Por José Gregorio Yépez
Economista, investigador,
Premio Nacional de Ciencias y exministro de Chávez asegura que el aumento del
precio de la gasolina y de las tarifas de servicios públicos no puede
despacharse con la afirmación superficial de que se trata de una política
neoliberal
Victor Álvarez sostiene que
para salir de la crisis que vive el país es necesario trabajar en la
construcción de un Gobierno de coalición que se encargue de sanear la economía
aplicando un plan de ajuste.
Asegura que ese plan de
ajuste necesario puede ser la carta a jugar para que las sanciones sean
cambiadas por una política de incentivos.
-Es necesario incluir en las
rondas de negociaciones entre Gobierno y oposición el tema económico. ¿Cómo
hacerlo?
-En las negociaciones hay
que plantear el canje de las sanciones financieras por incentivos económicos a
cambio de que el Gobierno aplique las reformas necesarias para enderezar el
rumbo de la economía y poder superar los problemas de escasez e hiperinflación
que azotan a la población.
La mediación internacional
puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis
venezolana al hacer una oferta creíble al oficialismo y a la oposición a cambio
de que acuerden una solución política, electoral y pacífica a la crisis.
-¿Cuáles sería los
incentivos?
-Levantamiento de las
sanciones financieras internacionales, reapertura del mercado internacional
para las exportaciones de petróleo, la protección de los activos de Pdvsa y
Citgo en el exterior, refinanciamiento de la deuda externa, nuevo
financiamiento internacional, inversiones extranjeras para reactivar la economía,
ayuda humanitaria para atender la emergencia.
-¿Que se debe hacer para
enderezar la economía?
-Cualquier Gobierno que
sustituya a Maduro recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que
aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios
macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. A las medidas de ajuste
económico se les atribuye un impacto social y costo político que puede
significar para el nuevo Gobierno la pérdida de las parlamentarias. Y al no
contar con el respaldo de la AN, se habrá producido un cambio político, pero no
se habrá superado la crisis de gobernabilidad. En efecto, para aliviar el
déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero
inflacionario, el nuevo Gobierno tendría que sincerar las tarifas de
electricidad, agua, gas y teléfono, cuestión que no sería bien recibida en los
hogares que han visto como su ingreso es devorado por la hiperinflación.
Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina con su impacto
en las tarifas del transporte público; y, por si fuera poco, reactivar el cobro
de peajes para generar recursos que permitan repotenciar la deteriorada
infraestructura vial.
-Cuál es la solución a esta
situación que tendrá que producirse de una u otra forma.
-Para evitar que un nuevo
Gobierno pierda rápidamente la confianza y el apoyo del pueblo, es necesario
evaluar con sensatez la conveniencia y viabilidad de conformar antes
un Gobierno de coalición que se dedique a sanear la economía y
asegurar las condiciones electorales para convocar primero las elecciones
parlamentarias y luego las elecciones presidenciales, de tal forma que quien
resulte ganador reciba del Gobierno de coalición un país que pueda gobernar.
-¿Quien lideraría ese
hipotético Gobierno? ¿Maduro? ¿Guaidó?
-Este Gobierno de coalición
no podría estar presidido por Maduro. Eso es políticamente y psicológicamente
inviable tanto para la oposición como por la comunidad internacional que
respalda a Guaidó. Pero el chavismo también se resistiría a Guaidó a quien ven
como un operador de Estados Unidos por el explícito y abierto respaldo que ha
recibido. La fórmula del Gobierno de coalición pudiera estar presidida el
primer año por una nueva figura del oficialismo, con un vicepresidente de la
oposición, invirtiendo la fórmula para el segundo año en el que se realizaría
las presidenciales. La encuesta de mayo 2019 de la empresa Datanálisis revela
que el 43% de la población está de acuerdo con un Gobierno mixto que permita
transitar hacia una elección competitiva. Los sectores democráticos del
oficialismo y la oposición, así como la comunidad internacional, verían con
buenos ojos la conformación de un Gobierno de coalición que se
encargue de reactivar la economía, reinstitucionalizar los poderes públicos y convocar
unas elecciones limpias.
