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miércoles, 28 de septiembre de 2016

Descentralización ¿vehículo de cambio político?, @carome31 @Fundesmu




Por Carlos Romero M., 23/09/2016

“La descentralización es el vehículo del cambio político para perfeccionar la democracia”. Son palabras que quedaron registradas en la Memoria y Cuenta del Ministerio para la Descentralización, presentada en enero 1994 por el entonces Ministro de Estado Allan Brewer Carías.

Esa Memoria y Cuenta sobre la Descentralización en el año 1993 representa un documento de importante valor, pues registra con gran detalle la gestión política, legislativa y administrativa del proceso político de descentralización durante el gobierno transitorio de Ramón J. Velásquez.

En la Venezuela de 1993, Brewer Carías advertía que se mantenía una fuerte cultura centralista, lo que hacía aun más compleja y exigente la tarea de impulsar el proceso de descentralización. Ese centralismo se concretaba en aquél momento a través de la función legislativa del Congreso Bicameral de la República.

En ese sentido, se consideraron una excepción en la tarea legislativa las leyes sobre elección y remoción de Gobernadores de Estado; de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público; de Régimen Municipal y la Ley habilitante para que el presidente Ramón J. Velásquez pudiera regular como medida extraordinaria en materia económica y financiera la participación de los Estados y Municipios en el producto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Es oportuno agregar que un tiempo más adelante y en el marco de una nueva Constitución se sancionaron otras dos leyes que se consideraron claves para el proceso de descentralización. Ellas fueron, en primer lugar, Ley el Fondo Intergubernamental de Descentralización (FIDES), publicada en el año 2000, reformada parcialmente en el año 2006, y derogada en el año 2010; y en segundo lugar, la Ley de Asignaciones Económicas y Especiales del año 2000, reformada en 2006 y 2010.

La Memoria y Cuenta de la gestión de 1993 expresa claramente que la creación del Ministerio para la Descentralización respondió a la necesidad de involucrar al Gobierno Nacional como actor y parte del proceso de descentralización, que para esa fecha era impulsado por los Gobernadores de los Estados, lo cual hacía que no hubiera un claro compromiso del Gobierno Central en su desarrollo y ejecución.

Han pasado más de 20 años desde aquella Memoria y Cuenta de 1993. La descentralización simplemente no avanzó, más bien el proceso iniciado pasó al olvido y nuevamente se asoma en el debate político actual la necesidad de rescatar la descentralización como política nacional.

La descentralización tuvo avances cualitativamente importantes, bajo la vigencia de la Constitución de 1961, que con un solo artículo, el número 187, logró diseñar un marco institucional y normativo útil para facilitar a los ciudadanos la oportunidad de percibir las bondades de la descentralización en áreas como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otras.

Pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, reeditada en el año 2000, no fue suficiente para fortalecer el proceso político de descentralización el habernos reconocido constitucionalmente como Estado Descentralizado y menos aun, el haber garantizado el principio de la descentralización como política nacional.

También fue insuficiente para promover la descentralización que se flexibilizara la mayoría necesaria de los integrantes de la Asamblea Nacional para acordar la transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios; así mismo, pareciera que fue inútil haber creado el Consejo Federal de Gobierno a los fines de desarrollar espacios institucionales para el diálogo, la negociación y los acuerdos interinstitucionales para el diseño de políticas y acciones orientadas a fortalecer la descentralización en Venezuela.


Curiosamente, la Constitución vigente abre las puertas para impulsar la descentralización en materia de la administración electoral, así como también, en materia administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial.  En pocas palabras, no cabe duda que la Constitución vigente es favorable a los fines de la descentralización.

La historia del año 1993 confirma que cuando la voluntad política del gobierno nacional se encontró con la voluntad de los Gobernadores de Estado de impulsar la descentralización, hubo avances cualitativos importantes.  El olvido de esos logros por parte de los dirigentes políticos y de los ciudadanos en general, se convierte en una de las causas por las cuales el proceso ha logrado ser interrumpido por tantos años.

La ausencia de voluntad política por parte del Gobierno Nacional de impulsar la descentralización se hace más evidente cuando, además de tener normas constitucionales favorables a la descentralización, esas se encuentran complementadas con aquellas normas jurídicas previstas en la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias de 1989, que luego fueron reformadas parcialmente una primera vez en el año 2003 y una segunda en el año 2009; las cuales prácticamente están vigentes en su totalidad, particularmente en lo que se refiere al aspecto institucional e instrumental del proceso de transferencia de competencias.

La interrupción del proceso de descentralización y la imposición del modelo centralista y de concentración de Poder expresado en el Plan de la Patria 2013-2019, representa claramente un desconocimiento directo a la vigencia de la Constitución Nacional por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

En tal sentido y para poder rescatar la descentralización, es importante preguntarse, en el marco de un País sometido a las ruinas institucionales, jurídicas y financieras ¿Hasta qué punto los Partidos Políticos, a través de su dirigencia y la sociedad civil en general, valoran la descentralización como vehículo o herramienta para fortalecer la democracia, acercar el poder político al pueblo y garantizar la eficiencia y eficacia en los cometidos del Estado?

La respuesta a esa pregunta permitirá rescatar el proceso político de descentralización, que sin duda alguna demandará un acuerdo nacional para la descentralización política, administrativa y fiscal del país.   Esa misma respuesta supone claramente un reconocimiento expreso de la vigencia de la Constitución Nacional.

Estoy convencido de que la descentralización política, administrativa y fiscal representa una alternativa política que es válida y además, ajustada al marco constitucional vigente, para enfrentar de manera efectiva, con contenido viable, la visión del Plan de la Patria 2013-2019 y su promoción facilitará el debate para ir construyendo desde la visión del Estado Federal y Descentralizado el Plan de Desarrollo Nacional que el país reclama, y que además deberá sustituir al Plan de la Patria de  manera definitiva.

¿Es la descentralización el vehículo del cambio político para perfeccionar la democracia?

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Escrito para @PolitikaUCAB


Carlos Romero M.
@carome31