Por Margarita López Maya
El régimen autoritario
de Nicolás Maduro constituye el obstáculo más importante para la convivencia y
la paz entre los venezolanos. En los meses recientes, ha incorporado nuevos
elementos destinados a fortalecer aún más su control social sobre la población.
No obstante, en la estructura del poder actual existen fragilidades
aprovechables para actuar y producir procesos que conduzcan a su debilitamiento
y superación. Reconocerlos, analizarlos y utilizarlos contribuiría a aliviar la
crisis humanitaria y crear condiciones para una transición democrática, único
camino para enraizar la convivencia y la paz. Estas tareas hoy recaen sobre los
hombros de la ciudadanía, organizaciones cívicas y partidos políticos. La
convivencia pacífica y solidaria será el producto de una creciente conciencia
ciudadana, mayores esfuerzos organizativos y la articulación y coordinación de
todos. El objetivo estratégico compartido es labrar colectivamente el
camino hacia un régimen democrático a la venezolana, con la visión de
acometerlo en diversas etapas dentro de un horizonte de largo plazo.
Nicolás Maduro: un
régimen autoritario sustentado en la polarización
El régimen que hoy nos
oprime, presidido por Nicolás Maduro, es el principal responsable de la
violencia cotidiana y política, la inseguridad ciudadana, la destrucción del
tejido social y económico, la descomposición política y la crisis humanitaria.
Los déficits de convivencia civilizada que se desprenden del orden político
actual, no podrán superarse, pues estas características parecieran formar parte
del régimen. Por ello, la paz relativa que vivimos es precaria, las
condiciones de la vida cotidiana parecen más propias de un país situado entre
una pre, entre o posguerra.
La escasa calidad de
nuestra convivencia es el legado de casi cuatro décadas donde hemos sido
incapaces de ponernos de acuerdo sobre un futuro compartido que como nación
debemos construir. A los desencuentros en materia económica se sobrepuso el
ejercicio populista y autoritario del poder desde 1999. Chávez introdujo
desde la campaña presidencial de 1998 la polarización política como medio para
canalizar descontentos, cohesionar a sus seguidores, destruir a sus adversarios
políticos y perpetuarse en el poder. Su estrategia polarizadora tuvo
éxito, dividió a la sociedad en dos sectores enfrentados por una lógica de
amigo-enemigo, sustentado por un discurso con carga moral, donde él y sus
seguidores eran los buenos, y los otros eran los malos.
La polarización
política como discurso del poder fue penetrando la sociedad, las relaciones en
las familias, en las amistades, las organizaciones, los negocios, las
instituciones y los poderes públicos. Sobre esa polarización se destruyó la
débil convivencia pacífica que existía a finales del siglo XX y se fomentó la
intolerancia, el resentimiento, el odio al que no comparte mis ideas políticas,
o mi amor al líder y su proyecto. El otro, el malo, no puede ser mi hermano sino
un enemigo a aniquilar. Este discurso ha justificado la violencia, el todo vale
para alcanzar mis objetivos, que son los buenos.
Gracias a esta
polarización resultó fácil ir desmontando todas las instituciones y valores
democráticos que sustentan la convivencia pacífica entre quienes viven en este
territorio-nación. Cada elección que ganó Chávez legitimaba su
proceder. Con apoyo popular se colocaron las piezas para desembocar en un
régimen autoritario, que por diseño es excluyente de una parte de la población
y legitimador de procedimientos antidemocráticos para el control social del
enemigo interno, que está formado por quienes no comparten su proyecto. Maduro
pudo establecer este autoritarismo hegemónico, o autoritarismo de rasgos
sultánicos, este régimen dictatorial -algunos de los nombres que hoy le damos-
gracias al legado que le dejó Chávez. Este régimen jamás ha llamado ni llamará
a la construcción de un nuevo pacto social capaz de crear las condiciones para
una convivencia pacífica consensuada para todos quienes somos venezolanos. Por
ello, nosotros los ciudadanos, debemos tomar cartas en el asunto.
