Por Mariano de Alba
Cuando a finales de marzo el
Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias desconociendo la inmunidad parlamentaria y declarando que asumiría competencias de la Asamblea Nacional, la crisis
venezolana entró en una nueva fase. Ese desconocimiento tan evidente de la
Constitución ha logrado generar una enfática reacción internacional. Una
mayoría de países de la región han centrado su atención sobre Venezuela,
evidenciado en recurrentes comunicados y decisiones concretas en el Mercosur y
la OEA –una organización de la cual el gobierno, en retaliación, ha iniciado su salida, lo que en todo caso
se concretaría formalmente el 28 de abril de 2019–.
Sin embargo, el conflicto
todavía pareciera estar lejos de una resolución mientras la tensión, represión
y muertes incrementan. En apenas un mes, 35 venezolanos han perdido la vida como consecuencia
de la violencia. Ante esto, surge la duda sobre si la comunidad internacional
está haciendo todo lo que debe o si, por el contrario, puede emprender acciones
adicionales para tratar de influir en la terminación del trágico trance que
atraviesa Venezuela. Todo indica que la diplomacia todavía puede lograr un
mayor impacto, aunque la clave siempre estará en el ámbito interno.
Específicamente, la región debe tratar de proponer una salida concreta que sea
sustancialmente atractiva para el régimen y la oposición.
Las herramientas diplomáticas
disponibles
Apartando la inacción, puede
decirse que existen seis herramientas diplomáticas ante situaciones de crisis
interna como la que enfrenta Venezuela. Bien sea de forma individual o en
conjunto, los países pueden (i) consultar y/o discutir; (ii) emitir
declaraciones o comunicados; (iii) limitar o cesar las relaciones diplomáticas;
(iv) presentar propuestas de posibles soluciones a los actores internos; (v)
mediar o fungir como garantes de procesos de negociación; e (vi) imponer
sanciones a funcionarios del gobierno o a la economía del país.
Durante el año 2016 y con
ocasión del esfuerzo opositor para concretar el referéndum revocatorio, se pudo
constatar cómo la mayoría de la región se concentró fundamentalmente en la
herramienta de discusión y en algunos casos se emitieron declaraciones o
comunicados.
Por tanto, el cambio
fundamental luego de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia no es sólo
un aumento de la atención y el número y frecuencia de comunicados, sino que
diversos países también se han mostrado dispuestos a pasar al campo de las acciones
diplomáticas.
Las decisiones tomadas a
principios de abril en el Mercosur y la OEA son un primer ejemplo, pero países como Perú y Chile también han tomado medidas unilaterales como el
retiro permanente de sus embajadores en Caracas. Por ende, es muy probable que,
de continuar agravándose la situación y visto el anuncio de retirarse de la
OEA, más países tomen acciones en el ámbito bilateral. Éstas podrían ser
llamados a consultas o retiro de embajadores, desconocimiento de la legitimidad
del régimen de Nicolás Maduro y el cese de las relaciones diplomáticas.De
hecho, en las últimas horas, Costa Rica ha llamado a consultas a su encargada de negocios en
Venezuela. Estas alternativas son relevantes si se tiene en cuenta que en
organizaciones como el MERCOSUR y la OEA una mayoría de países entiende que ya
se ha puesto en práctica la primera fase de las respectivas cláusulas
democráticas y al mismo tiempo, no pareciera haber suficiente ánimo, por ahora, para pasar a la fase de
suspensión de Venezuela de esas organizaciones.
La razón por la que existe
reticencia para suspender a Venezuela de organizaciones internacionales y pocos
países han comenzado a limitar las relaciones diplomáticas es porque consideran que tal alternativa lo único que lograría
sería aislar más al gobierno. La preferencia de la mayoría de la región es que
se retorne al respeto a la Constitución, se defina un calendario electoral y
sean los venezolanos quienes a través de un entendimiento logren una salida a
la crisis. Por ende, teniendo en cuenta que algunos países ya han reconocido que la convocatoria a una “constituyente”
es una huida hacia delante del gobierno, la cuarta herramienta podría ser
particularmente útil y relevante.
Los países de la región
deben tratar de presentar una propuesta de solución, planteando salidas
concretas que sean lo suficientemente atractivas tanto para el régimen (o al
menos un sector de él) y la oposición. De hecho, esta idea ya ha sido asomada
en un comunicado reciente por parte de ocho países, aunque
no se reconoce expresamente que para que se concrete ese “acuerdo nacional
incluyente” hará falta no sólo presión sino ayuda y asesoría internacional.Como
ya lo han reconocido varios países, esa propuesta debería incluir que se
recupere el respeto a la Constitución, reconociéndose la legitimidad y plenas
competencias de la Asamblea Nacional y se defina un calendario electoral. En
ese ámbito, lo que podría ser atractivo para ambas partes es que en 2017 se
celebren las elecciones regionales y municipales, y se deje para diciembre 2018
las presidenciales según correspondería conforme a los lapsos constitucionales.
