Por Oscar Lucien, 07/06/2013
Dos
eventos relevantes relativos a las limitaciones de acceso a las fuentes de
información han sido noticia esta semana.
Vivimos
en carne propia el desplante de Tibisay Lucena, presidenta del CNE, para muchos
ministra de asuntos electorales del gobierno, con el periodista Eugenio
Martínez, apreciado y reconocido periodista, experto en la fuente electoral.
Talante altanero y de ruda manera la rectora Lucena cercenó el derecho de
palabra de Martínez, y lo calificó de “operador político”. Este caso toma mayor
relevancia porque fue visto “en vivo y en directo” en la televisión y tuvo
destacada resonancia en las redes sociales. Fuera del ámbito de la agresión
personal, presumiblemente derivada de la publicación del artículo “El error 0
del CNE” en El
Universal, la actitud de esta funcionaria contra un comunicador
social no es un hecho aislado en la administración pública. También hemos
seguido en noticieros y medios impresos las peripecias de la periodista Maru
Morales, de El
Nacional, ante el TSJ solicitando un amparo para librarse del
veto comunicacional que se ejerce en la AN para la cobertura informativa de los
medios independientes desde la época en que era presidida por Cilia Flores.
Esta ex diputada, convertida hoy por actos de magia electoral en primera combatiente
(sic), clausuró la cobertura directa de los medios de comunicación de las
sesiones plenarias, los obligó a conectarse a la señal de la ANTV y confinó a
los periodistas a un espacio anexo, fuera del recinto de los debates. Desde ese
momento los venezolanos nos enteramos de las discusiones parlamentarias bajo el
sesgado color rojo y poco profesional filtro del canal ANTV.
Es
importante insistir en que no estamos antes hechos insólitos o casos aislados,
sino que las limitaciones que hacen visible estos recientes episodios
constituyen el pan cotidiano del ejercicio del periodismo en Venezuela y tienen
un lugar destacado en lo que llamo “cerco rojo” a la libertad de expresión en
nuestro país.
Gracias
a la “mediatización” de estos casos, los venezolanos han podido tomar
conciencia de una situación grave y delicada como lo es la limitación a las
fuentes de información que, junto con la autocensura, pareciera no tener la
debida visibilidad y resonancia entre los otros graves problemas que restringen
la libertad de expresión y el derecho a la información: violencia física,
censura directa, colocación discrecional de pauta de propaganda oficial, manejo
político de Conatel y Seniat, promoción de autocensura, compra directa de
medios de comunicación que reflejen líneas editoriales y políticas informativas
independientes.
Vale
la pena dejar sentado que no estamos ante un problema exclusivo de los
profesionales del periodismo sino de un grave asunto que concierne a todos los
ciudadanos.
La
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aparte 4, de la OEA,
consagra que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos, y que los Estados están obligados a garantizar
el ejercicio de este derecho. Las únicas limitaciones excepcionales a este
principio deben estar establecidas previamente por la ley en la circunstancia
que exista un real peligro que amenace la seguridad nacional.
La
desidia parlamentaria que abdicó de su función legislativa al habilitar
indefinidamente al difunto ex presidente, y sólo parece tener tiempo para la
aprobación de créditos adicionales para el Gobierno, no ha posibilitado que
Venezuela cuente con una normativa que garantice el acceso a la información
pública, otra de las ostensibles moras del Parlamento venezolano. Sin embargo,
la Constitución sí establece unos derechos que deben obligar al Estado a mayor
flexibilidad y transparencia.
De
acuerdo con el artículo 28, “toda persona tiene derecho de acceder a los datos
que (…) consten en registros oficiales o privados (…) y poder acceder a
documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento
sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto
de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine
la ley”.
En
atención al artículo 143, los ciudadanos tienen derecho de ser informados
oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las
actuaciones en que estén directamente interesados.
Por
fortuna, esta semana la bancada parlamentaria demócrata ha anunciado el
compromiso de garantizar la presencia de medios de comunicación independientes
en la AN. La sociedad civil, y no sólo los gremios profesionales de la
comunicación, debemos acompañarlos en esta importante iniciativa.
Oscar Lucien
@olucien
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