-Qué cosas debería hacer ese
Gobierno de coalición? Tendría que tener un asomo de plan de estabilización?
-El nuevo Gobierno tendría
que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de renegociación de la deuda
externa. Los términos de esa negociación son clave para liberar fondos y
reinsertar a la República en el mercado financiero internacional. De lo
contrario no se podrá tener acceso a los recursos para importar los repuestos,
insumos y maquinarias que requiere la reactivación productiva. También habría
que ejecutar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración
pública, fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes
públicos inoperantes y privatizar empresas estatales que terminaron quebradas
por la corrupción y representan una pesada carga que un Gobierno decidido e
erradicar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal no podría
sostener. La nueva gestión tendrá que acometer la reconstrucción de Pdvsa y
deslastrarla del enorme peso de misiones sociales y productivas que nada tienen
que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y
comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar.
Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una nómina de más de 144 mil
trabajadores que se resistirán a perder su empleo. La considerable reducción de
las abultadas nóminas de la burocracia pública puede desencadenar una ola de
conflictividad sindical y social que comprometería la gobernabilidad.
-¿Y dónde se insertan estos
trabajadores?
A los trabajadores hay que
transferirles la propiedad de las empresas que fueron expropiadas y terminaron
secuestradas y quebradas por el burocratismo y la corrupción. Las empresas no
se les regalan sino que los trabajadores las compran convirtiendo sus
prestaciones sociales en participación accionaria. De esta forma no sólo se
convierten en los nuevos copropietarios sociales de esas empresas sino que
también alivian sus pasivos laborales y balances financieros. Este proceso debe
ir acompañado de financiamiento al capital de trabajo, financiamiento a la
innovación de productos y procesos a través de los fondos de la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación Locti, así como asistencia técnica y gerencial
a través de programas de cooperación universidad-empresa.
-¿Cómo proteger a esos
trabajadores?
-La mejor manera de proteger
el ingreso real de los trabajadores es a través de una eficaz política
antiinflacionaria que ataque el principal factor propagador de la hiperinflación.
Y ya se sabe que este reside en el financiamiento del déficit de las empresas
públicas con emisiones de dinero que el BCV les transfiere para que puedan
pagar las nóminas. Al convertir a los trabajadores en copropietarios sociales
éstos asumen el reto de reactivar y poner a producir esas empresas, y así sus
salarios y pasivos laborales dejarían de ser parte del problema y se
convertirían en parte de la solución, toda vez que los propios trabajadores se
asumirían como auto-reguladores para que las empresas dejen de ser centros de
colocación clientelar.
-¿Cómo hacer un Gobierno que
no tema al costo político de un ajuste?
-Por eso planteao un
Gobierno de coalición que sanee la economía. De no ser así el nuevo Gobierno se
enfrentaría a un difícil dilema: si aplica las medidas de ajuste económico; el
impacto social y costo político lo llevaría a perder las subsiguientes
elecciones parlamentarias, riesgo que lo obligaría a posponer las medidas de
ajuste económico hasta después de las elecciones; pero si pospone las urgentes
medidas para superar la escasez y abatir la hiperinflación, el nuevo Gobierno
defraudaría las expectativas de cambio y de todas formas pagaría los costos de
una alta abstención o votos en contra, con la inevitable pérdida de la mayoría
parlamentaria.
-¿Cómo manejar el tema de
las sanciones?
-Como ya lo dije hay que
plantearse un canje de sanciones financieras por incentivos económicos que
facilitará la mediación internacional
-¿A cambio de qué? ¿Por qué
los Estados Unidos cedería en este aspecto?
