Por Adelaida Padrón
La poca actividad productiva
del país, la falta de recursos para cumplir los compromisos de pago del Estado
y el riesgo de una mayor inflación pesan sobre los nuevos aumentos
Este domingo el Gobierno
hizo varios anuncios que impactan en el ingreso de los trabajadores, como son
el aumento del salario mínimo y del ticket de alimentación, lo que se traducirá
inicialmente en un alivio para los trabajadores dado el deterioro que la
inflación tiene sobre el ingreso.
Sin embargo, hay varios
factores que se deben tomar en cuenta a la hora de evaluar el alcance de estos
aumentos, que pueden verse diluidos por la propia crisis económica, la escalada
de los precios o por otras distorsiones.
1.- Inflación y poder de
compra
El salario mínimo se elevará
de 40.638, monto vigente desde inicios de marzo, a 62.021 bolívares, lo que
equivale a un alza de 60%. Mientras que el bono de alimentación fue ajustado
desde 108 mil bolívares a 135 mil bolívares. En conjunto, sumando salario y
cesta ticket, el salario integral subió a 200.021 bolívares tras un ajuste de
35%.
El Gobierno también autorizó
el pago de un "bono especial de guerra económica" a los pensionados
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuyos ingresos aumentaban de
forma limitada, pues sólo perciben el equivalente al salario mínimo, pero
quedan fuera del ticket de alimentación, aun cuando existe una ley que norma
este beneficio para este segmento de la población.
De hecho, en marzo de 2016
la Asamblea Nacional aprobó la llamada Ley del Bono para Alimentación y
Medicinas a Pensionados y Jubilados, que fue revisada por el Tribunal Supremo
de Justicia, ente que validó su constitucionalidad. En esta ocasión el
Ejecutivo nacional les autorizó a los pensionados una bonificación de 19.506,30
bolívares, que al sumarse a la pensión les genera un ingreso mensual de
84.527,30 bolívares.
Sin embargo, las
estimaciones de economistas y de diversas instituciones señalan que el país
transita un camino altamente inflacionario, con variaciones anuales por el
orden de 800% que muestran el poco alcance de estos ajustes.
La canasta alimentaria,
según las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis para los
Trabajadores (Cenda) se ubicó de marzo en 605.416 bolívares, sobrepasando
ampliamente al nuevo salario integral.
Asimismo, los cálculos de
inflación que la Asamblea Nacional hace ante la ausencia de datos oficiales
emitidos por el Banco Central de Venezuela apuntan a que en el primer trimestre
del año se acumuló una inflación de 65,5%, un nivel que ya neutralizó el efecto
del incremento de 35% que entrará en vigencia este 1 de mayo.
2.- Salario y baja
productividad
Venezuela suma ya tres años
de recesión económica con una caída de 25% del Producto Interno Bruto en ese
período y todo apunta a que 2017 se sumará a esta tendencia. De hecho, el Fondo
Monetario Internacional apunta a que este año el país experimentará una
contracción de 7,4% en la economía y que desplome se extenderá a 2018, con una
caída de 4,1%.
Varios gremios
empresariales, como Conindustria y Consecomercio, vienen advirtiendo sobre esto
y han encendido alarmas ante las autoridades, porque todo apunta a una
profundización del desplome productivo, precarización del empleo, reducción o
cierre de empresas, y menos capacidad para remunerar la mano de obra.
En este sentido destacan
estimaciones de firmas como ODH, según las cuales en el primer bimestre las
importaciones desde los principales socios comerciales del país cayeron 28,1%
con respecto a igual período de 2016, lo que es determinante porque 58% de
estas mercancías corresponden a insumos para la producción. Tal cuadro hace
prever que la actividad del sector industrial se contraerá con grandes impactos
tanto para el PIB como para el empleo.
Este es el contexto del
aumento salarial aprobado por el Presidente Nicolás Maduro, razón por la cual
las primeras reacciones del empresariado son de rechazo a la medida. Carlos
Larrazábal, primer vicepresidente de Fedecámaras, señaló que mientras el
incremento no esté enmarcado en una política antiinflacionaria y de aumento de
la producción el resultado será más inflación. “Para pagar mejores sueldos se
requiere más producción”, afirma.
