Por Asdrúbal Aguiar
La adopción de la llamada
Declaración de Lima, trabajada por 17 gobiernos a instancias del presidente
Pedro Pablo Kuczynski, hecha propia por 12 cancilleres de la región y publicada
con la presencia de los primeros, saca del sopor el sistema de seguridad
colectiva de la democracia; casi llevado a la tumba por el socialismo del siglo
XXI y su ancla dentro de la OEA, José Miguel Insulza, de ingrata recordación.
El texto condena la ruptura
del orden constitucional y democrático en Venezuela. Le impone a la dictadura
de Nicolás Maduro distintas medidas, tanto como fija lineamientos para el
manejo de las relaciones exteriores con este.
Una primera consideración que
cabe al respecto es sobre el factor determinante de este golpe de timón
inédito; siendo que la cuestión venezolana estaba servida desde antes, desde
cuando Luis Almagro, actual secretario general de la OEA, presenta sus tres
informes sucesivos, dando cuenta no solo de las alteraciones graves, sino de
las cabales rupturas democráticas que observara por parte de una estructura de
gobierno –la de Maduro– abiertamente coludida con el narcotráfico y el
terrorismo.
La situación que colma la
paciencia de los gobiernos y les obliga a dejar atrás los métodos formales de
la diplomacia multilateral para resolver con la urgencia debida, tiene lugar
una vez como el dictador mencionado sobrepasa la línea roja y pisotea el
elemento primario de la democracia, el voto, la expresión de la soberanía
popular. Al convocar una constituyente dictatorial de espaldas a las reglas
constitucionales sobre la materia, escoger a dedo a los constituyentes, y
realizar una elección puertas adentro –dentro de sus predios– con absoluto
desprecio por el principio del voto universal, directo y secreto, escupió a la
cara de aquellos.
La enseñanza es obligada. Los
demás elementos esenciales de la democracia y los componentes fundamentales de
su ejercicio, aprobados en 1959, en Santiago de Chile y luego sistematizados,
hechos vinculantes en 2001 con la Carta Democrática Interamericana (derechos
humanos, vigencia del Estado de Derecho, separación de poderes, pluralismo
político, libertad de prensa, transparencia, probidad, rendición de cuentas,
sujeción del poder militar al poder civil, participación ciudadana), a ojos de
una buena parte de los actuales gobernantes son exquisiteces, en la hora y en
momentos de severa invertebración social y política en las Américas. Pero el
derecho al voto es otra cosa.
La innovación es lo
importante. A través de una resolución, con asentimiento expreso y también
tácito de los más importantes gobiernos de la región, incluidos los más
representativos del Caribe angloparlante, surge un documento prescriptivo y no
solo recomendatorio. Su fuerza depende de la buena fe en el comportamiento
oportuno de las cancillerías. Es una modalidad audaz e innovadora de soft
law, como acto cuasi-jurídico y en ciernes, ordinariamente impreciso, que puede
abrir caminos y facilitar consensos experimentales para lo que pueda venir
luego de modo vinculante. Esta vez, sin embargo, hay claridad normativa, pero
compromisos de ejecución flexibles y desconcentrados, tanto que se hace una
invocación deliberada a la Carta Democrática Interamericana como desiderátum.
El sentido de la vergüenza
llegó a los palacios. No podían los presidentes digerir el grado de impudicia,
el desafío de una claque criminal que instalada en Caracas e integrada por una
comandita de militares y civiles controlados desde La Habana les diga: ¡Y qué!
¡Sí somos dictadores y represores! ¡Y qué!
Pues bien, las circunstancias
dirán hasta dónde llegará la constituyente madurista, que por lo pronto envía a
la cárcel a los alcaldes de la oposición mientras otros aspiran a hacerse
elegir como gobernadores, en unas elecciones organizadas bajo dicha
constituyente, encargada de darles certificados de buena conducta a los
aspirantes.
Pero la realidad no ha
cambiado. La hambruna y falta de medicinas, el 80% de pobreza crítica, la
imposibilidad de que un empleado medio pueda comprar siquiera un quinto de los
alimentos que adquiere un consumidor colombiano de la franja más pobre, tener a
más de 600 venezolanos como prisioneros políticos, la conciencia nacional de
que la libertad se ha perdido y el mal absoluto se enseñorea, son gasolina
sobre el piso; expresan líneas críticas que obligan a la supervivencia y apagan
el miedo. Y así desaparecen, en medio de la desesperación, hasta las líneas
tenues de la solidaridad.
Desde Lima, al menos, su
declaración dice que no reconocen a la dictadura ni su constituyente, que
reconocen a la Asamblea Nacional y a la fiscal general, que no apoyarán las
iniciativas internacionales de la dictadura, que saben de las violaciones de
derechos humanos y la violencia sistemática como política de Estado, y que
impedirán que la dictadura se haga de nuevas armas. Y que seguirán
observándonos.
Es mucho visto lo anterior, es
poco dada la ominosa tragedia que determina las medidas. Pero se agradece. Los
gobiernos americanos han renunciado al papel de médicos forenses de la
democracia, así hayan optado por la de médicos intensivistas.
Nos corresponde a los
venezolanos, por ende, sostener esa mirada preocupada sobre nuestra gravedad,
ya que puede distraerse si encuentra excusas, si ve que el enfermo antes que
quejarse disimula o muestra normalidad.
correoaustral@gmail.com
15-08-17
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