Lo reciente de la
dictadura: persecución a la sociedad civil y continuación del Estado Comunal
En el último ciclo de
la lucha política, el que empezó en diciembre de 2015 con el triunfo
parlamentario de las fuerzas opositoras y cerró este enero de 2021 con la
recuperación del control de la Asamblea Nacional por parte de las fuerzas
oficialistas, la oposición opositora sufrió una derrota importante. Como
consecuencia, luce hoy debilitada, dividida y ha perdido el apoyo de la
sociedad. Es en este contexto que estamos observando el inicio de un ciclo
nuevo de la lucha de la sociedad por la democracia, donde nacen nuevos
elementos.
Organizaciones sociales
con décadas de trabajo en las comunidades pobres, organizaciones defensoras de
diversos derechos humanos, asociaciones y redes de las iglesias, gremios y
academias, incluso sectores empresariales organizados están desarrollando
instrumentos y mecanismos para continuar en la búsqueda de una solución a esta
devastadora crisis. Ante el vacío que ha dejado la debilidad de los
partidos, ante la crisis de representación política, actores de la sociedad
civil aparecen activados y buscando soluciones. La dictadura de Maduro ha
respondido, como siempre, con violencia. Ha amenazado, criminalizado y
restringido las posibilidades para actuar de estos actores. Entre los casos
recientes recordemos el pasado diciembre 2020 a Miconvive, y Caracas Alimenta
la Solidaridad, a los cuales les fueron allanadas sus sedes y la casa de su
director, así como congeladas las cuentas bancarias.
En enero de 2021 le
tocó a Amigos Zulianos en Positivo -Azul Positivo- cuando detuvieron
a cinco de sus miembros y los pasaron a tribunales militares. La presión
internacional permitió la liberación de estos activistas, pero se mantienen los
juicios contra ellos por supuestos cargos de corrupción[1]. Diosdado Cabello, desde la Asamblea
Nacional Constituyente, advirtió públicamente a las organizaciones de la
sociedad civil a fines de 2020, que se revisaría pronto la normativa que les
autoriza a recibir financiamiento internacional. Incluso tildó directamente a
la ONG de DDHH Provea de “organización terrorista”[2]. Las amenazas de Cabello se concretaron
en abril de 2021 con la Providencia Administrativa No. 001-2021, una norma
sub-legal que tiene como objetivo establecer un registro unificado obligatorio
de sujetos ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el
Financiamiento del Terrorismo (ONCDOFT). La Providencia considera a estas
organizaciones potencialmente terroristas y se las obliga a informar sobre el
origen de sus fondos y los nombres de sus beneficiarios[3]. La Providencia fue rechazada por más de
700 organizaciones dentro y fuera del país. De nuevo la presión nacional e
internacional logró que fuera modificada, pero de ninguna manera se han
debilitado las amenazas[4].
Por otra parte, el
marzo pasado la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó en primera discusión un
proyecto de Ley de Ciudades Comunales y abrió lo que dijo ser el proceso de
consulta popular obligatorio para su aprobación. La nueva ley representa la
continuación del proceso jurídico-legal que desde el segundo gobierno de Hugo
Chávez se viene adelantando para imponerle al país un modelo de régimen
socialista “del siglo XXI”, carente de legitimidad popular. Recordemos que la
reforma constitucional que habría de legitimar el cambio del régimen venezolano
a uno socialista con base en una estructural comunal fue rechazada por el voto
popular en diciembre de 2007 y nunca más fue sometida a la deliberación y voto
de esa voluntad popular.
Estos nuevos pasos representan sólo las más recientes iniciativas para continuar estableciendo una estructura de poder que descansa no sobre el apoyo y consenso popular sino sobre el control de los ciudadanos. Estas decisiones arbitrarias nos despojan de nuestros derechos políticos. Las organizaciones de la sociedad civil en el futuro diseñado por el régimen no tienen derecho a ser autónomas, deben obedecer las pautas del Estado y someterse a sus directrices. En este contexto la convivencia se asegura por miedo y reparto de dádivas, la autonomía de las organizaciones de base se considera reprobable. La concepción del Estado Comunal que Maduro ha expresado con esta nueva ley, al igual que todas las anteriores que se refieren a ese Estado, carece de potencial para construir la convivencia como hermanos o para que alcancemos la paz.
