Venezuela: Abusos contra retornados, por @hrw_espanol

HRW 13 de octubre de 2020

@hrw_espanol

Las condiciones insalubres en centros de cuarentena podrían propagar el Covid-19

El trato abusivo y las condiciones a las que las autoridades venezolanas someten a alrededor de 130.000 ciudadanos que han vuelto de otros países probablemente incrementará la transmisión del Covid-19, señalaron hoy Human Rights Watch junto con el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Cuando los ministros de Relaciones Exteriores de países latinoamericanos se reúnan en el próximo encuentro en línea del Proceso de Quito, previsto para la semana del 19 de octubre de 2020, deben abordar con urgencia la situación de los retornados.

Decenas de miles de venezolanos, que en su mayoría vivían en otros países latinoamericanos, están regresando a Venezuela por la pandemia de Covid-19 y su impacto económico. Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos. Además, a muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de Covid-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo.
“Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el Covid-19”, dijo la Dra. Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros de Johns Hopkins. “Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”.
Desde 2014, más de 5 millones de venezolanos se han ido del país huyendo de la crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos. Sin embargo, debido a las medidas de confinamiento por Covid-19 dispuestas en otros países de América Latina, muchos venezolanos que habían estado trabajando en sectores de la economía informal no han podido pagar sus alquileres ni alimentos. Desde que empezó la pandemia, alrededor de 130.000 venezolanos han regresado a su país, en muchos casos atravesando difíciles circunstancias, según autoridades venezolanas y actores humanitarios.
Los gobiernos latinoamericanos crearon el Proceso de Quito en 2018 con el propósito de plantear una respuesta común al éxodo venezolano. En la reunión programada para octubre, los países miembros deben expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional, que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo en sus territorios. Los representantes también deben cooperar para proteger los derechos de los retornados y exigir a las autoridades venezolanas que pongan fin a las condiciones abusivas de cuarentena y consideren alternativas – como la cuarentena domiciliaria – cuando sea viable.
El 11 de junio, Nicolás Maduro expresó que su gobierno iba “a seguir recibiendo a todos los venezolanos que vienen con amor”. Sin embargo, el gobierno ha estigmatizado en reiteradas oportunidades a los retornados, a quienes acusa de llevar el virus a Venezuela.
Entre junio y septiembre, Human Rights Watch entrevistó a 76 personas, incluyendo 23 retornados (entre ellos 10 mujeres y 13 hombres) procedentes de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Estados Unidos, así como a periodistas, actores humanitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y residentes de zonas a las cuales llegan retornados. Human Rights Watch analizó información proporcionada por organizaciones internacionales y venezolanas, videos de declaraciones realizadas por funcionarios gubernamentales y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud venezolano. Una investigadora de los Centros de Johns Hopkins participó en algunas entrevistas y analizó documentos del Ministerio de Salud.

Al 12 de octubre, Venezuela había confirmado 83.137 casos de Covid-19 y 697 muertes por esta enfermedad. Es muy probable que la cifra real sea mucho mayor.
A quienes ingresan en Venezuela se les exige permanecer en centros de cuarentena conocidos como Puntos de Atención Social Integral, o PASI. Los retornados entrevistados se alojaron en un total de 26 centros. De estos, 19 eran centros de recepción en los estados fronterizos de Táchira, Apure y Bolívar. El resto se encontraban en Caracas y los estados Aragua, Falcón, Guárico, Vargas y Zulia.
Aunque las condiciones en los centros varían considerablemente, la mayoría de los retornados entrevistados indicaron que la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación. Muchos también reportaron condiciones insalubres, como falta de agua y electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, y de artículos básicos de higiene, como jabón. Afirmaron que tuvieron serias dificultades para acceder a atención médica y alimentos, incluso agua potable y fórmula para niños y niñas pequeños.
El gobierno venezolano tiene la obligación de cuidar de aquellos que están en centros de cuarentena y está obligado a atender sus necesidades básicas, como el acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento, artículos de higiene y atención médica. Las condiciones que describieron los retornados en algunos centros no cumplen con sus necesidades básicas, y en algunas instancias su gravedad podría constituir trato degradante, el cual está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes.
Es probable que las condiciones que describieron los retornados contribuyan a propagar el virus, señalaron Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins. El hacinamiento hace que el distanciamiento social resulte imposible y se agrave el riesgo de transmisión del coronavirus. En algunos casos, personas que ingresaron en los centros en distintos momentos o que estaban en distintas etapas del protocolo de testeo no estuvieron aisladas unas de otras. En hoteles utilizados como PASI, quienes estaban en cuarentena a veces compartían espacios comunes con huéspedes que no usaban mascarillas.
Obligar a las personas a quedarse más de 14 días exclusivamente para esperar los resultados de las pruebas de diagnóstico resulta innecesario desde una perspectiva de salud pública, es incompatible con las pautas de la Organización Mundial de la Salud y, en la práctica, equivale a una detención arbitraria.

