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lunes, 1 de mayo de 2017

Cinco claves para entender el alcance de los anuncios salariales en Venezuela por @contrapuntovzla


Por Adelaida Padrón


La poca actividad productiva del país, la falta de recursos para cumplir los compromisos de pago del Estado y el riesgo de una mayor inflación pesan sobre los nuevos aumentos

Este domingo el Gobierno hizo varios anuncios que impactan en el ingreso de los trabajadores, como son el aumento del salario mínimo y del ticket de alimentación, lo que se traducirá inicialmente en un alivio para los trabajadores dado el deterioro que la inflación tiene sobre el ingreso.

Sin embargo, hay varios factores que se deben tomar en cuenta a la hora de evaluar el alcance de estos aumentos, que pueden verse diluidos por la propia crisis económica, la escalada de los precios o por otras distorsiones.

1.- Inflación y poder de compra

El salario mínimo se elevará de 40.638, monto vigente desde inicios de marzo, a 62.021 bolívares, lo que equivale a un alza de 60%. Mientras que el bono de alimentación fue ajustado desde 108 mil bolívares a 135 mil bolívares. En conjunto, sumando salario y cesta ticket, el salario integral subió a 200.021 bolívares tras un ajuste de 35%.

El Gobierno también autorizó el pago de un "bono especial de guerra económica" a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuyos ingresos aumentaban de forma limitada, pues sólo perciben el equivalente al salario mínimo, pero quedan fuera del ticket de alimentación, aun cuando existe una ley que norma este beneficio para este segmento de la población.

De hecho, en marzo de 2016 la Asamblea Nacional aprobó la llamada Ley del Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados, que fue revisada por el Tribunal Supremo de Justicia, ente que validó su constitucionalidad. En esta ocasión el Ejecutivo nacional les autorizó a los pensionados una bonificación de 19.506,30 bolívares, que al sumarse a la pensión les genera un ingreso mensual de 84.527,30 bolívares.


Sin embargo, las estimaciones de economistas y de diversas instituciones señalan que el país transita un camino altamente inflacionario, con variaciones anuales por el orden de 800% que muestran el poco alcance de estos ajustes.
La canasta alimentaria, según las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) se ubicó de marzo en 605.416 bolívares, sobrepasando ampliamente al nuevo salario integral.

Asimismo, los cálculos de inflación que la Asamblea Nacional hace ante la ausencia de datos oficiales emitidos por el Banco Central de Venezuela apuntan a que en el primer trimestre del año se acumuló una inflación de 65,5%, un nivel que ya neutralizó el efecto del incremento de 35% que entrará en vigencia este 1 de mayo.

2.- Salario y baja productividad

Venezuela suma ya tres años de recesión económica con una caída de 25% del Producto Interno Bruto en ese período y todo apunta a que 2017 se sumará a esta tendencia. De hecho, el Fondo Monetario Internacional apunta a que este año el país experimentará una contracción de 7,4% en la economía y que desplome se extenderá a 2018, con una caída de 4,1%.

Varios gremios empresariales, como Conindustria y Consecomercio, vienen advirtiendo sobre esto y han encendido alarmas ante las autoridades, porque todo apunta a una profundización del desplome productivo, precarización del empleo, reducción o cierre de empresas, y menos capacidad para remunerar la mano de obra.

En este sentido destacan estimaciones de firmas como ODH, según las cuales en el primer bimestre las importaciones desde los principales socios comerciales del país cayeron 28,1% con respecto a igual período de 2016, lo que es determinante porque 58% de estas mercancías corresponden a insumos para la producción. Tal cuadro hace prever que la actividad del sector industrial se contraerá con grandes impactos tanto para el PIB como para el empleo.

Este es el contexto del aumento salarial aprobado por el Presidente Nicolás Maduro, razón por la cual las primeras reacciones del empresariado son de rechazo a la medida. Carlos Larrazábal, primer vicepresidente de Fedecámaras, señaló que mientras el incremento no esté enmarcado en una política antiinflacionaria y de aumento de la producción el resultado será más inflación. “Para pagar mejores sueldos se requiere más producción”, afirma.