-Sería a cambio de la
reinstitucionalización de los poderes públicos, comenzando por el Consejo
Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así se evitaría
reeditar la experiencia de elecciones con ventajismo oficialista y, sobre todo,
que el resultado electoral sea luego anulado por maniobras del TSJ, tal como
pasó con la impugnación de los diputados del estado Amazonas. Los compromisos
del Gobierno de coalición para la reinstitucionalización de los poderes
públicos, donde los puntos serían, al menos restitución de las funciones de la
Asamblea Nacional, liberación de los presos políticos, rehabilitación de los
partidos ilegalizados, renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE),
reinstitucionalización del TSJ, depuración y actualización del Registro
Electoral Permanente (REP), convocatoria de elecciones parlamentarias en
diciembre de 2020 o antes, convocatoria de elecciones presidenciales en
diciembre de 2021 o antes.
Primero las parlamentarias
-Extraoficialmente trascendió
que en Barbados se habló del tema electoral. ¿Cómo ve usted este camino?
-Nervio sin inteligencia es
torpeza, nervio con inteligencia es habilidad. Estudiosos del sistema electoral
venezolano advierten que se requieren al menos nueve meses para la reinstitucionalización
del poder electoral y asegurar unos comicios que cumplan con los estándares
internacionales. Más allá de la desesperación por salir de Nicolás Maduro y del
apuro que tienen los aspirantes a la presidencia de la República por instalarse
lo más pronto posible en el Palacio de Miraflores, el interés nacional indica
que sería mejor convocar las elecciones presidenciales después de las
parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que
respalde al nuevo Gobierno.
-El argumento es que el país
no aguanta más.
-El apuro por convocar
elecciones presidenciales puede conducir a la restauración del viejo orden.
Para conjurar el riesgo de tener que aplicar medidas antipopulares a las que se
asocia un costo político que desembocaría en la pérdida de la AN, una vez
renovados el CNE y el TSJ se convocarían primero las parlamentarias y luego las
presidenciales. Debido al creciente rechazo al régimen, en unas elecciones con
las condiciones y garantías adecuadas, y con una actualización del REP para que
puedan votar los venezolanos que migraron, las fuerzas democráticas lograrían
una abrumadora mayoría calificada, superior a la ya lograda en las
parlamentarias del 2015. Esta tendencia se mantendría en las siguientes
elecciones presidenciales y llevaría a una contundente e indiscutible victoria,
siempre y cuando las fuerzas democráticas no vayan divididas y presenten un
solo candidato unitario. Si las parlamentarias se realizan primero, el Gobierno
de coalición tendría tiempo de aplicar el programa de ajuste económico y así
liberar al nuevo presidente electo de tener que tomar medidas antipopulares,
con el consiguiente costo político que lo llevaría a perder la mayoría en las
elecciones parlamentarias. De esta forma, quien resulte ganador en las
presidenciales, contará con una mayoría en la AN que apoye su gestión, y
recibirá del Gobierno de coalición una economía saneada, así como un país
pacificado que se pueda gobernar.
-¿Cuáles son las acciones en
materia económica que deben tomarse para asegurar viabilidad del país?
-Evitar que la inacción
gubernamental agrave aún más la crisis económica que tiene al país a las
puertas de una conmoción social, implica identificar espacios para la
complementación de esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en
función de acordar un programa básico de estabilización económica y
una agenda legislativa mínima para la reactivación productiva.
-¿Qué implica esto?
-Hay que revisar tarifas de
bienes y servicios como gasolina, electricidad, agua, gas.
-Pero eso es impopular y
además causaría un shock recesivo.