Fragilidades del
régimen autoritario
La situación parece muy
difícil, quizás desesperada, por la aparente fortaleza del gobierno, y por la fragmentación,
división e irrelevancia interna en el país de las fuerzas opositoras que
lideraban el ciclo anterior. Sin embargo, la gente, la sociedad, no se
detiene, ni se queda quieta. Busca formas de cambiar lo existente para mejorar
su calidad de vida y modificar el futuro oscuro que ofrece Maduro. En ese
contexto vemos hoy la aparición y protagonismo de organizaciones de la sociedad
civil. Las reunidas en el Foro Cívico, en Fedecámaras y en la
Intersindical Gremial del Sector Salud, así como redes de asistencia
humanitaria como Cáritas, vienen desarrollando iniciativas que buscan modificar
el statu quo y construir sendas por donde transitar para llegar a un
cambio social y político.
Las estrategias
políticas previas de los partidos políticos y del gobierno, estaban
condicionadas por una dinámica suma cero, es decir, por un juego donde los dos
bloques de actores polarizados nunca lograron comprometerse con la negociación
como principal medio de alcanzar la superación de la crisis. No le dieron
demasiado valor a la negociación, fue apenas una estrategia más entre todas las
opciones sobre la mesa, que decían tener. El objetivo siguió siendo desconocer
y aniquilar al otro.
Lo que estamos
apreciando ahora es que organizaciones cívicas han tomado iniciativas que
incluyen tanto hablar entre ellos como con el gobierno sobre temas sectoriales
o puntuales, pero urgentes para la población y la nación. Buscan una estrategia
más gradual, secuencial, de dar pasos e ir acumulando fuerza en el camino.
Fedecámaras se reúne con miembros del gabinete de Maduro para conversar sobre
la reactivación del aparato productivo y se ha ofrecido a vacunar a una porción
de la población.
El Diálogo Social,
propicia espacios donde concurren con regularidad muchas organizaciones cívicas
para informar de sus actividades, intercambiar ideas, y apoyarse mutuamente.
Una parte de estas organizaciones este año conformaron el Foro Cívico, como una
plataforma para coordinarse con fines más políticos. El Foro se ha focalizado
en crear condiciones de confianza entre actores sociales y del gobierno, que
pudieran facilitar acuerdos sobre aspectos sectoriales o parciales. Conocemos
ahora sus meses de esfuerzos de diálogo con las autoridades para hacer valer
los derechos de los ciudadanos a un Consejo Nacional Electoral que cumpla con
los requisitos constitucionales. También mantiene conversaciones para
condiciones electorales que le garanticen a los venezolanos su derecho a
escoger libremente sus autoridades, para la elaboración de un plan de vacunación
para la población, para facilitar ayuda humanitaria, y para encontrar
soluciones a la problemática sobre el Esequibo con Guyana, entre otros.
Igualmente, han promovido espacios de encuentro y diálogo entre diversas
comunidades religiosas creándose un Foro Interreligioso Social.
Estas iniciativas
comparten el propósito de posicionar la salida negociada como el único viable y
conveniente en el sentido común de la población, y crear las condiciones para
negociaciones graduales entre gobierno y fuerzas democráticas que generen
dividendos favorables a la población y fortalezcan acuerdos de democratización
institucional.
¿Tiene sentido este
cambio de estrategia? La dictadura pareciera cómoda en este momento, habiendo
salido airoso del ciclo anterior. Sin embargo, cada vez más se intuye que su
estabilidad es frágil, pues parece necesitar constantemente de anunciar su
disposición al diálogo y la negociación para mantenerse a flote. Tampoco deja
de mantener los procesos electorales, aunque sabe que no puede ganarlos en
buena lid. El gobierno, así mismo, pareciera resentir de su aislamiento
internacional, busca conversar con la nueva administración de EEUU presidida
por el demócrata Joe Biden, y pareciera preocupado por los informes que han
venido saliendo con los testimonios de violación de DDHH de su gobierno en las
agencias de la ONU, y la posible apertura en la CPI de juicios por delitos de
lesa humanidad.