Varios actores humanitarios indicaron que las condiciones en algunos PASI eran mejores que en otros. No se aplica ningún estándar común a todos los centros. Los centros son administrados por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana, y las condiciones, al igual que el acceso para los trabajadores humanitarios, varían considerablemente dependiendo de quién esté a cargo. 

Diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales están asistiendo a los retornados e intentando mejorar las condiciones en los PASI con apoyo financiero internacional. Representantes de algunas de estas organizaciones señalaron a Human Rights Watch que su acceso a los centros había aumentado en las últimas semanas. Sin embargo, su capacidad y el acceso que tienen a todos los PASI son limitados y, por consiguiente, muchos retornados en estos centros no recibirán servicios adecuados para atender a sus necesidades básicas, apuntó Human Rights Watch. 

El 10 de julio, Human Rights Watch pidió información a las autoridades venezolanas sobre su respuesta ante la hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos. No han respondido.  

“Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de Covid-19 en ambos lados de la frontera”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo a los retornados y mejoren el modo en que ellos mismos tratan a los venezolanos en el contexto del Covid-19. No deben desaprovecharla”.

Recomendaciones a los gobiernos que participan en el Proceso de Quito
La declaración adoptada el 24 de septiembre por representantes de Estados Miembros del Proceso de Quito invita a esos estados a “[a]compañar y facilitar el proceso de retorno voluntario, mediante políticas formuladas y gestionadas con un enfoque de derechos humanos, la coordinación entre los Estados Miembros, y con la cooperación de los organismos internacionales competentes”. Human Rights Watch recomienda que los ministros de Relaciones Exteriores que se reúnan en octubre como parte del Proceso de Quito:

• Se comprometan a presentar un plan de acción para proteger los derechos de los venezolanos en los países donde se encuentran, asegurando que ellos – así como el resto de la población – tengan acceso a atención médica y a alimentación, agua y otros elementos esenciales para una vida digna
• Adopten una respuesta colectiva y concertada a la migración venezolana, incluyendo a través de un régimen de protección temporal común a toda la región que conceda a todos los venezolanos estatus legal durante un período de tiempo determinado pero renovable, al menos mientras se encuentren en trámite sus solicitudes individuales ante las autoridades competentes
• Soliciten al Secretario General de la ONU António Guterres su intervención para formalizar un programa eficaz de apoyo a los retornados en la frontera entre Colombia y Venezuela, con participación de expertos en salud pública y liderado por la Organización Panamericana de la Salud. Debe enfocarse en asegurar que las autoridades obtengan información confiable sobre los casos confirmados de Covid-19 a ambos lados de la frontera; que la permanencia de retornados en centros de cuarentena cumpla con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como limitar la estadía de pacientes asintomáticos a 14 días; y que las medidas de cuarentena respeten derechos humanos
• Destinen recursos a financiar los esfuerzos humanitarios en zonas fronterizas donde esperan miles de retornados. Además de financiar el programa de salud pública en la frontera, deben aumentar el financiamiento a organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para proteger los derechos de los venezolanos que regresan; entre otras medidas, asegurando que todos los retornos sean voluntarios y que se les proporcione suficiente información sobre el proceso de retorno y las condiciones en sus lugares de origen
• Trabajen con el Secretario General Guterres y su equipo humanitario, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, así como con otros países para instar a las autoridades venezolanas a permitir la implementación de una respuesta humanitaria a gran escala en Venezuela liderada por la ONU. Tal respuesta debe incluir, entre otras medidas, atender la situación de los retornados. Asimismo, deberían adoptar las recomendaciones en el informe de Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins del 26 de mayo para abordar la emergencia humanitaria y el Covid-19 en Venezuela; en particular, acelerando el pleno despliegue del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela
• Exhorten a las autoridades venezolanas a permitir acceso irrestricto a actores humanitarios y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para monitorear las condiciones en los centros, y a adoptar medidas que:
• pongan fin a las condiciones abusivas en los centros de cuarentena, incluyendo el hacinamiento y las condiciones insalubres,
• brinden alimentos, agua y atención médica adecuados a los retornados;
• terminen con la práctica de mantener en cuarentena a personas asintomáticas durante más de 14 días si no hubo nuevas instancias de exposición al virus; y
• permitan alternativas eficaces de cuarentena, como la cuarentena domiciliaria de quienes tengan un lugar donde hacerlo de manera segura
• Condenen públicamente el maltrato de autoridades venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno hacia los retornados