-El subsidio a la gasolina,
electricidad, agua, gas, teléfono e internet en sectores residenciales de alto
nivel de ingreso y consumo resta recursos para subsidiar a los sectores más
empobrecidos y necesitados. Por eso, muchos de los actuales subsidios resultan
antipopulares y crean escasez, toda vez que estimulan el despilfarro y
contrabando hacia países vecinos que disfrutan de los bajos precios de los
combustibles venezolanos. Los subsidios y bajas tarifas hace tiempo que dejaron
de beneficiar a los grupos más vulnerables de la sociedad, favorecen a grupos
sociales que no lo necesitan, lo cual genera una mayor inequidad. Esa inequidad
se hace muy evidente en el caso del susidio a los combustibles, toda vez que
los más pobres no tienen vehículo propio y nunca van a una estación de servicio
a llenar el tanque. El subsidio a los combustibles favorece a las familias de
mayores ingresos que tienen varios vehículos y no necesitan que se les subsidie
nada, cuestión que empeora la redistribución regresiva del ingreso. Pero a
quienes más beneficia el subsidio a la gasolina es a las mafias de
contrabandistas en las que están involucrados militares, funcionarios de las
aduanas, empresarios y paramilitares. Organizados para delinquir, permiten el
paso por la frontera de camiones cisternas de 30 mil litros por los que pagan a
Pdvsa solo $ 0,3 si es gasolina de 91 octanos, y $ 1,8 si se trata de gasolina
de 95 octanos, la cual venden al otro lado de la frontera en torno a $1 litro,
para un negocio ilícito que genera cerca de $ 30.000 por camión cisterna. Un
negocio más lucrativo que el narcotráfico.
-Y el shock recesivo de una
medida como esta afecta a los más pobres. Cómo la atenúas. No Clap, no bonos.
¿Cómo?
Para corregir las
distorsiones generadas por los rígidos controles de cambio y de precios, el
Gobierno puede sustituir los hiperinflacionarios subsidios indirectos a los
servicios públicos, por subsidios directos a los hogares. Esta es una manera de
erradicar los factores propagadores de la hiperinflación sin perjudicar aún más
a las familias venezolanas.
-¿Por ejemplo?
-En lugar de mantener un
escandaloso subsidio a la gasolina, se debería internacionalizar el precio del
combustible y -con los recursos que se generen-, financiar un programa de
subsidios directos a los hogares venezolanos que destinarían esas
transferencias de dinero a pagar el ajuste de las tarifas de agua,
electricidad, gas, teléfono e internet. De esta manera, el costo del ajuste no
lo pagarían las familias más pobres, sino las mafias que se benefician del
contrabando de extracción. Compensar de esta forma el presupuesto de las
familias ayudará a construir la viabilidad social y política de las medidas que
es necesario aplicar para sincerar las tarifas de los servicios públicos y
comenzar a corregir el déficit de las empresas estatales que están al borde del
colapso. Lo más antipopular es mantener unos irracionales subsidios financiados
con dinero hiperinflacionario que empobrece cada vez más a la población. Un
programa de ajuste económico bien diseñado, bien ejecutado y bien explicado no
tiene porqué convertirse en el detonante de un estallido social. Todo lo
contrario, puede ser el inicio de una eficaz estrategia antiinflacionaria y de
reactivación económica que haga posible la superación de los problemas de
escasez e hiperinflación que azotan a toda la población.
–Usted es un hombre que
viene de la izquierda y fue ministro de Hugo Chávez, con afirmaciones como esta
lo van tildar de neoliberal.
-El aumento del precio de la
gasolina y de las tarifas de servicios públicos no puede despacharse con la
afirmación superficial de que se trata de una política neoliberal que
descargará el costo del ajuste en las familias más pobres. Sincerar las tarifas
no sólo será mucho más barato que seguir pagando la hiperinflación que genera
el financiamiento monetario del déficit, sino que además activará una fuente de
ingresos propios en las empresas para que puedan repotenciar gradualmente los
servicios, mejorar su calidad e ir superando los severos racionamientos de
agua, electricidad y gas que atormentan a los hogares venezolanos. Lo que debe
comunicarse con mucha claridad a la población es que cualquier decisión que se
tome en materia de revisión de la política de subsidios a los bienes y
servicios públicos no podrá generar más pobreza. Pero esta revisión debe
hacerse al margen de las resistencias innecesarias derivadas de la polarización
excluyente, la demagogia populista, los dogmas ideológicos y los mitos acerca
del impacto social y costos políticos que generan las medidas de ajuste
económico. Sustituir los hiperinflacionarios subsidios a los servicios públicos
por subsidios directos a los hogares impedirá que los costos del ajuste lo
tengan que pagar los empobrecidos de siempre, los que ya han sufrido demasiado.
