ciudadano angustiado por los graves
problemas que hoy aquejan al país, la trayectoria de Héctor Silva Michelena. No
es menester hacer mención aquí de la prolífica obra de Héctor como estudioso de
los problemas del desarrollo venezolano, de sus aspectos económicos, sociales y
políticos, o de sus incursiones en la poética y la crítica literaria y, todavía
menos, del universitario cabal que siempre ha sido. Todo ello es ampliamente
conocido por los presentes. Lo que deseo destacar ahora es que la pasión de
Héctor Silva Michelena por conocer la realidad del país, despejar las telarañas
que encubren la naturaleza de sus problemas y arrojar una provechosa luz para
convocar nuestro compromiso con la libertad y la justicia, sigue hoy tan viva
como cuando hacía sus aportes pioneros en descifrar las redes de dependencia
que se interponían al desarrollo de nuestras naciones. Y esa pasión incansable
dio lugar al libro que esta tarde nos congrega en las instalaciones de la
APUCV, Estado de siervos. Desnudando el Estado comunal.
Como investigador acucioso que no deja
piedra sin levantar, Silva Michelena inicia su libro examinando el tinglado de
normas que sustentan legalmente la propuesta de Estado Comunal. Su diseño no
obedece a un simple capricho improvisado de Chávez. Ya en su propuesta de
cambio constitucional de 2007 se contemplaba el desmantelamiento de importantes
aspectos del Estado de derecho sobre el cual se asentaba la democracia
venezolana. A pesar de que esta propuesta fue
derrotada, Chávez
logró imponer por “decretos-leyes” buena parte de la misma, en violación de la
voluntad popular expresada ese diciembre y de lo dispuesto en la propia
Constitución, gracias a una ley habilitante concedida por la aplastante mayoría
que disfrutaba en la Asamblea Nacional. La propia Asamblea aprobó en 2009,
asimismo, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley
Orgánica de las Comunas y una Ley Orgánica de Poder
Popular, para avanzar hacia esos mismos propósitos. En 2012, el
presidente Chávez por decreto “con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica”,
sanciona la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias,
Servicios y Otras Atribuciones, que regula la transferencia a las
comunas, comunidades organizadas y demás instancias de agregación comunal, las
tareas concernientes a salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas
sociales, ambiente y demás prerrogativas de gobernaciones y alcaldías.
Tanto en el proyecto de cambio
constitucional, como en las leyes comentadas, los Consejos Comunales aparecen
como órganos de un Poder Popular cuya agregación da lugar a Comunas,
las cuales podrían integrar, a su vez, Ciudades Comunales. La
intención es desplazar progresivamente a las alcaldías y gobernaciones por
instancias de un poder paralelo que, según el artículo 136 del proyecto de
cambio constitucional rechazado, “no nace del sufragio ni de elección
alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la
población”. Como confesara Aristóbulo Istúriz en ocasión de las elecciones
a gobernadores y Alcaldes a finales de 2012, citado por Héctor en el libro:
“Lo que el Presidente ha propuesto
es sustituir el Estado Capitalista burgués por el Estado comunal, con las
Comunas, que es el pueblo organizado. Por eso yo he dicho que los mejores
gobernadores serán los que primero desbaraten las gobernaciones. Los mejores
alcaldes serán los que primero desbaraten las alcaldías y las desmontemos sin
miedo, en las Comunas”. (Pág. 195).
No en balde, el Plan de la
Patria, que pretendidamente orienta la estrategia de gobierno para el
presente período 2013-2019, está cundido de referencias a los Consejos
Comunales, a la Comuna y al Poder Comunal. Entre sus metas está la conformación
de 3.000 Comunas Socialistas para 2019, que agruparían unos
39.000 Consejos Comunales, congregando un 68% de la población del país[1]. A
pesar de que pueda considerarse quimérica e inviable esta meta, ya los gérmenes
del Estado Comunal empiezan a condicionar aspectos de la vida ciudadana.
Informa Héctor en su libro que para ser beneficiario de la Gran Misión
Vivienda Venezuela o, como agricultor, acceder a los insumos en una
“agrotienda” de AgroPatria, es menester una carta de recomendación
del Consejo Comunal respectivo. (Pág. 200)
“Entre los principales principios y
normas violentadas de la Constitución” de esta propuesta –nos advierte el autor- se
encuentran:
1) La igualdad y no discriminación en el
goce universal de los derechos humanos,
2) El
carácter intransferible e indelegable de la soberanía popular;
3) El
ejercicio individual y colectivo de los derechos de libre asociación,
participación y expresión … que entiende la crítica, el debate y la pluralidad
como un riesgo de quebrantamiento de la unidad del Estado y la sociedad y un
peligro para su soberanía y seguridad;
4) Los
principios de independencia, autonomía y legalidad que deben regir el
comportamiento de los poderes públicos.