3.- Déficit y obligaciones
de pago
El Estado como empleador
debe asumir las nuevas obligaciones del salario mínimo y de bono de
alimentación, así como de pensiones y bono de guerra, en un contexto de bajos
ingresos petroleros para la nación, que son los que aportan 9 de cada 10
dólares a la economía nacional. Aunque el precio de la cesta petrolera ha
tenido una recuperación que lo hace promediar cerca de 45 dólares en el año, el
descenso de la producción de crudo y una menor disponibilidad de volúmenes para
exportar influyen negativamente en el flujo de ingresos.
A esto se suman las
obligaciones de deuda que debe asumir el país, que concentran una porción
importante de los recursos obtenidos, lo que deja poco margen para la gestión
fiscal del Gobierno. Este factor es el que hace temer que las autoridades sigan
recurriendo a la monetización del déficit como una vía para poder costear las
obligaciones laborales recién contraídas.
Ecoanalítica sostiene que el
sector público enfrentará dificultades, pues está en medio de una contracción
de los ingresos fiscales, por lo que “continuará apelando al financiamiento
monetario del BCV”.
Entre enero y marzo la
asistencia financiera del Banco Central de Venezuela a las empresas públicas
como Pdvsa repuntó en más de 30%. Estas asistencias, como explica el economista
Pedro Palma, consisten en la emisión masiva de dinero inorgánico que tiene un
fuerte efecto inflacionario.
4.- Desalarización del
ingreso
La estructura de los
aumentos autorizados profundiza otra distorsión, que es restarle fuerza al
salario, que tiene un impacto multiplicador sobre otros beneficios legales de
los trabajadores, para darle más peso a otros ingresos de efecto limitado como
son las bonificaciones.
En el último tramo de 2015,
el ingreso base de los trabajadores estaba compuesto en 75% por el salario
mínimo y en 25% por el bono de alimentación, pero la proporción ha variado
radicalmente a la par de que se han ido acelerando los decretos de aumento por
parte del Gobierno. Con este nuevo ajuste, 30% del ingreso corresponderá al
salario y 70% al bono de alimentación.
El cesta ticket socialista
carece de efectos salariales y no se pueden capitalizar sus efectos, por lo que
muchas organizaciones han cuestionado que la estrategia oficial sea concentrar
el grueso del ingreso de los trabajadores en esta bonificación, echando por
tierra conquistas sindicales históricas que fueron recogidas en la reforma de
la Ley Orgánica del Trabajo de 1996.
“Estos mecanismos que
permiten otorgar en apariencia un mayor ingreso pero sin incidencia salarial,
son técnicamente conocidos como desalarización, y representan un fenómeno muy
preocupante en tiempos de alta inflación, poca o nula negociación colectiva de
ajustes a los beneficios socioeconómicos de los trabajadores y trabajadoras del
país, y de ataques crecientes al sindicalismo autónomo, toda vez que afectan de
manera directa e irreversible a la población laboral venezolana que devenga
tanto un salario mínimo mensual como sueldos ligeramente más elevados”, ha
cuestionado Provea en reiteradas oportunidades.
5.- Cesta Ticket en efectivo
El Presidente Nicolás Maduro
autorizó además una medida que amplía parte de lo estipulado en la Ley de Cesta
Ticket Socialista para los Trabajadores, donde se norma todo lo relacionado con
esta bonificación.
Esta ley limita el pago de
este beneficio en efectivo para garantizar el logro de su objetivo central, que
es garantizar una comida balanceada a los trabajadores, razón por la cual en
las empresas con un volumen significativo de personal se crea la obligación de
contar con un comedor o de un servicio para ofrecer los alimentos. En paralelo
se admite la entrega de vales o de tarjetas electrónicas para recibir el
beneficio, cuyo uso se confina a establecimientos de venta de alimentos y
comida.
Sin embargo, el hecho de que
la mayor porción del ingreso esté en el bono de alimentación ha llevado a los
trabajadores a buscar locales comerciales donde les cambien el ticket por
efectivo, aunque para ello deban aceptar un recargo. Estos “avances” de
efectivo violentan el principio con el cual se articuló la norma del ticket de
alimentación y hace que los recursos se utilicen para cualquier fin.
Aun así, la decisión
presidencial es autorizar a las empresas a pagar el bono en efectivo o mediante
transferencia a la cuenta de nómina del trabajador. El Jefe de Estado argumentó
que la idea es evitar “que nadie le robe su cesta ticket a nadie”, aludiendo
así a los cargos o comisiones que cobran en algunos establecimientos por el
canje del beneficio.
01-05-17
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