El regreso a Venezuela
Muchos países sudamericanos han establecido medidas de confinamiento de alcance nacional que han impedido el funcionamiento de sus economías informales. Como resultado, muchos venezolanos que viven en esos países y dependen de la economía informal ya no pueden pagar su alquiler o comida. Muchos han perdido sus empleos o parte de sus ingresos. Aunque algunos de estos países han establecido programas de asistencia financiera de emergencia (como el Ingreso Solidario en Colombia, el Bono de Protección Familiar por Emergencia en Ecuador y el Bono Familiar Universal en Perú), estos recursos no siempre están disponibles para extranjeros.
Dado que muchos venezolanos no tienen estatus legal regular en los países donde viven, a menudo carecen de acceso a atención médica y otros servicios, como pruebas de detección de Covid-19 o tratamiento para esa enfermedad. Algunos países, como Perú, Ecuador y Colombia, indican haber incluido en los servicios de salud a refugiados y migrantes cuyas pruebas dan positivo o quienes se sospecha que tienen Covid-19. Sin embargo, esos servicios frecuentemente no alcanzan a quienes tienen un estatus migratorio irregular, ya sea porque no saben que pueden acceder a ellos o porque temen que la atención que se brinda a quienes se encuentran indocumentados sea inadecuada.
Por ello, miles de venezolanos – incluyendo niños y niñas, adultos mayores, hombres y mujeres, incluso embarazadas – están volviendo a su país de origen, muchos del mismo modo en que huyeron anteriormente; es decir, a pie. Regresan de países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, a veces caminando varias semanas en condiciones de calor, frío y lluvia, llevando todas sus pertenencias consigo. Algunos carecen de acceso a albergues durante el trayecto, o tienen un acceso muy limitado. Varios retornados dijeron a Human Rights Watch que dormían al costado de las carreteras, se bañaban en ríos y consumían alimentos de bajo costo, como arroz, pan y caña de azúcar. Trabajadores de organizaciones no gubernamentales en Colombia señalaron que muchos de los retornados que encuentran en su camino hacia Venezuela están desnutridos y deshidratados.
Algunos retornados pueden tomar autobuses hasta la frontera. El gobierno colombiano ha subsidiado estos viajes, pero el costo sigue siendo alto y es común que haya demoras. El distanciamiento social no suele ser adecuado. Además de quienes caminan o toman autobuses, cientos de venezolanos han regresado a Caracas desde toda América Latina en vuelos financiados por el gobierno de Maduro.
Al llegar a la frontera por tierra, los venezolanos que regresan deben esperar del lado colombiano o brasileño, sin acceso adecuado a comida, agua, baños o albergue, en gran parte por la decisión de autoridades venezolanas de limitar el ingreso de personas al país. El 8 de junio, el gobierno de Maduro limitó el ingreso diario por cruces fronterizos oficiales a 100 o 300 personas, dependiendo del lugar, y en algunos cruces sólo permite el ingreso los días lunes, miércoles y viernes. Desde entonces, las multitudes que esperan para ingresar se han aglomerado en albergues improvisados al lado de carreteras, con escaso distanciamiento social. Algunas personas retornadas señalaron haber esperado días – a veces más de una semana – del lado colombiano.
Hasta el 25 de agosto, había cerca de 2.700 venezolanos esperando para entrar en el país en la ciudad colombiana de Cúcuta, desde la cual cruza la frontera el 80 % de los venezolanos que vuelven a través de Colombia, según informaron un funcionario público colombiano y un trabajador humanitario. Las autoridades colombianas y los trabajadores humanitarios brindaban apoyo, incluyendo albergue y controles médicos, a casi 1.000 de estas personas; el resto aguardaban cerca de la frontera.
Los trabajadores humanitarios prevén que la cantidad de venezolanos varados en el lado colombiano de la frontera llegue a miles de personas a medida que las autoridades colombianas levanten las restricciones de viaje dentro del país. Las autoridades de Colombia también anticipan que, con la futura reapertura de la economía colombiana, es probable que cerca de 144.000 venezolanos vuelvan a instalarse en Colombia, sobre todo considerando que Venezuela sigue atravesando un contexto de inestabilidad económica y política. En la actualidad no existe ningún protocolo formal para coordinar las acciones orientadas a evaluar o poner en cuarentena a personas retornadas antes y después de que crucen la frontera.