…
La libertad de elección, la alternabilidad y la descentralización del Poder
Público no tienen cabida en este modelo.”
Héctor Silva Michelena abreva en los
trabajos del economista húngaro Janos Kornai para profundizar su estudio. El
análisis de este autor, agudo observador de la realidad de los países del este
europeo bajo dominio soviético, permite entender que la propuesta de Estado
Comunal no se inserta dentro de un idealizado “Socialismo del Siglo XXI”, sino
que es expresión de las formas más “rancias” del clásico “Socialismo realmente
existente” –el estalinista, el del siglo XX. La escasez y el racionamiento son
consustanciales a esa experiencia, según el autor consultado, parte de lo que
llama su “constitución genética”, como lo es también la liquidación del pensamiento
crítico, la intolerancia de la libertad de expresión y la represión. Para
Kornai, toda forma de propiedad social que no se entrelace por mecanismos de
mercado, requiere de una coordinación burocrática centralizada, fundamento del
poder despótico del Estado. Desde luego, ello mata la creatividad y sofoca los
procesos innovadores que están en la base del progreso económico y social de
hoy. En fin, como nos lo recuerda Silva Michelena, el Capitalismo de
Estado -que resume esas experiencias fracasadas-, “no es una
asignación eficiente de los recursos económicos, sino … una forma de maximizar
el control político sobre la sociedad y la economía”. (Pág. 310)
Gracias
a su profundo dominio de los escritos de Marx, Silva Michelena va desbrozando pacientemente
la impostura chavista de pretender arroparse con el viejo alemán para fundar su
propuesta de Estado Comunal. La
mitificación de la comuna desde una perspectiva revolucionaria se remonta a los
sucesos de la Comuna de Paris en 1871. Héctor se adentra en esa experiencia,
citando incluso La Guerra Civil en Francia del propio Marx, quien
veía en ella una auténtica transformación revolucionaria. Pero en su visión, la
comuna, como expresión del poder autónomo del pueblo organizado, debía apuntar
hacia la destrucción del Estado, cosa muy distinta a la pretensión de
constituir con ella un Estado Comunal, como queda plasmado en las leyes de
“poder popular” examinadas.
Para ilustrar mejor lo que está en
juego, Silva Michelena sintetiza admirablemente las características de un
gobierno comunal, usando el ejemplo de la Revolución Americana. Fundamentándose
en los escritos de Tocqueville, señala que las colonias de Nueva Inglaterra que
se sublevaron contra el monarca británico ya representaban un poder local; éste
no fue recibido o entregado por aquél, sino construido por sus participantes,
quienes desistieron de continuar formando parte de la corona; “Las comunas
no est(ab)an sujetas en general al Estado…” (Pág. 88). Cuando los Padres
Fundadores de la nueva nación se plantean el desafío de constituir un Estado
Federal, lo hacen con mucho celo, preocupados por cómo mantener un equilibrio
sano entre el poder comunal, de base, y el del gobierno central.
En
contraste, como señala acuciosamente nuestro autor, la propuesta comunal de la
Revolución Bolivariana en absoluto se refiere a formas espontáneas y autónomas
de organización popular como las citadas. Su existencia legal, en el caso
“bolivariano”, está sujeta a la validación de su registro en el ministerio correspondiente
y su puesta en operación se rige por una detallada normativa que regula su
constitución, organización, propósitos y actividades. Con respecto a lo
económico, sus instancias son normadas como espacios para la construcción del
socialismo, es decir, como instrumentos de la política del actual gobierno, y de
ello depende su entidad legal, como los recursos con los cuales funcionar. En
efecto, su financiamiento proviene del Estado, que impone su subordinación a, e
integración con, la “construcción del socialismo”. Sus actividades son
concebidas dentro de un ordenamiento territorial bajo una autoridad
jerarquizada, controlada directamente por la Presidencia de la República. Es
decir, estas organizaciones carecen totalmente de flexibilidad y son vaciadas
de toda potencialidad creativa por una normativa rígida que aplasta la
versatilidad. Sobre las comunas y los consejos comunales se
pretende un control vertical, sujeto a dictámenes políticos con base en
financiamientos condicionados por la afinidad ideológica, y un entramado de
normas y autorizaciones que le dan piso legal.