No son señales claras
de debilidad, pero sí revelan la existencia de tensiones, quizás rendijas,
quizás ventanas de oportunidades, para que organizaciones y ciudadanos podamos
aprovechar para alcanzar concesiones que alivien problemas y para acumular
fuerzas y avanzar en la persecución de nuestros objetivos.
Las tareas de los
ciudadanos y las organizaciones
El escenario
sociopolítico es complejo y difícil, pero ello no debe detenernos. Toda nueva
situación trae oportunidades y riesgos. El debilitamiento de los partidos
políticos democráticos y la inercia en el país que han visibilizado en estos
meses recientes nos obliga a compensar ese vacío con mayores esfuerzos como
ciudadanos y mayor participación para respaldar a organizaciones y activistas
que buscan abrir las nuevas sendas para alcanzar el cambio político que
comience a remontar la crisis.
Ese cambio político debe
necesariamente producirse a través del diálogo y acuerdos. No hay solución
por fuera de nosotros, los venezolanos mismos. Es vano esperar que una
intervención extranjera nos arreglará los problemas. Es equivocado
imaginar que una salida violenta nos conducirá a la convivencia y la paz. Estas
serán el fruto de procesos sostenidos de conversación, organización y presión,
que nosotros mismos podemos generar desde abajo. Necesitamos sanar y dejar
atrás como ciudadanos las lógicas de resentimiento y odio que nos alimentan
desde los aparatos polarizados de la propaganda gubernamental. Saber
diferenciar nuestros afectos de lo político, que pertenece a otra esfera de
nuestras actividades humanas. Desmontar los discursos polarizados y atender a
la complejidad de la realidad y de la vida. Nada en nosotros y en la vida es
sólo blanco o negro, siempre hay matices. Los matices nos enriquecen al
comprender que nadie tiene toda la razón.
La coyuntura actual
también nos desafía a salir de nuestros ámbitos privados para construir juntos
los espacios de lo público, con las características democráticas a las cuales
apostamos como condición para la convivencia en paz. La coyuntura nos
interpela para que aportemos desde nuestras relaciones en la familia y la
comunidad a procesar nuestros conflictos rechazando la violencia y la
intolerancia hacia el otro. Ahí el diálogo empieza y desde ahí podemos
crear en el espacio público una atmósfera de respeto y solidaridad entre
nosotros. Una formación en el reconocimiento del otro como persona, en la
tolerancia a sus puntos de vista y al valor del diálogo como instrumento para
la resolución de conflictos y desencuentros, es la base de la vida civil.
Civilizada.
Nuestros derechos
ciudadanos, hoy perdidos por las características del régimen, nos obligan a
apoyar las dinámicas sociales de organización para la defensa de ellos. Y de
ser posible participar en las actividades de esas organizaciones. El apoyo a la
sociedad civil, que vive hoy tiempos difíciles, es un deber que tenemos con
ella. Son estas organizaciones quienes han sustanciado los expedientes que hoy
hacen posible saber a la comunidad internacional de las atrocidades cometidas
por la dictadura. Ellos acompañan a las víctimas, apoyan emprendimientos
comunitarios, asisten a presos, niños en situación de calle, a todos los
vulnerables, desarrollan talleres para darles capacidades ciudadanas a los
venezolanos. Necesitan de nuestro reconocimiento y apoyo.
En el ciclo que se ha
abierto, es de vital importancia estar disponibles para explorar sinergias
entre organizaciones afines para fortalecerse como actores. Experiencias
de otros países nos indican que las transiciones a la democracia para ser
exitosas necesitan de una robusta sociedad civil. Como ciudadanos debemos
hacer esto posible con nuestra participación y apoyo, entendiendo que para
llegar a una negociación con el régimen la contraparte democrática necesita
acumular fuerza desde abajo, desde la ciudadanía, la sociedad civil y los
partidos. Todos en sus obligaciones y responsabilidades que son distintas pero
complementarias, y por ello imprescindibles.