En vez de esperar por tiempo indefinido para ingresar por cruces oficiales, muchos deciden entrar a Venezuela por “trochas”, pasos fronterizos extraoficiales donde grupos armados con un deplorable récord de cometer abusos a menudo exigen pagos extorsivos para permitir que crucen, según indicaron funcionarios humanitarios y de derechos humanos a Human Rights Watch. En el cruce que conecta al departamento colombiano de Arauca con el estado Apure en Venezuela, el grupo “Frente Décimo Martín Villa” – que se formó a partir de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – exige pagos de entre USD 32 y USD 162, según un funcionario de derechos humanos.
Las autoridades venezolanas también han estigmatizado y enjuiciado a retornados que llegan a través de trochas, que para muchos representan la única opción práctica para volver a su país debido a las demoras en los cruces oficiales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha llamado a los “trocheros” – que incluye tanto a quienes entran por las trochas como a quienes los ayudan a hacerlo – “bioterroristas”, y Maduro ha alentado a sus seguidores a denunciarlos de forma anónima. Al 22 de julio, las autoridades venezolanas habían llevado a 209 personas ante el Ministerio Público y detenido a 36. Los medios indicaron que los cargos contra 13 personas que ayudaron a venezolanos a ingresar por trochas incluían “tráfico ilegal de personas”, “favorecimiento bélico”, “instigación a la desobediencia de las leyes” y “propagación de epidemia”. Las autoridades amenazaron con llevar a los detenidos al centro penitenciario El Dorado, en el estado Bolívar, una de las cárceles más peligrosas del país.
Protocolos de testeo
El gobierno ha establecido un complejo protocolo de testeo que obliga a los retornados a someterse a múltiples pruebas mientras están en los centros de cuarentena. En varios centros, se obligó a retornados asintomáticos a cumplir cuarentena por mucho más de 14 días, mientras esperaban resultados que seguían demorándose. Aunque nuevas instancias de exposición al virus podrían, en teoría, requerir una extensión de la cuarentena en casos específicos, las autoridades tienen la obligación de prevenir tales exposiciones a través de medidas de higiene y distanciamiento social.
El 15 de junio, el gobierno de Maduro emitió un protocolo para quienes ingresan a Venezuela, el cual exige que todos se realicen pruebas de diagnóstico rápido. Si el resultado es negativo, la persona debe permanecer en un centro de cuarentena PASI por 14 días antes de partir hacia su destino final en el país. Quienes obtengan un resultado inicial negativo en la prueba de diagnóstico rápido deben realizarse al menos dos pruebas más, incluyendo una poco antes de terminar el período de cuarentena. Cuando una tercera prueba arroja un resultado negativo, la persona puede irse del centro, con instrucciones de cumplir cuarentena en casa otros 14 días.
Si la prueba de diagnóstico rápido da un resultado positivo, la persona debe realizarse una prueba PCR, la más sensible a una infección viral actual. Si la prueba PCR da positivo, la persona debe ser llevada a un centro de salud centinela para Covid-19 y ser aislada en términos médicos.
En teoría, el protocolo de evaluación y testeo debería ayudar a identificar y tratar a quienes regresan y están infectados. Sin embargo, la gran mayoría de las pruebas realizadas a quienes llegan a Venezuela son pruebas de diagnóstico rápido, que pueden arrojar falsos negativos durante el período más contagioso de la infección aguda por Covid-19. Esto implica que las personas en los centros de cuarentena pueden estar infectadas y – debido a las precarias condiciones en estos centros – transmitir inadvertidamente el virus a otros. De este modo, se desvirtúa totalmente el propósito de la cuarentena.
Al 28 de julio, apenas el 5 % o el 6 % de las 1.511.433 pruebas realizadas en Venezuela eran pruebas PCR, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA). Al 14 de septiembre, se habían realizado en total 1.864.663 pruebas. Aunque los datos de septiembre no precisan cuántas de ellas fueron pruebas PCR, al 1° de septiembre Venezuela tenía capacidad para realizar entre 2.100 y 2.600 pruebas PCR por día. Debido a limitaciones en la capacidad para procesar las pruebas, puede haber largas demoras en la obtención de los resultados de pruebas PCR.
Personal médico manifestó a Human Rights Watch que el momento en que se realizan las pruebas y los métodos empleados en los PASI no están estandarizados, y que las condiciones en los hospitales adonde se lleva a quienes obtienen resultados positivos son muy precarias. En Venezuela ya existía una situación de emergencia humanitaria antes de la pandemia. Además de la falta de mecanismos de protección en bioseguridad, la sobreocupación de zonas de aislamiento y el abastecimiento insuficiente de respiradores mecánicos y manuales, los profesionales de la salud tienen que lidiar con escasez de agua, energía eléctrica y medicamentos e insumos básicos.