En fin, las estructuras del Estado
Comunal fueron diseñadas para prescindir de toda intermediación autónoma entre
el presidente Chávez y su “pueblo”, entendiendo a éste como formado por
aquellos que le profesan lealtad hacia él y a su proyecto político. Persiguen
“aplanar” las instituciones con el fin de eliminar todo poder independiente que
admita la prosecución de intereses distintos a los que profesa el Caudillo. Por
tal razón, la propuesta de Estado Comunal es reminiscente del Estado
Corporativo fascista, que cooptó a las organizaciones sociales para
subordinarlas al Poder Central y ponerlas al servicio de la construcción
del Nuevo Orden, de donde surgiría el mítico Hombre
Nuevo de todo proyecto totalitario, siempre bajo una fuerte tutela de
los órganos centrales del Estado.
“En síntesis –nos señala
Héctor- el propósito es avanzar hacia un modelo en el que las
comunidades y grupos de acción social comunitaria, consejos comunales, comunas
y otras formas superiores de agregación sean subsumidas por el Estado, y hacer
desaparecer las fronteras entre éste y la sociedad. En una palabra, desaparece
la sociedad civil, con todos sus fines, conflictos y consensos.” (Pág.
50)
En
su análisis, queda claro que todo el tinglado comunal no obedece a expresión
alguna de Poder Popular, como quiere hacernos creer la retórica
oficialista. Para ser auténtico, el Poder
Popular tiene que ser, por esencia, originario, autónomo e
independiente: no puede formar parte de ningún Estado. Su razón de
ser es representar la voluntad de sus asociados frente a los poderes públicos,
con la autonomía de acción necesaria para luchar para hacer avanzar los intereses
colectivos representados. Si se pone al servicio de una parcela política pierde
su razón de ser, se traiciona a sí mismo. El pueblo ejercita su
soberanía a través de los órganos de representación con que se dota
–sindicatos, asambleas de vecino, consejos comunales, asociaciones gremiales-
para disputarle poder a los intereses burocráticos del Estado. En tal sentido,
un poder comunal genuino sería expresión de aquello que llaman ahora Capital
Social, basado en la asociatividad, la confianza mutua y la interdependencia
entre sus integrantes para proseguir propósitos comunes.
En tal sentido, cabe recoger -como lo
hace Héctor en el libro-, la naturaleza local que asume muchas veces la
competitividad en el mundo de hoy, sintetizado en el neologismo “glocalización”.
Se trata de un desarrollo local, basado en la comunidad de
intereses entre empresas, trabajadores, colectividades, servicios y autoridades
locales, que desata una rica interacción que fortalece las capacidades
innovativas de los entes involucrados y permite incrementos sostenidos de la
competitividad ante mercados globalizados. Así mejoran los niveles de vida de
la población. Paradójicamente, este camino ha sido denominado por analistas
como el catedrático español, Antonio Vásquez Barquero, como uno de “desarrollo
endógeno”.
Pero la propuesta de Estado Comunal
chavista no se asemeja en nada a ello. Se inscribe dentro de una concepción
económica que desconecta el usufructo de la riqueza social de condicionamientos
basados en la productividad, la premiación del logro o en la ética del
trabajo. Un problema central que presenta, por ende, es el de los
incentivos a la producción, distribución y comercialización eficiente de bienes
y servicios, sin los cuales es difícil pensar que una economía comunal pudiese
desplazar la iniciativa privada, a menos que fuese por la fuerza. Todas las
decisiones del esquema comunal están sujetas al visto bueno de funcionarios
motivados por consideraciones políticas y/o burocráticas, que controlan el
financiamiento según pautas que desprecian los criterios de rentabilidad, y que
condicionan el funcionamiento de muchas de las empresas de producción
social a la “construcción del socialismo” u a otros imperativos que
nada o poco tienen que ver con la eficiencia económica. En ausencia de
incentivos que promuevan la productividad, los componentes de la economía
comunal pasan a caracterizarse, en el balance, como entes de consumo: insumen
o consumen más recursos de lo que producen. Observa Silva Michelena que lo
anterior supone que:
“Las empresas sociales no quebrarán
nunca, ni trabajarán con pérdidas permanentes porque el Estado las rescatará a
través de un sistema de recuperación mediante … subsidios y
compras”.
Pero además, se concibe que las
Comunas o Ciudades Comunales emitan su propia moneda o establezcan el
intercambio entre sus miembros a través del trueque. Puede preverse, por ende,
una dinámica de aislamiento progresivo entre comunidades, que requeriría del
Estado central la fijación de una tasa de cambio que permitiese mercadear
bienes y servicios entre sí. “En conclusión –afirma nuestro
autor- desde un punto de vista de izquierda, se trata de una ley para
fragmentar el trabajo social a favor de un mayor control del Estado central”.
