Gustavo Ocando Alex 15 de julio de 2020
@gusocandoalex
Los
activistas notan nulo interés político del madurismo para revertir las
violaciones observadas hace un año por la alta comisionada de derechos humanos
de la ONU.
El
gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha atendido parcialmente solo dos de las
23 recomendaciones para revertir y prevenir las violaciones de derechos humanos
en Venezuela que le hizo hace un año la alta comisionada para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Esa
es la conclusión de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país,
como Provea, al hacer balance del crítico informe que presentó la delegada de
la ONU en julio de 2019 y que ha sumado ya al menos cuatro actualizaciones.
El
4 de julio del año pasado, tras seis meses de denuncias de la oposición
venezolana contra Nicolás Maduro por su presunta usurpación del poder, Bachelet
presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un reporte con profundas
críticas al estado venezolano por las “graves vulneraciones de derechos
económicos, sociales, civiles, políticos y culturales” documentadas por su
oficina.
La
alta comisionada denunció una estrategia oficial “orientada a neutralizar,
reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al
gobierno”. También, concluyó que la profunda crisis económica ha privado a la
población venezolana de los medios para satisfacer su alimentación y cuidados
médicos.
Observó,
además, la militarización de las instituciones del estado y que el espacio para
los medios de comunicación independientes se había reducido, entre otras
vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela.
Tras
entrevistar a 558 víctimas y testigos de tales violaciones, el documento
incluyó 23 recomendaciones al gobierno de Maduro para garantizar la
disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos y servicios de
atención de la salud.
Otras
peticiones fueron poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así
como liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.
Propuso detener y condenar la persecución y represión selectiva por motivos
políticos, y disolver las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía
Nacional.
Las
recomendaciones, explicó Bachelet, servirían para “frenar las violaciones
actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones
significativas”.
Aquel
documento es interpretado por las organizaciones defensoras de los derechos
humanos como un “hito” en el reflejo de la situación global de Venezuela, como
lo refirió Provea en un comunicado donde evalúa su cumplimiento, un año
después.
Calixto
Ávila, consultor de derechos humanos y representante de Provea en Europa, dijo
a la Voz de América que su organización, una de las más antiguas en Venezuela,
nota que Maduro ha desoído en el último año 21 de las propuestas que le hizo
Bachelet para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
“Se
han cumplido parcialmente dos: la primera es la presencia de la oficina en el
territorio, a través de dos oficiales (de Bachelet); y la segunda, el aumento
de la cobertura de vacunación”, que se ha conocido solo a través de la
información aportada por Unicef, no por el mismo gobierno en disputa, indica.
La
presencia de la Oficina de la Alta Comisionada es un “paso importante” para los
derechos humanos en Venezuela, opina el delegado de Provea, pero aún no se ha
permitido el acceso de los oficiales de Bachelet a las instituciones de
inteligencia militar, donde está detenida la mayoría de los opositores privados
de libertad, añadió.
Propaganda antes que respeto
La alta comisionada para los Derechos Humanos ha
actualizado su informe en cuatro oportunidades: en septiembre y diciembre de
2019; en marzo pasado, antes de la declaratoria de la pandemia, y la semana
pasada, cuando precisó que su oficina ha seguido documentando restricciones al
espacio cívico y democrático en el país.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, calificó el
informe de hace un año como “errático” y lo vilipendió por no tener “rigor
alguno”. El propio mandatario opinó que “repite mentiras” y denunció que
Bachelet expresó su “envidia” al redactarlo.
Bachelet comentó en su última intervención ante el
Consejo de Derechos Humanos que las decisiones recientes del Tribunal Supremo
de Justicia sobre el nuevo poder electoral y los principales partidos de oposición
“disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales
creíbles y democráticos”.
A su entender, la población “sigue padeciendo graves
violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios,
los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios
públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el
precario acceso a los servicios de salud”.
Liliana Ortega, abogada y fundadora de Cofavic, una de
las ONG de derechos humanos de mayor experiencia en Venezuela, destaca que las
actualizaciones del informe de la alta comisionada evidencian “la poca
cooperación” del gobierno madurista.
“Dan cuenta de la falta de cumplimiento y de
cooperación en sus aspectos más fundamentales por parte del estado y del
incremento de la gravedad de la situación que ella señaló en julio 2019 en su
visita al país”, señaló en conversación con la VOA.
El estado venezolano debe acatar cada una de las
recomendaciones de la representante de las Naciones Unidas, insiste Ortega.
Desde Bélgica, el consejero de Provea comenta que
sobre 21 de los consejos de Bachelet no hay progreso alguno, es imposible evaluarlos
o existen retrocesos.
Entre las indicaciones desatendidas, Provea urge la
garantía de acceso de la ayuda humanitaria bajo las normas de humanidad,
neutralidad, imparcialidad e independencia operativa.
También prioriza la asistencia en la salud y el acceso
de la población al agua en el contexto de la pandemia. La disolución de las
FAES, que Ávila llama “escuadrón de la muerte”, y la liberación de todos los
presos políticos son otros imperativos, añade.
Ortega, de Cofavic, también remarca el pedido de la
ONU de programas oficiales de salud preventiva, con especial atención a
servicios maternos e infantiles, la salud sexual y reproductiva, así como de
investigaciones prontas y efectivas sobre violaciones de derechos humanos,
incluidas las muertes de indígenas.
La protección de defensores de derechos humanos y
periodistas, la prevención de la represión contra manifestaciones y las
garantías de independencia judicial, asimismo, están incluidas en la lista de
recomendaciones de Bachelet, indica.
Provea no nota “voluntad política” del madurismo para
cumplir con las recomendaciones de Bachelet, remarca Ávila. Lo atribuye a que
solo impera el interés de que todo debate en el sistema interamericano y de
Naciones Unidas le favorezca.
“El señor Maduro pudo haber ratificado dos tratados en
este tiempo, el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y la
Convención Internacional para la protección contra las desapariciones
forzadas”, dice.
Aquella “dinámica de propaganda” ocurre, a su juicio,
en detrimento de la información transparente y de dominio público sobre los
derechos humanos en Venezuela.
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