Está claro que esta no es
una propuesta fácil de vender o digerir ante la situación actual. Una prueba es
que preguntado sobre si mediaría en la crisis venezolana, el expresidente
uruguayo, Pepe Mujica, lo descartó rotundamente declarando: “¡Ni que fuera mago!”. Pero la región debe ser
muy enfática en transmitir que, ante una crisis de tal magnitud, es poco
probable o conveniente que el gobierno o la oposición pretendan imponerse,
especialmente teniendo en cuenta que ello podría significar la trágica pérdida
de un número aún mayor de venezolanos.
Lógicamente, el inicio de la
búsqueda de un acuerdo tendría que estar precedido de una demostración por
parte del régimen venezolano de que efectivamente está dispuesto a buscar una
solución. Esas indicaciones no deberían ser otras que el respeto a lo que prevé
la Constitución, tanto en el respeto a la Asamblea Nacional como en la
liberación de presos políticos y la definición de un cronograma electoral con
plazos específicos. Esto coincidiría con lo que manifestó recientemente el Papa Francisco, comunicando
que la Santa Sede solo retomaría los esfuerzos de mediación “si el gobierno da
señales concretas”.
Lo anterior desembocaría
posiblemente en la quinta herramienta, con al menos un grupo de países u alguna
organización internacional mediando o fungiendo como garantes de un proceso de
negociación y los posibles acuerdos alcanzados. La idea de conformar un grupo
de países que se dedique directamente a tratar de ayudar a solucionar la
situación –conjuntamente con el Vaticano– ya ha sido propuesta por países como Perú. Asimismo, ahora el
gobierno de Argentina realiza consultas con el gobierno de Bolivia para que
éste trate de convencer a Nicolás Maduro que abandone la idea de una
“constituyente”.
El debate sobre las
sanciones
Dicho lo anterior, hay que
reconocer que la historia reciente y los sucesos ocurridos durante el mes de
abril sugieren que el régimen de Nicolás Maduro está radicalizado y no parece
dispuesto a escuchar ninguna propuesta de la región. Tal intención de
radicalización ha sido confirmada con el supuesto llamado a una
“constituyente”. Es en ese marco que hay que considerar la sexta y última
herramienta que los países potencialmente tendrían disponible: las sanciones.
Este es un tema polémico.
Algunos, como miembros del Congreso y exfuncionarios del gobierno estadounidense, consideran que una política de sanciones contra
determinados funcionarios del régimen o incluso con respecto a la economía (por
ejemplo, una decisión de dejar de comprar petróleo venezolano) podrían
impulsar la resolución de la crisis. Por otro lado, también es lógico pensar
que es poco probable que las sanciones sean efectivas. El caso paradigmático en ese sentido es el de Cuba y la historia demuestra que el embargo comercial
impuesto por Estados Unidos no cumplió su objetivo de ocasionar un cambio de
régimen en la isla.
El escenario venezolano es
parcialmente análogo al cubano. Primero, porque el régimen también se ha
dedicado a promover un sentimiento antiimperialista. Si las sanciones son
impuestas por Estados Unidos, éstas podrían terminar reforzando el discurso del
gobierno. Segundo, porque el único país que hasta ahora ha impuesto y se ha
manifestado dispuesto a imponer sanciones es Estados Unidos. Usualmente, la efectividad de las sanciones
pierde fuerza cuando son aplicadas por un solo país y la realidad es que en el
resto de Latinoamérica no existe una práctica de imposición de sanciones, sino
más bien de rechazo. Esto ha sido reconocido por el exembajador de
Estados Unidos en Venezuela durante el gobierno de George W. Bush, Charles Shapiro. Asimismo, por ahora parece remota la
posibilidad que la Unión Europea imponga sanciones sobre Venezuela. Europa
atraviesa un momento complicado y su atención está fundamentalmente en su
propio vecindario. Tercero, es difícil que las sanciones generen efectos
trascendentales si éstas no crean los incentivos para que haya un cambio de
comportamiento en las personas o países sancionados. Las sanciones de carácter
indefinido lo que logran en algunos casos es aumentar el riesgo de un cambio
para los funcionarios sancionados, por lo que éstos terminan radicalizándose
ante el riesgo de perder el poder y quizás ser subsecuentemente juzgados. No
obstante, también es cierto que una política de sanciones podría lograr que
funcionarios que no han sido sancionados piensen dos veces antes de cometer
violaciones a los derechos humanos, aunque en el caso venezolano las sanciones
ya impuestas por el gobierno estadounidense no han sido sustancialmente
efectivas si comparamos el aumento de los episodios de represión y el papel que
siguen jugando los funcionarios que han sido objeto de sanciones.
¿Puede entonces la comunidad
internacional jugar un papel más relevante?
En definitiva, la comunidad
internacional –y especialmente los países de la región– pueden jugar un papel
más relevante. Todavía existen herramientas diplomáticas que pueden ser
utilizadas para presionar a que se encuentre una solución a una crisis que está
generando la muerte
de muchas personas. A estas alturas, lo más conveniente podría ser que un
grupo importante de países trate de presentar una propuesta concreta,
planteando posibles salidas que sean atractivas tanto para el régimen como la
oposición. Al final, está claro que la solución a la situación que vive
Venezuela depende esencialmente de los venezolanos. Pero la región debe agotar
todos los recursos para tratar de ayudar. Antes que sea demasiado tarde.
06-05-17
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