Amenazas para la salud durante la cuarentena
Las condiciones en zonas de espera y en los PASI pueden favorecer la propagación del virus. Puesto que algunas personas pueden contagiarse en cuarentena, quienes están retenidos en los PASI deben contar con protecciones adecuadas, incluyendo mascarillas y medidas de higiene básicas, así como poder mantener la distancia social. Los entrevistados compartían zonas comunes con otras personas y ninguno estaba solo en una habitación. Sin embargo, varios actores humanitarios indicaron que algunas personas recluidas en hoteles sí podían aislarse.
Dos entrevistados dijeron que los retornados debían esperar varias horas, a veces hasta días, para ser ingresados en un PASI. Un retornado que cruzó por una trocha al estado Táchira afirmó haber esperado 8 días a la intemperie, junto con al menos otras 200 personas, en el control fronterizo en San Antonio del Táchira, sin mascarillas ni distanciamiento social. Durmieron en la calle y no recibieron ninguna asistencia alimentaria. Algunas personas bebían agua de lluvia que juntaban en botellas. Según dijo este retornado, los militares les informaron que quienes cruzaban por trochas no eran una prioridad para las autoridades venezolanas.
La mayoría de los retornados dijeron haber pasado más tiempo en los PASI que los 14 días obligatorios, y la mayoría pasó más de 20, casi todos mientras esperaban los resultados de las pruebas. Dos retornados dijeron que se les obligó a permanecer más de 70 días en dos PASI distintos en el estado Apure. En uno de estos casos, una familia de dos adultos y dos niñas llegó a un centro y les realizaron varias pruebas como grupo. Al no recibir los resultados de sus dos hijas, todos debieron permanecer en el centro por 75 días.
Algunos retornados indicaron que otros miembros de sus grupos dieron positivo en la prueba de Covid-19 y fueron llevados a una zona distinta del PASI donde todos estaban recluidos. Las autoridades no realizaron rastreo de contactos ni aislaron a quienes podrían haber interactuado con quienes dieron positivo, según señalaron los retornados.
Condiciones en los centros
Los PASI en Venezuela han albergado a decenas de miles de personas. Al 1° de septiembre, había 271 centros en todo el país, incluyendo cerca de 140 en zonas fronterizas, con una capacidad total de 14.000 personas. Las condiciones varían significativamente según el lugar, pero en algunos centros son absolutamente deficientes.
Las autoridades improvisan centros en sitios como escuelas, hoteles, centros deportivos públicos y terminales de autobús. Muchos de estos centros están hacinados, carecen de recursos suficientes y resultan inadecuados para alojar a cientos de personas durante varias semanas, según explicaron múltiples retornados y otros entrevistados. Varias personas señalaron haber sido alojadas en salas compartidas con otros. Un trabajador humanitario dijo que, en un momento, habían alojado cerca de 700 personas en un centro en el estado Zulia con capacidad para 200.
En algunas instancias, dijeron los retornados, los recién llegados no estaban aislados de quienes ya se encontraban en los centros, sino que eran asignados a habitaciones ya ocupadas. Muchos indicaron haber dormido en el piso. Uno dijo que durmió a la intemperie debido a la falta de espacio.
Varios retornados que habían cumplido cuarentena en un hotel en Caracas indicaron que el establecimiento seguía abierto al público y no había separación entre los huéspedes y los retornados supuestamente en cuarentena. Algunos afirmaron haber visto que los huéspedes no usaban mascarillas en los espacios comunes, potencialmente exponiéndose ellos mismos y a los retornados al virus.
Varios entrevistados manifestaron que retornados salían de al menos cuatro centros en Apure, algunos para comprar o pedir comida, y luego regresaban, agravando así el riesgo de propagación del Covid-19.
Los retornados expresaron que había muy pocos baños en algunos centros o que no estaban en condiciones de ser usados. Una retornada que se encontraba en un centro en Apure afirmó que tenían que defecar al aire libre.
El acceso limitado al agua en los centros agrava las condiciones insalubres, afirmaron varios retornados. Algunos indicaron que no había agua corriente en los centros. Explicaron que llegaban camiones con agua, pero que era agua sucia y no era potable. Una retornada contó que no había energía eléctrica en el centro donde estaba en el Táchira para poner en marcha una bomba de agua. Retornados en Apure y Táchira manifestaron que no había cocinas ni gas para hervir y desinfectar el agua en los centros. La falta de agua o el servicio intermitente afectan a hogares y hospitales venezolanos, y lo mismo ocurre en los centros PASI.