-Venezuela requiere de un
plan de estabilización pero necesita un piso político. ¿Cómo resolverlo en
medio de la polarización?
-Lo que está en juego no es
la viabilidad de un Gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de
un estallido social pasa por superar los graves problemas de escasez,
hiperinflación e inseguridad que condenan al país a sufrir una crisis
humanitaria sin precedentes. La desesperación nacional le exigirá a un nuevo
Gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de gestión. De lo
contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente y su
consejo de ministros rápidamente habrán perdido su credibilidad.
-¿Cuáles resultados se
pueden obtener en 100 días?
-Con una producción de
petróleo cayendo, un aparato productivo postrado luego de cinco años de severa
contracción, una pesada deuda externa y sin financiamiento internacional, es
poco probable superar la crisis en tan poco tiempo. Pero una población cansada
de tanto esperar puede explotar. Para evitar que un nuevo gobierno pierda
rápidamente la confianza del pueblo, al Gobierno de Coalición le tocaría hacer,
digámoslo de esta forma, el “trabajo sucio” de aplicar las medidas de
ajuste para sanear la economía.
-Pero no podría hacerlo sin
un piso político.
-Allí entra la mediación
internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a
la crisis venezolana al hacer una oferta creíble al oficialismo y oposición de
sustituir las sanciones financieras por incentivos económicos de los que hablé
al principio.
-Y qué aporta el Gobierno de
coalición?
Tendría la misión de
complementar las capacidades y recursos del Poder Ejecutivo y del Poder
Legislativo en función de llevar a cabo las reformas económicas y legislativas
para promover la inversión y reactivar la producción.
-Cuáles serían los puntos a
atacar.
-Concertar, aplicar y apoyar
el Programa de Reformas Económicas, convenir la Agenda de reformas legislativas
para reactivar la producción, garantizar la seguridad jurídica a la inversión
productiva, respetar los derechos de propiedad, socializar y privatizar
empresas públicas que fueron quebradas por la corrupción. En este escenario
oficialismo y oposición compartirán el mérito de los éxitos que logre el
Gobierno de Coalición y ninguno monopolizará estos logros para sacarles
provecho en la confrontación electoral. De esta forma, quien resulte ganador
recibirá una economía saneada y no tendrá que aplicar drásticas medidas que
generen malestar social y desilusión, provocando un acelerado deterioro e,
incluso, la rápida caída del nuevo gobierno. La coalición contribuirá a moderar
el tono de la diatriba política, a fin de crear un ambiente cada vez más
favorable al entendimiento. Esto ayudará a generar una creciente confianza
entre las partes, bajar las tensiones y crear las condiciones adecuadas para el
reencuentro y la reconciliación nacional.
-Insisto… cómo paliar el
impacto de las reformas.
-Para compensar el ajuste de
las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno pudiera destinar uno de los
tantos bonos que con frecuencia aprueba. De hecho, Maduro anunció la asignación
a través del Carnet de la Patria del nuevo Bono Pueblo Independiente,
por un monto de 30 mil bolívares, equivalente a 4 $/mensual. Con toda seguridad
este nuevo bono se financiará con emisiones de dinero inflacionario. Pero un
Gobierno de coalición, para paliar el impacto de las reformas, con los fondos
que se deriven del aumento de la gasolina estaría en condiciones de depositar
una compensación monetaria para que los hogares paguen el aumento de los
servicios públicos, sin tener que afectar sus menguados presupuestos. Esta es
una alternativa que cualquier gobierno está llamado a considerar y evaluar para
evitar que el costo del necesario ajuste de las tarifas de los servicios
públicos lo pague la población más vulnerable. Esto marcaría una nueva etapa en
la administración de los subsidios como instrumento de una política social
compensatoria.
15-07-19
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