José Luis Carrillo 04 de julio de 2021
@CarrilloJoseL7
El
vicerrector del núcleo de Ciudad Guayana de la UCAB expresó que las ciudades
comunales contrarían las disposiciones de la Constitución y que no corresponden
a auténticas organizaciones de base que deben ser autónomas e independientes
En
octubre de 2012, al anunciar un “golpe de timón” en su gestión de gobierno,
Hugo Chávez pidió a su tren ejecutivo avanzar en la conformación de las
comunas, especie de articulación entre comunidades independientemente de las
delimitaciones geográficas de municipios o estados. “Comuna o nada” pidió en
esa oportunidad para hacer hincapié en el avance hacia el Estado comunal que
pretendía establecer en Venezuela.
A
pesar de la existencia de un Ministerio para las Comunas y que se fueron
creando varias de estas organizaciones en diferentes regiones del país, el
mandato pareció caer en el olvido hasta que, en 2020, y en ocasión de las
elecciones a diputados a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro llamó a retomarlo
como parte de las nuevas tareas que, desde el Ejecutivo, se impartieron al
nuevo Poder Legislativo de abrumadora mayoría del chavismo, el mismo que, desde
el inicio de su período de sesiones, comenzó la discusión de leyes del
Parlamento Comunal y de Ciudades Comunales.
El
sacerdote jesuita Arturo Peraza, abogado y doctor en Ciencias Políticas,
advierte que, aunque no es de desdeñar el que existan nuevas maneras de
organización de las comunidades, hay objeciones muy serias para la implantación
de estas ciudades comunales y del Estado Comunal, comenzando por las propias
disposiciones de la Constitución y el control que el Ejecutivo va a tener sobre
las nuevas figuras.
Ciudades
Comunales constituyen un modelo distinto al constitucional
“La
ley de Ciudades Comunales está enmarcada dentro de esa creación del Poder
Popular que intenta crear un nuevo modelo de Estado que es el comunal. El
problema es que es un proyecto político distinto al de la Constitución del año
1999, contrario a las disposiciones constitucionales, que prevén un sistema de
representación de elección directa y todo eso está negado en el modelo de
Estado comunal”, expresó el sacerdote, quien es vicerrector del núcleo de
Ciudad Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Resaltó
que, en las ciudades comunales, como en otras organizaciones creadas por el
chavismo, el modelo de elección es indirecto, ya que se eligen “voceros que
eligen otros voceros”, algo que, recordó, viene del modelo de los soviets que
existieron en la antigua Unión Soviética y que se trata de implementar en
Venezuela.
“Es un
modelo socialista que nunca se llegó a realizar como modelo político, porque lo
que se logró fue un modelo centralizado controlado por el partido. Creo que es
el objetivo final y eso es contrario a lo que el modelo político del año 1999
plantea como modelo democrático” argumentó.
Modelo
de ciudades comunales es contrario a la descentralización
El
padre Arturo Peraza asegura que no podría decir que no es una buena idea que
existan organizaciones en las comunidades de base, pero que el problema con las
ciudades comunales es la dependencia con respecto del poder central.
“Las
comunidades de base deberían ser representantes de la sociedad civil, electos y
con autonomía, y lo lógico es que establezcan relaciones con los órdenes del
Poder Público en el sentido plural, entiéndase con el poder nacional, estadal y
municipal, pero no un mecanismo de dependencia mediante el cual un ministerio
sea el que los reconoce, autoriza y gestiona”, explicó el padre Arturo Peraza.
Desde
su perspectiva, las ciudades comunales constituyen una fórmula de señalar una
estructura dependiente de una organización central, lo que es contrario a la
idea de la descentralización (también establecida en la Constitución, que
indica que Venezuela es una República federal descentralizada), y contrario
también a los conceptos de sociedad civil, autonomía y democracia.
Ciudades
comunales rompen con potestades de estados y municipios
—¿Hay
articulaciones de las comunidades que vayan más allá de lo que son los
municipios y estados?
—La
sociedad civil se puede organizar como quiera. Es evidente que los ciudadanos
nos organizamos como mejor nos parezca; es parte de los derechos que nos
asisten como ciudadanos. El problema es cuando un modelo organizativo pretende
ser un modelo del Poder Público y ahí debe estar sometido a las normas
constitucionales. El modelo constitucional está claramente señalado en el
artículo 136 de la Carta Magna, allí se establece el poder municipal, estadal y
nacional, no existe otro poder.
—¿Cree
que este intento de establecer un Estado comunal y ciudades comunales sea para
tener mayor poder sobre gobernadores y alcaldes?