Varios retornados y un trabajador humanitario manifestaron que los centros no proporcionaban jabón, desinfectante ni otros insumos de higiene, como toallas femeninas, pañales o papel higiénico. Muchas de estas necesidades son atendidas por organizaciones humanitarias, pero estas no logran cubrirlas totalmente.
Los entrevistados indicaron que la gestión de la alimentación era inconsistente. Algunos de los problemas señalados fueron la baja calidad de los alimentos y la falta de fórmula para niñas y niños pequeños y nutrición adecuada para mujeres embarazadas.
La mayoría de los entrevistados indicaron que la comida proporcionada era insuficiente. Las porciones eran muy pequeñas, no aportaban una nutrición equilibrada, o las dos cosas. Las comidas podían consistir solo de una arepa, sardinas, pequeñas raciones de arroz y frijoles, pasta o algunas cucharadas de pollo picado. En algunos casos, los retornados indicaron que les servían alimentos podridos o congelados. Algunos afirmaron que comían una vez al día o que se habían enfermado a causa del estado de los alimentos. UNOCHA ha identificado casos de desnutrición en los centros PASI.
En algunos centros hay disponibilidad limitada o inexistente de tratamiento médico para personas con condiciones preexistentes como hipertensión o diabetes, o para embarazadas, señalaron varios retornados. Esto pone en riesgo su salud y agrava la posibilidad de complicaciones para quienes contraen Covid-19.
En algunos centros en los estados Táchira, Apure y Bolívar, cada uno de los cuales aloja cientos de retornados, solo había un profesional médico. Un retornado en un centro en San Antonio del Táchira contó que no había personal médico que evaluara a niños y niñas con fiebre o pudiera darles medicamentos. Cuando varias personas pidieron asistencia para una mujer con diabetes que no se sentía bien, comentó el retornado, un médico designado por el gobierno respondió: “Cuando la señora esté muerta, vienen y me avisan para yo ir a ver”.
Cuando las personas en un centro del estado Bolívar pedían medicamentos para sus condiciones de salud, dijo una retornada, el médico asignado por el gobierno respondía: “Si sabías que estabas enferma, ¿por qué no trajiste las medicinas?”.
Una retornada embarazada temía por su salud y la de otras personas retornadas en los centros. “Esto parece como una cárcel”, manifestó. “Nos tienen comiendo mal, como que si nosotros fuéramos animales, como si estuviéramos pagando un delito, algo así, por haber salido del país”.
Amenazas por protestar las condiciones de cuarentena
Algunos retornados han experimentado acoso y discriminación por parte del personal militar y civil que gestiona los PASI, afirmaron los entrevistados. Numerosos retornados indicaron que sentían que los estaban castigando por haberse ido del país.
Según señalaron los retornados, en algunos casos agentes de las fuerzas de seguridad y miembros de grupos armados partidarios del gobierno, llamados colectivos, amenazaron y hostigaron a retornados en los centros de cuarentena. Por ejemplo, horas después de que un grupo de retornados organizara una protesta por las condiciones en un PASI que funcionaba en un hotel en Caracas, un grupo de hombres encapuchados y armados entraron al edificio, señalaron dos retornados. Los hombres armados advirtieron que “no iban a tolerar” las protestas y que iban a “aplicar medidas contundentes” si había otra manifestación.
Personal militar y otros funcionarios en centros en los estados Apure y Táchira amenazaron con traer a “la guerrilla” si los retornados no hacían lo que se les indicaba, dijeron varios retornados. Uno contó que hombres armados, a los cuales describió como “un grupo de guerrilla”, dispersaron una protesta frente a un centro en Guasdualito. Los hombres armados advirtieron a los retornados que si seguían protestando iban a tener que “pagar las consecuencias”. Un hombre armado amenazó con llevarse a todos los hombres del centro a un sitio que les “gustaría mucho menos”, nos contó el entrevistado.
En un medio se informó que después de que un grupo de retornados protestara por las condiciones dentro de un centro en Apure a fines de junio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a un hombre, aparentemente sin interponer cargos formales ni una orden judicial, y lo llevaron a San Cristóbal para juzgarlo en un tribunal militar.
Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana amenazaron a un grupo de retornados en otro centro en Apure con ir a la cárcel y perder sus “derecho[s] como connacionales” si huían del centro, señaló un retornado.
Un alto funcionario del estado Táchira manifestó que quienes protestaran en los PASI podrían ser encarcelados, según un periódico. El funcionario advirtió que “pueden pasar de la cuarentena social a la cuarentena penal”.