3.- Déficit y obligaciones de pago

El Estado como empleador debe asumir las nuevas obligaciones del salario mínimo y de bono de alimentación, así como de pensiones y bono de guerra, en un contexto de bajos ingresos petroleros para la nación, que son los que aportan 9 de cada 10 dólares a la economía nacional. Aunque el precio de la cesta petrolera ha tenido una recuperación que lo hace promediar cerca de 45 dólares en el año, el descenso de la producción de crudo y una menor disponibilidad de volúmenes para exportar influyen negativamente en el flujo de ingresos.

A esto se suman las obligaciones de deuda que debe asumir el país, que concentran una porción importante de los recursos obtenidos, lo que deja poco margen para la gestión fiscal del Gobierno. Este factor es el que hace temer que las autoridades sigan recurriendo a la monetización del déficit como una vía para poder costear las obligaciones laborales recién contraídas.

Ecoanalítica sostiene que el sector público enfrentará dificultades, pues está en medio de una contracción de los ingresos fiscales, por lo que “continuará apelando al financiamiento monetario del BCV”.

Entre enero y marzo la asistencia financiera del Banco Central de Venezuela a las empresas públicas como Pdvsa repuntó en más de 30%. Estas asistencias, como explica el economista Pedro Palma, consisten en la emisión masiva de dinero inorgánico que tiene un fuerte efecto inflacionario.

4.- Desalarización del ingreso

La estructura de los aumentos autorizados profundiza otra distorsión, que es restarle fuerza al salario, que tiene un impacto multiplicador sobre otros beneficios legales de los trabajadores, para darle más peso a otros ingresos de efecto limitado como son las bonificaciones.

En el último tramo de 2015, el ingreso base de los trabajadores estaba compuesto en 75% por el salario mínimo y en 25% por el bono de alimentación, pero la proporción ha variado radicalmente a la par de que se han ido acelerando los decretos de aumento por parte del Gobierno. Con este nuevo ajuste, 30% del ingreso corresponderá al salario y 70% al bono de alimentación.

El cesta ticket socialista carece de efectos salariales y no se pueden capitalizar sus efectos, por lo que muchas organizaciones han cuestionado que la estrategia oficial sea concentrar el grueso del ingreso de los trabajadores en esta bonificación, echando por tierra conquistas sindicales históricas que fueron recogidas en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1996.

“Estos mecanismos que permiten otorgar en apariencia un mayor ingreso pero sin incidencia salarial, son técnicamente conocidos como desalarización, y representan un fenómeno muy preocupante en tiempos de alta inflación, poca o nula negociación colectiva de ajustes a los beneficios socioeconómicos de los trabajadores y trabajadoras del país, y de ataques crecientes al sindicalismo autónomo, toda vez que afectan de manera directa e irreversible a la población laboral venezolana que devenga tanto un salario mínimo mensual como sueldos ligeramente más elevados”, ha cuestionado Provea en reiteradas oportunidades.

5.- Cesta Ticket en efectivo

El Presidente Nicolás Maduro autorizó además una medida que amplía parte de lo estipulado en la Ley de Cesta Ticket Socialista para los Trabajadores, donde se norma todo lo relacionado con esta bonificación.

Esta ley limita el pago de este beneficio en efectivo para garantizar el logro de su objetivo central, que es garantizar una comida balanceada a los trabajadores, razón por la cual en las empresas con un volumen significativo de personal se crea la obligación de contar con un comedor o de un servicio para ofrecer los alimentos. En paralelo se admite la entrega de vales o de tarjetas electrónicas para recibir el beneficio, cuyo uso se confina a establecimientos de venta de alimentos y comida.

Sin embargo, el hecho de que la mayor porción del ingreso esté en el bono de alimentación ha llevado a los trabajadores a buscar locales comerciales donde les cambien el ticket por efectivo, aunque para ello deban aceptar un recargo. Estos “avances” de efectivo violentan el principio con el cual se articuló la norma del ticket de alimentación y hace que los recursos se utilicen para cualquier fin.

Aun así, la decisión presidencial es autorizar a las empresas a pagar el bono en efectivo o mediante transferencia a la cuenta de nómina del trabajador. El Jefe de Estado argumentó que la idea es evitar “que nadie le robe su cesta ticket a nadie”, aludiendo así a los cargos o comisiones que cobran en algunos establecimientos por el canje del beneficio.

01-05-17