—Llevan
años intentando montar este modelo. Recuerda la propuesta de reforma
constitucional de 2007. El fracaso (en esa ocasión) llevó a la pretensión
de Chávez, de hacer reformas de carácter legislativo, aunque estas fueran
contrarias a la Constitución, utilizando y manipulando el Tribunal Supremo de
Justica y particularmente la Sala Constitucional, que le han permitido tomar un
conjunto de disposiciones que son contrarias a la Constitución.
“Han
ido implementado esos proyectos del Poder Popular –continuó-. Esta visión no responde de ninguna manera a disposiciones constitucionales y
se las saltan en muchos casos, rompiendo el marco de potestades propias
establecidas para municipios y estados”.
Entramado
tramposo
El
padre Arturo Peraza asegura que es verdad que existe una posibilidad de entrega
a la sociedad civil de funciones específicas que cumplen los municipios y
estados, pero hizo énfasis en señalar que, de ninguna manera, esa sociedad
civil es dependiente del Poder Central.
“Ahí
es donde viene el entramado de trampa. Lo que se está haciendo un proceso de
recentralización de competencias no de descentralización de competencias”,
advirtió.
—Existe
la idea de las comunas que también controla el Ejecutivo, pero hay países donde
existen como articulación de relaciones entre las comunidades ¿cómo se pueden
establecerse en el país adecuadamente?
—Si
fueran organizaciones civiles que se empoderan, si se establecen estructuras
autónomas, serían perfectamente legítimas, como federaciones y asociaciones de
vecinos que eventualmente hablaran a nombre de colectivos. Son cosas
perfectamente posibles, pero hay que entender que es sociedad civil y no
órganos del poder público, esa es la gran diferencia, no pueden ser
gestionadas, reconocidas ni controladas por un ministerio del Poder Central.
Inseguridad
jurídica
—¿De
acuerdo al instrumento aprobado por la Asamblea Nacional, estarán las ciudades
comunales por encima de alcaldes y gobernadores?
—Significa
una nueva división político territorial con autonomías que la Constitución no
tiene previsto. El punto es romper con funciones propias que tienen
gobernadores y alcaldes y que pueden ser en el fondo un mecanismo para burlar
lo que las disposiciones constitucionales tienen como funciones propias de esos
órganos.
El
padre Arturo Peraza recordó que la Constitución contempla la creación de
entidades como el Territorio Federal, pero como una situación especial, lo que
figura en el artículo 16 de la Carta Magna, y que además contempla un mecanismo
de referendo para que pueda ser aprobado. Añadió que esta creación de
cosas alternas, sigue propiciando inseguridad jurídica, e impulsando la idea de
creer que el derecho no tiene valor alguno valor en Venezuela.
Ciudades
comunales harán innecesaria figura de “protectores”
—¿Atribuye
usted que hayan rescatado el modelo del Estado comunal a la posibilidad de un
escenario desfavorable en las elecciones o que simplemente se está avanzando el
curso del proceso político?
—Puede
ser ambas cosas, no me extrañaría tanto uno como otro criterio. Esto pretende
centralizar el poder en el partido y asegurar condiciones incluso para terminar
suprimiendo asambleas nacionales y otros mecanismos de representación directa
de los ciudadanos. Creo que es parte de un proceso de avance hacia la creación
de un Estado comunal y tiene la conveniencia coyuntural de que, dirán ellos,
‘en caso de que perdamos elecciones, no necesitemos protectores, sino que con
esto tendríamos’.
—¿Cómo
se hace frente a esta idea de contraria la Constitución?
—Parte
de eso tiene que ver con este proceso de negociación política en el que
Venezuela debe entrar en serio porque de lo contrario no vamos a tener salidas,
en especial en el tema humanitario. El problema fundamental es el humanitario,
el hambre, la escasez de gasolina, el problema del transporte público, de los
servicios como electricidad y el drama de gente saliendo por todos lados del
país.
Necesidad
de acuerdos
Señaló
el vicerrector del núcleo de Ciudad Guayan de la UCAB que los venezolanos se
encuentran ante un Estado casi que fallido, por lo que la necesidad de llegar a
acuerdos es parte de la solución.
“Lo
otro que me parece es que los ciudadanos tenemos derecho el mecanismo del
referendo, lo que podría significar la posibilidad de rechazar legislaciones
que son contrarias al interés de todos”, indicó.
Añadió
que los grupos políticos y grupos de ciudadanos deberían obligar al CNE a abrir
mecanismos de referendo sobre leyes que son claramente inconstitucionales y no
acudir y esperar que el TSJ diga que es inconstitucional porque eso es
improbable dado que es un órgano cooptado.
—¿Cree
que para un acuerdo definitivo debería tomarse en cuenta una elección
presidencial o referendo revocatorio?
—Creo
que forma parte del esquema de acuerdos a los que tienen que llegar, debemos
llegar a un acuerdo donde el tema de la presidencia y Parlamento sean tema
central porque la legitimidad de ambos está siendo puesta bajo cuestión.
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