Respuesta humanitaria

El Plan de Respuesta Humanitaria 2020, publicado por UNOCHA para poblaciones vulnerables en Venezuela, también aplica a los venezolanos que regresan al país. El plan requiere un financiamiento total de USD 762,5 millones, incluyendo USD 87,9 millones destinados a abordar el impacto del Covid-19. Hasta octubre, se habían recibido USD 145,6 millones de asistencia para Venezuela, incluyendo USD 67,6 millones para cubrir la solicitud de fondos para el Plan de Respuesta Humanitaria. El plan tiene como propósito mejorar las condiciones en los PASI, entre otras cosas, en áreas como albergue y suministro de electricidad, una mejor provisión de servicios de protección para poblaciones vulnerables y suministro de agua, saneamiento y artículos de higiene.
La falta de transparencia por parte de las autoridades venezolanas impide evaluar las necesidades de los retornados y darles respuesta. El acceso de los trabajadores humanitarios a los PASI depende en gran medida de la voluntad de quienes los administran. Esto limita considerablemente la capacidad de las organizaciones humanitarias de ofrecer una respuesta integral.
Varios organismos de la ONU, como UNOCHA y ACNUR, así como organizaciones no gubernamentales, han brindado asistencia valiosa a retornados en algunos PASI. Instalaron un albergue provisorio, han proporcionado módulos para atender posibles casos de Covid-19 en el estacionamiento de un hospital, han suministrado equipos de protección o mejoraron el suministro de agua y saneamiento en algunos PASI, han ofrecido capacitación sobre violencia sexual y protocolos de bioseguridad para personal de los PASI, y han apoyado a las comunidades receptoras por medio de asistencia humanitaria y servicios de salud.
Varios trabajadores humanitarios manifestaron que si bien ha mejorado su acceso a los PASI desde que empezó la pandemia, los esfuerzos no bastan para atender la inmensa magnitud de las necesidades, debido a la escasez de recursos y a que el acceso es irregular. Señalaron que siguen enfrentando otras restricciones, como dificultades para obtener salvoconductos para desplazarse por el país y tener acceso prioritario a gasolina, así como obstáculos burocráticos para obtener permisos que habiliten a todo el personal humanitario a trabajar.

Tomado de: https://www.hrw.org/es/news/2020/10/13/venezuela-abusos-contra-retornados