Finalmente, el actual
desafío de las organizaciones sociales y políticas democráticas es deponer los
intereses parciales para enfocarse en el bien común. Ello implica ver más allá
de sus objetivos particulares y apostar a un futuro con instituciones
democráticas, único régimen que puede garantizaros nuestros derechos
ciudadanos. Ese objetivo estratégico de largo aliento obliga a crear puentes
entre las distintas organizaciones para articularse y coordinar actividades,
que fortalezcan el discurso y las prácticas que favorecen escenarios de
negociación con el gobierno. Iniciativas como las impulsadas recientemente por
el Diálogo Social de crear espacios para la conversación regular -física o
virtual- de actores sociales que poco se han reunido antes entre sí, pero
comulgan con ideas afines, es el paso en la dirección correcta.
Desde múltiples
espacios de encuentro, ciudadanos y organizaciones pueden cimentar relaciones
duraderas de confianza que les permitan desarrollar y fortalecer sus proyectos
y actividades particulares o comunes. El Foro Cívico es otra iniciativa, en
este caso se trata de una plataforma de actores sociales dispuestos a aportar
propuestas y esfuerzos para llegar a acuerdos con el régimen como miras a la
recuperación de los derechos y la democratización del país. El Foro Cívico
busca articulaciones y coordinación con los actores políticos para persuadirlos
y apoyarlos en estrategias novedosas, graduales y progresivas como alternativa
a la fracasada estrategia anterior inmediatista, del todo o nada.
Comentario de cierre:
despolarizar, inculcar valores, luchar por las instituciones democráticas
Nos han tocado tiempos
turbulentos. Aquí he querido revisar algunos de los ingredientes que hacen de
nuestra situación nacional un gran desafío para organizaciones y redes como
ésta de constructores de paz. He resaltado la dimensión política porque estamos
en una coyuntura donde la sociedad necesita, de manera más imperativa que en otras,
de una ciudadanía consciente de sus deberes políticos y activada para alcanzar
sus metas de aportar a las condiciones para facilitar una salida negociada de
nuestra atroz crisis.
Politizarnos no implica
necesariamente tomar partido y/o militar en los partidos. Pero sí estar
informado para neutralizar los embates de la información falsa, y las medias
verdades que en esta época de posverdad se han convertido en instrumentos de
control social, especialmente de regímenes autoritarios como el de Maduro. Informarnos
con fuentes confiables es un ingrediente esencial para no dejarnos seducir y
engañar por la polarización política del discurso oficial, que busca con ello
esclavizarnos emocionalmente para así manipularnos. Informarnos valorando y
persiguiendo la verdad, es clave para ejercer nuestro derecho a la
participación de manera lo más libre posible.
Al mismo tiempo,
reflexionemos sobre los valores e instituciones de la democracia. No basta
decir que tenemos posiciones democráticas sino saber a qué nos referimos con
eso. Tolerancia, reconocimiento y respeto al otro en su diferencia conmigo y en
su diversidad, son comportamientos democráticos. Pero también es
importante entender que, sin instituciones como el sufragio universal, directo
y secreto, la independencia de las distintas ramas del poder público, el
pluralismo y la participación ciudadanas, no existe un orden político
democrático. Formémonos para entender los valores de las instituciones
representativas y participativas que están en nuestra constitución. Seamos
conscientes no sólo de nuestros derechos, sino de modo particular en estos
tiempos de nuestros deberes para con la república y la nación donde habitamos y
queremos compartir el futuro.
*Historiadora
venezolana. Profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y miembro
del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Notas:
[1] Los cargos fueron:
«manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación
para delinquir y legitimación de capitales». En: www.dw.com
[2] www.youtube.com
[3] cepaz.org
10-08-21
https://revistasic.org/el-regimen-venezolano-desafios-para-la-convivencia-social/
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