Y, al no estar obligados a generar excedentes, “se convierten en fundamento
de un clientelismo político para chupar renta petrolera a cambio de adhesión
política al jefe máximo del poder popular”. (Pág. 182).
¿Qué cantidad de financiamiento
externo –renta petrolera- hará falta para convertir estos esquemas en la
modalidad predominante de actividad económica? ¿Qué significarían estos montos
en términos de proyectos económicos y sociales sacrificados, de lo que los
economistas llamamos Costo de Oportunidad?
Hoy Venezuela se enfrenta a las
consecuencias de una manejo desastroso de la economía, basado en la hiper
regulación del Estado, el acoso al sector privado y la suspensión de las
garantías contempladas en la Constitución, bajo la pretensión de que la
repartición de la renta petrolera –la mayor que ha captado el país en toda su
historia- pudiese suplir la demolición de las capacidades productivas y proveer
los niveles de bienestar que espera la población. Pero no alcanza. Ante la
inflación más alta del mundo, el desabastecimiento, la pérdida de empleos
productivos y el deterioro de los servicios -y, con ello, de la calidad de vida
de los venezolanos-, no hay respuesta por parte del gobierno. En vez de
rectificar, se refugia en la excusa –hay que decirlo con toda claridad, estupidísima-
de que tanta calamidad se debe a una “guerra económica” de la “derecha”.
Buscando alguna legitimidad entre los suyos, Maduro prefiere guarecerse en una
retórica de consignas huecas antes que tomar decisiones –inevitables- con un
alto costo para su gestión.
En tales condiciones, el sector más
radical e ideologizado del chavismo podría insistir en avanzar hacia la
implantación del Estado Comunal. A estas alturas, debe quedar claro que ello no
tiene viabilidad económica alguna, si se examina desde un punto de vista
racional. Pero la economía comunal como fundamento del Socialismo del
Siglo XXI es ideología pura. Supondría drásticos controles y la
consecuente supresión de libertades requerida para que un sistema de tal
naturaleza funcionase, propios de las fracasadas experiencias del “socialismo
realmente existente” del siglo pasado, con la destrucción de las
instituciones que resguardan los derechos de propiedad, procesales e
individuales, base de la economía mercantil y de la libertad individual. Recordemos
la terrible experiencia de las comunas de Mao o de Pol Pot en
Cambodia. Tal ensayo en Venezuela forzosamente tendría que apelar a medios
represivos para su implantación, instaurando la funesta experiencia de los
libretos de racionamiento con los que sobrevive dolorosamente la población
cubana, en este caso, tecnificados a través de “captahuellas”.
La imposibilidad de sostener un nivel
de consumo acorde con las expectativas de superación de la población lleva a la
prédica delHombre Nuevo, como pretendida superación de la cultura
consumista del capitalismo. La penuria compartida pasaría a considerarse una
virtud del Nuevo Orden a imponer: “ser rico es
malo”, decía el Caudillo. Bajo el argumento de que el enriquecimiento de
algunos sería siempre a expensas de otros, lo anterior se convierte en
moralmente reprobable. Y en una economía cuyo producto no crece o se encoge,
gracias a las políticas destructivas de del gobierno Bolivariano, lo señalado
sería cierto, transformándose la denuncia de las injusticias del capitalismo en
una profecía autocumplida. ¡Qué importan los altos costos que acarrearía
para el bienestar o por la pérdida de garantías de un Estado de
Derecho! La demolición de instituciones y el acorralamiento
progresivo de la iniciativa privada en aras de implantar un Estado Comunal
cobraría sentido, en la mente de estos fundamentalistas, en su contribución por
hacer realidad las virtudes de tan austero igualitarismo. La pretensión de
imponer este “lecho de Procusto” conducirá inexorablemente a un régimen
abiertamente totalitario.
Suena inverosímil, improbable y
totalmente inviable desde una perspectiva racional. En lo personal,
dudo de que pudiera avanzar en algún grado, por la férrea resistencia de
gruesos sectores de la población, muchos de ellos chavistas. No obstante, esta
salvaguardia nos remite al plano de lo político y, en particular, a cómo
contribuir con la toma de conciencia sobre las graves consecuencias que
acarrearía esta propuesta. El mejor punto de partida para entender lo que está
en juego lo constituye esta estupenda obra de Héctor Silva Michelena,Estado
de siervos. Desnudando el Estado comunal.
Recibido por correo.
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